Todos los actos de las personas tienen consecuencias (positivas o negativas), de las que debemos responsabilizarnos. Si las consecuencias son de naturaleza jurídica (civil o penal), debemos asumirlas. Y ello es también aplicable a los entes jurídicos de todo tipo. Menos si se trata de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Como denuncia Andalucía Laica, la jerarquía católica puede vulnerar derechos fundamentales de una persona y adoptar decisiones ilegales (decidir el despido de una catequista de religión, atentando contra su libertad de conciencia) sin hacerse responsable de las consecuencias. El Estado (o sea, tod@s nosotr@s) deberemos pagar los salarios no abonados a esta persona en los últimos diez años (200.000 €).
Al despropósito de adoctrinar a menores de edad, violentando su libertad de conciencia, se añade que se realiza en la escuela pública y en la concertada (financiadas con dinero público), por personas designadas (no profesor@s) por la jerarquía católica, y contratadas y pagadas por el Estado. El último eslabón de esta aberrante cadena es que cuando son despedidas ilegalmente, la Ic tampoco asume la responsabilidad de su decisión: tenemos que pagar entre tod@s sus desmanes. Como siempre que tratamos con los jerarcas católicos, se reservan la parte ancha del embudo, sólo tienen derechos, y la parte estrecha del embudo siempre es para el Estado: todo son obligaciones. De manera que financiar los centros de ideario católico y a los catequistas, con sus secuelas judiciales, nos cuesta anualmente la friolera de más de 5.000 millones de euros que pagamos ustedes y yo, tengamos las creencias (religiosas o no) que tengamos. ¡Hablamos de medio punto del PIB español! Todo ello, gracias a la existencia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Tampoco se responsabiliza la jerarquía católica de financiar sus parroquias y sus ritos: año tras año el Estado (tod@s nosotr@s) sigue “alimentando” a unas instituciones, las diócesis, que gastan ¡diez veces más de lo que recaudan! y no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello en un país cuya Constitución lo define como aconfesional. Para este fin, entre otros, el BOE asigna este año, 160 millones de euros, en forma de anticipos mensuales del total de unos 250 M€ que finalmente recibirá la Ic. Se da la paradoja de que tan sólo el 11% de estos recursos lo dedican las diócesis a actividad pastoral, cuando ésta debería ser la finalidad principal. En realidad el único objetivo de la Conferencia Episcopal es mantener una extensa y profunda red de sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la más amplia difusión de su particular moral e ideología y, en definitiva, mantener la presión y el control político y moral sobre el mayor número de ciudadan@s posible.
De esta forma, mientras el gobierno del PP congela el salario mínimo, por primera vez desde que se creó, en 641,4 euros, se eliminan los sistemas de rentas mínimas, así como la ayudas a familias y se cercenan las políticas públicas de vivienda y educación, pagamos del Presupuesto público los sueldos de 21.000 curas y obispos y mantenemos con nuestro dinero una estructura de 77.000 religios@s distribuid@s por toda España. El resultado de estas políticas antisociales es 9,5 millones de personas en riesgo de exclusión social o pobreza, un gasto público social de los más bajos de Europa y una ausencia prácticamente total de política sociales. Mientras tanto, la jerarquía católica tan preocupada por los embriones humanos, no sale a la calle a exigir a ningún gobierno, ni se manifiesta a favor de, una vida digna para 10 millones de seres humanos de carne y hueso.
Si a las copiosas subvenciones de fondos públicos que recibe la Iglesia católica, sus asociaciones, congregaciones y empresas, añadimos las exenciones y bonificaciones fiscales (IBI, ICIO,…) de que se benefician todas sus entidades y actividades en los tres niveles, estatales, autonómicos y locales, los fondos que se canalizan desde nuestro bolsillo a esta institución no bajan de 6.000 millones de euros. Este perpetuo paraíso fiscal católico, gracias a los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, contrasta con el recorte del gasto sanitario realizado por el anterior gobierno (PSOE), o con las recientes subidas “populares” del IRPF e IBI, por la que el gobierno prevé ingresar ¡6.000 millones de euros!, o con el tijeretazo de casi 5.000 millones de euros a los Ministerios de Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores (Cooperación).
En conjunto, no se desvían menos de 11.000 millones de euros al año a la Iglesia católica, a sus instituciones y a su conglomerado mediático y empresarial. Eso significa que más del 1% de la riqueza que produce el país en un año se deriva hacia una entidad, cuyos intereses son estrictamente privados y confesionales y, por lo tanto, se detraen de su utilización pública, en función de los intereses generales. Por tanto, la jerarquía católica tampoco se siente responsable de coadyuvar al mantenimiento de los servicios públicos, a través de los impuestos, en nuestro país. Ése no es su problema. Sin embargo, a cambio de este comportamiento incívico y privilegiado, nos ofrecen todo tipo de iniciativas caritativas “desinteresadas”.
Los Acuerdos con la Santa Sede (1979) siguen siendo el origen de ese gran “agujero negro” de privilegios económicos que succionan recursos del Estado Español de manera creciente desde hace más de treinta años y con la colaboración de todos los gobiernos de la democracia. Y digo negro, porque ni la Iglesia católica tiene interés en elaborar el balance económico anual de la corporación católica (incluyendo todas sus actividades, instituciones y empresas) ni el Estado ejerce su obligación de exigirlo o, en su defecto, elaborar dicho balance integrado, cuantificando el monto de subvenciones, exenciones o bonificaciones fiscales recibidas al amparo de dichos Acuerdos.
Agosto de 2012
M. Enrique Ruiz del Rosal
Miembro de Europa Laica y Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
