Ante el fallo de una jueza que el martes había impedido la interrupción del embarazo, el máximo tribunal ratificó su histórica resolución del mes de marzo y exhortó a todos los funcionarios de la justicia del país a que se abstenga
Con la firmeza con la que se había manifestado a principios de este año, la Corte Suprema de Justicia dispuso ayer que se practique el aborto no punible de la joven de 32 años víctima de trata de personas, suspendiendo la ejecución de la cautelar dictada por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada, responsable de interrumpir el procedimiento programado para el pasado martes. La resolución, difundida a las 21:30, hace saber a las autoridades de la Ciudad que, "con carácter urgente", deberán proceder a la práctica, y que no hay decisión judicial que lo impida. Además, de modo enfático, recordó el espíritu de la sentencia dictada por ese tribunal el 13 de marzo de 2012, en la causa F.A.L: "La medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a abortos no punibles", señaló.
La Corte tomó intervención en el caso a raíz de un conflicto de competencias entre las justicias porteña y nacional. El apoderado de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Vida (Pro Familia), Pedro Javier Andereggen, había presentado un recurso de amparo para interrumpir el aborto, ante la jueza Rustan de Estrada, el pasado 6 de octubre, luego de haber recibido un día antes el rechazo del juez Guillermo Scheibler, del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Aún así, el día 9, cuando iba a realizarse la intervención, Rustán de Estrada decretó la suspensión para "el Hospital Ramos Mejía o cualquier otro hospital de la Ciudad". Por esa decisión, la jueza recibió ayer un pedido de juicio político impulsado por un conjunto de legisladores porteños ante el Consejo de la Magistratura, que se suma al presentado este miércoles por la diputada nacional Diana Conti.
El recurso del fundamentalismo religioso estuvo motivado por el anuncio del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en una cena con 200 empresarios y dirigentes políticos, el día 4. Allí, uno de los comensales lo interrogó sobre la ley sancionada por la Legislatura que, siguiendo los lineamientos del histórico fallo de la Corte, no presenta las restricciones de la Resolución 1252/12, del ex ministro de Salud, Jorge Lemus. "Les quiero contar que el próximo martes se hace el primer aborto legal en la Ciudad de Buenos Aires. Es una mujer de 32 años en un caso que pasó por todas las instancias legales", dijo Macri, un día antes de anunciar su veto, según recordaron los ministros de la Corte.
La actitud le valió al líder del PRO una denuncia ante la Cámara del Crimen, presentada este miércoles por 12 legisladores de distintos bloques de la oposición porteña, junto a otras 16 personalidades públicas. Se lo acusó de violar los artículos 157 y 248 del Código Penal, las leyes nacionales de protección de datos personales, y de protección integral contra la violencia de género, y la ley básica de Salud de la Ciudad. En caso de que los jueces consideren que Macri reveló hechos que debían ser secretos, la justicia podría reprimirlo con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años.
El fallo de ayer, que cuenta con las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, recuerda que la decisión del juez Scheibler fue ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña. Los magistrados de ese tribunal habían resuelto este miércoles, por unanimidad, no hacer lugar a la apelación interpuesta por Pro Familia, bajo el argumento de que "resulta improcedente requerir que un juez autorice a hacer aquello que según la ley es lícito". "La decisión depende, entonces, de un juicio médico debidamente fundado en criterios científicos admisibles, sobre la base de las circunstancias objetivas."
Antes de conocerse la resolución de la Corte, la Cámara Nacional en lo Civil había decidido remover de la causa a la jueza Rustan de Estrada y radicar la causa ante el Juzgado N° 56, a cargo del juez Miguel Ricardo Güiraldes. Esa decisión se fundamentó en la "grave irregularidad" del procedimiento: Andereggen había presentado el recurso de amparo sin pasar por mesa de entradas, evitando el sorteo de juzgado y luego de haber realizado "fórum shopping".
El juez Güiraldes, por su parte, resolvió también ayer sobre la causa transferida, haciendo lugar a los recursos de apelación interpuestos por el gobierno de la Ciudad contra el fallo de Rustan de Estrada. Si bien el magistrado reconocía en su escrito que la Corte "aclaró cómo debe en el presente interpretarse esa norma" y "requirió que los juzgados no intervinieran en la hipótesis que una mujer violada quedara embarazada para autorizar el aborto", decidió igualmente elevar el expediente a la Cámara Nacional en lo Civil.
Así como Rustan de Estrada recibió serias denuncias por su accionar en el caso de abuso sexual de Julio César Grassi, el juez Güiraldes tampoco cuenta con un historial transparente. En abril de 2011, a casi un año de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, el magistrado negó a una mujer trans el acceso a la intervención quirúrgica y el acceso a un DNI acorde con el nombre acorde a su identidad autopercibida, bajo el argumento de que "con sólo pensar en ello, digo, cualquiera siente un escalofrío por lo espeluznante que implica el transitar un camino sin retorno hacia la enajenación de sí mismo", porque no es posible contrariar a las leyes naturales y "modificar lo inmodificable".
El legislador Alejandro Bodart (foto) denunció ayer ante la Cámara del Crimen al director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por revelar los datos cuya difusión por parte de Mauricio Macri impidieron la realización del aborto no punible a la mujer que había sido víctima de una red de trata. Bodart argumentó que Mercau incumplió "la ley de salud sobre confidencialidad médico-paciente y el artículo 157 del Código Penal, que prevé penas para el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos", además de que violó "la ley de trata y expuso a la mujer a la posibilidad de una represalia". Bodart también realizó una denuncia contra la Asociación Pro Familia, por amenazas. "En la sala del hospital ingresó un grupo de personas de esta fundación y le hizo un nuevo escrache, luego del que le habían hecho durante el fin de semana en la puerta de su casa", señaló.
Tras la presentación penal contra Mauricio Macri por revelar detalles sobre la interrupción del embarazo de la joven violada cuando se encontraba secuestrada por una red de trata de personas, se realizó ayer por la tarde una manifestación en las puertas de la sede del Ejecutivo porteño, exigiendo la aplicación urgente de la interrupción del embarazo, que finalmente impulsaría el fallo de la Corte Suprema. De la convocatoria realizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito participaron los legisladores Laura García Tuñón, María José Lubertino y Alejandro Bodart, junto a diversas organizaciones del movimiento de mujeres. Además se leyó la presentación ante el Consejo de la Magistratura pidiendo el juicio político a Myriam Rustan de Estrada. Por su parte, el oficialismo porteño suspendió la sesión de hoy en la Legislatura, al parecer, porque no querían debatir sobre el escándalo del martes, ni sobre el veto anunciado por Macri a la ley sancionada por la Legislatura.
