La Conferencia del Episcopado Mexicano está tratando de introducir la educación religiosa en las escuelas públicas
En estos días celebramos 102 años de vida de la UNAM, lo mismo que conmemoramos el centenario luctuoso de Justo Sierra a quién, por su infatigable labor en beneficio de la educación pública y por ser fundador de nuestra Universidad, se le conoce como el Maestro de las Américas.
En este contexto coincidimos con el rector José Narro, en que la herencia más notable de este hombre ejemplar para el pueblo mexicano fue el dotarle de una máxima casa de estudios laica, nacional y con la misión de ser una institución emancipadora y un engranaje para la modernización de México.
Para Justo Sierra no cabía la menor duda de que para formar personas autónomas y poseedoras de un pensamiento crítico, la educación debía mantenerse libre y apartada del dogmatismo y de credos de cualquier signo, así como dedicarse a cultivar el saber científico y a la formación de ciudadanos libres, ilustrados y con los más altos valores humanistas. En su concepción sobre la educación y el desarrollo de la sociedad jugó un papel fundamental su convencimiento del evolucionismo.
Por ello, él y su hermano Santiago, se cuentan entre los primeros mexicanos que aceptaron las ideas de Lamarck y Darwin y las utilizaron para combatir el oscurantismo eclesiástico. Lo anterior viene al caso porque está cerca de entrar en funciones una nueva administración federal y obviamente las presiones de todo tipo han comenzado a aflorar.
Por un lado hay muy oportunos llamados para que, en materia educativa, la próxima administración haga cumplir la ley y alcance los objetivos planteados para mejorar la situación presente. Es el caso de la exigencia de la Academia Mexicana de Ciencias para que se cumpla con la ley de Ciencia y Tecnología que establece que se debe destinar el 1 por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, así como la propuesta que la ANUIES ha hecho al presidente electo para apoyarlo a alcanzar objetivos como el destinar 1.5 por ciento del PIB a educación superior y aumentar a 45 por ciento la cobertura universitaria.
Está la carta Educar para una nueva sociedad que la Conferencia del Episcopado Mexicano presentó estos días. En este caso, sería iluso pasar por alto el que se han redoblado —a partir de las reformas de los artículos 24 y 40 constitucionales— las intenciones del clero por acceder a los medios de comunicación, así como por introducir la educación religiosa en las escuelas públicas y que es por medio de este documento que la CEM ejerce su presión.
La cuestión es que dichos propósitos contravienen la ley e incuban una amenaza al carácter laico de nuestro Estado. Un Estado laico no es antirreligioso, en México se respeta el derecho humano a la libertad religiosa y no está prohibida la educación confesional. Por ello las intenciones del CEM se tornan sospechosas, pareciera más bien que lo que quiere es, al tiempo de imponer su dogma, debilitar la enseñanza científica, el pensamiento crítico y el avance de la emancipación política y mental de las personas. En su documento se lee: “La Iglesia católica está a favor de la educación sexual. Sin embargo… se requiere orientar en el uso recto de la sexualidad. La verdadera educación sexual es educación para el amor fiel y responsable entre un hombre y una mujer.” Es decir, la CEM está a favor nada más que de su propio dogma.
Ojalá y la razón se imponga, se dé respuesta a las propuestas que en verdad buscan mejorar la situación educativa actual, y se eviten regresiones y el empoderamiento de grupos que aspiran a ganar prebendas a costa, incluso, del desarrollo de nuestra nación.
