Europa Laica denuncia que quienes imparten religión también estén asumiendo en los centros tareas curriculares que no les corresponden de acuerdo con la legislación vigente
Europa Laica denuncia que las personas que imparten religión en la escuela le cuestan al Estado más de 500 millones de euros
La religión hace perder al alumnado, en toda la enseñanza obligatoria, más de mil horas lectivas, es decir más de un curso escolar completo, tiene un incalculable costo adicional en horas laborales perdidas para la “atención educativa” y el Estado deja de contratar a más de 7.000 interinos, que han aprobado su oposición por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Europa Laica denuncia que el Estado gasta 500 millones de euros cada año en el pago de los salarios y seguros sociales de las personas que imparten religión católica en la escuela. La financiación pública de este personal elegido por la Conferencia Episcopal no ha sufrido merma alguna, en un momento en que los recortes presupuestarios están afectando gravemente a la escuela pública, con el despido de docentes, aumento de ratios de alumnado por aula y eliminación de programas.
Europa Laica recuerda que en España los obispos seleccionan y nombran a las personas que imparten religión católica y, sin embargo, es el Estado quien paga su nómina y seguros sociales. Lo mismo sucede con el resto de confesiones que tienen convenios con el Estado.
Estas personas, designadas por los obispados para impartir religión católica, tienen la misión pastoral de difundir el catecismo y cristianizar los centros, participando en seminarios y departamentos, fomentando actividades extracurriculares de carácter religioso y organizando estrategias para el fomento de la “caridad”, que tan buenos resultados políticos da a las religiones en todo el mundo.
Con esta red de personal la Conferencia Episcopal extiende sus tentáculos de poder sobre los más de 27.033 centros de Enseñanzas de Régimen General no Universitarias (18.590 públicos y 8.443 privados y concertados) que existen en España, y mantiene su capacidad de influencia en un área clave para cualquier sociedad como es la educación de los menores.
Sin embargo, y a pesar de que los fondos públicos para el mantenimiento de este personal religioso no hayan disminuido, sí lo ha hecho el número de estudiantes que se matriculan en religión. Según datos publicados por el Consejo Escolar del Estado, referidos al curso 2009-2010, el 74,3% del alumnado de la pública que estudia Bachillerato y FP, el 57,4% en ESO y el 30,4% en Primaria no está matriculado en la asignatura de religión, un porcentaje que crece año tras año, en sintonía con la secularización de la sociedad española.
Esta asociación considera que la permanencia de la asignatura de religión en la escuela y de quienes la imparten es una anomalía en nuestro sistema democrático, pues una institución privada de carácter religioso interviene en un ámbito que sólo debería corresponder al Estado.
Europa Laica critica que la escuela de titularidad pública se haya convertido en cierta manera en un lugar de adoctrinamiento religioso, donde se acomodan materias, horarios, proyecto educativo y actividades de todo tipo en función de la asignatura de religión.
Competencia desleal y trato privilegiado
Por otro lado, Europa Laica denuncia que quienes imparten religión también estén asumiendo en los centros tareas curriculares que no les corresponden de acuerdo con la legislación vigente, al suplir bajas de docentes e incluso impartir otras asignaturas para completar el horario en el mismo centro u otros. I
Esta asociación advierte de que nos encontramos en la antesala de un nuevo marco legal en el que estas personas podrán ser nombradas directores de los centros públicos, a juzgar por unas prácticas que se están consolidando en los centros y por la propuesta de reforma educativa que el Ministerio de Educación ha presentado.
Europa Laica critica que tanto las Administraciones educativas como algunos sindicatos de la enseñanza estén consintiendo que se otorgue un estatus laboral y un trato privilegiado a unas personas que no han superado unas oposiciones, a diferencia del resto del personal docente, al mantenerles su plaza fija año tras año y al abonarles la nómina los meses del verano (lo que no ocurre con el profesorado interino). Hecho que lleva a que el Estado deja de contratar a más de 7.000 interinos, que han aprobado su oposición, por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Europa Laica sostiene, por último, que la presencia de estas personas en la escuela no se atiene a los principios de igualdad, mérito y capacidad que proclama la Constitución y la normativa internacional para acceder a la función pública, perturba el normal funcionamiento de la organización de los centros y vulnera el principio de laicidad de las instituciones públicas.
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