Bangladesh se niega a ayudar a miles de desplazados de la etnia rohingya, perseguidos en el oeste de Myanmar
Mohamed Hanif sigue intentando reconstruir la noche en la que su vida cambió para siempre. Estaba tranquilamente sentado para cenar con su familia cuando una muchedumbre que empuñaba largos cuchillos y garrotes tachonados de clavos entro de sopetón. En unos minutos, dos miembros de la familia estaban muertos. En unos días, el clan estaba separado, en la indigencia y a la fuga.
“Eran nuestros vecinos”, decía Hanif, de 65 años, sobre los atacantes que mataron a su hijo y a su yerno. “Los despedazaron ante mis ojos; los cortaron a tajos del mismo modo en que se trocea una col con un cuchillo. Corrimos para salvar la vida”. Hanif, su esposa y dos hijas consiguieron llegar al embarcadero en el que sabían que había una barca amarrada. “Mi esposa y mi hija pequeña se separaron y nunca llegaron a la barca”, relata. “Las esperamos. Pero cuando la muchedumbre se acercó, tuvimos que marcharnos. Ha pasado un mes y no he tenido noticias suyas. Puede que estén muertas, o quizás se hayan perdido”.
Historias como esta son habituales en los remotos pueblos de pescadores del sureste de Bangladesh, donde miles de personas de la etnia rohingya, expulsadas de sus hogares en la vecina Myanmar (antigua Birmania), han estado llegando desde que a principios de junio se desató la violencia entre los rajines, predominantemente budistas, y los rohingyas, una minoría musulmana con rasgos sudasiáticos.
La mayoría de los refugiados traen consigo relatos horripilantes sobre asesinatos, incendios y violaciones perpetrados por las multitudes de rajines, con el apoyo directo del Gobierno, según dicen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que 80.000 personas se han visto desplazadas por la violencia en el Estado de Rajine o Arakan, en el oeste de Myanmar. Aunque tanto el Gobierno birmano como el bangladeshí afirman que la violencia ha amainado, los refugiados que huyen afirman que continúan las detenciones en masa y los ataques incendiarios cuyo objetivo es expulsar a los rohingyas.
Las autoridades bangladeshíes se han negado a aceptar a los refugiados y han obligado a retroceder a los barcos cargados de rohingyas. La semana pasada, Dhaka ordenó que tres organizaciones de ayuda humanitaria internacionales que estaban ayudando a los rohingyas con alimentos y medicinas —Médicos sin Fronteras, Acción contra el Hambre y Ayuda Musulmana de Reino Unido— detuviesen sus operaciones inmediatamente, con el argumento de que estaban creando un “factor de atracción” para los refugiados.
Aunque el Gobierno de Bangladesh afirma que la afluencia de refugiados ha parado, los barcos siguen llegando, en su mayoría de noche para evitar que los detengan los guardacostas bangladeshíes o les disparen las tropas de la frontera birmana.
Mohamad Hanif, su hija Salma y su nieta de cinco años Nafisa consiguieron llegar a Teknaf, en el extremo suroriental de Bangladesh tras pasar dos días en una barca abierta. Los guardias fronterizos de Bangladesh frustraron dos de sus intentos de llegar a tierra, pero el tercero, al amparo de la oscuridad, tuvo éxito. Ahora los tres se ocultan en una destartalada cabaña perteneciente a un pescador que se arriesga a que lo detengan por darles refugio. “Me he encontrado con gente de mi pueblo que ha huido aquí”, dice Hanif.
“Todo el pueblo fue reducido a cenizas por los moghs respaldados por los nasaka [las tropas fronterizas birmanas]. El Gobierno dijo que nos protegería, pero eran palabras huecas. Quieren exterminarnos”.
Los rohingyas, que huyen de la policía de Bangladesh y sin ningún medio de vida legítimo, se enfrentan a un futuro sombrío en el lado bangladeshí de la frontera. Pero eso no le ha impedido a Shah Noor, de 23 años, hacer el peligroso viaje a través de la bahía de Bengala hasta Teknaf.
Noor, que ha buscado refugio con un vendedor de pescado bangladeshí, dice que su madre lo envió a Bangladesh a mediados de julio después de que la policía empezase a hacer redadas entre los jóvenes rohingyas. “No quería marcharme pero, cuando la policía llegó, ella se juró a sí misma que no soportaría ver cómo me torturaban”, explica. “Así que me alejé corriendo y me escondí en la maleza. La policía les dijo a todos los hombres que se tumbaran y luego les pateó uno por uno. Mucha gente fue detenida y entregada a las turbas de rajines”.
Los relatos como este son difíciles de verificar, dado que una gran parte del norte del Estado de Arakan es una zona prohibida para los periodistas y los observadores independientes. Pero las afirmaciones de los refugiados encajan con los informes de las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que señalan que las fuerzas de seguridad se han centrado en las zonas habitadas por musulmanes después de los disturbios. Los rohingyas han sido golpeados, violados y asesinados por las fuerzas de seguridad y los budistas rajines, según Amnistía.
Birmania declaró el estado de emergencia el 10 de junio y desplegó sus tropas para sofocar los disturbios. Pero HRW ha acusado al Gobierno de organizar una “respuesta policial brutal y arbitraria”. Brad Adams, director para Asia de esta ONG, ha dicho que la comunidad internacional ha estado “cegada por una narrativa romántica de cambios trascendentales” en Myanmar.
Los rohingyas como Hanif y Shah Noor acusan al Gobierno de fomentar la masacre al instar a los rajines a matar a los rohingyas "kala" (negros), una estrategia abiertamente racista que ha convertido a los vecinos en asesinos.
Señalan que muchas de las víctimas de los disturbios murieron por heridas de bala, a pesar de que los alborotadores iban armados principalmente con machetes y garrotes. “Fue el Gobierno”, dice Shah Noor en voz baja. “Sin el respaldo militar, los moghs nunca se habrían atrevido a atacarnos. El Gobierno quiere echarnos del país”.
El 11 de julio, el presidente birmano, Thein Sein, indicó que el país podría resolver el problema expulsando a todos los rohingyas o haciendo que Naciones Unidas los reubicase, una propuesta que un funcionario de Naciones Unidas rechazó inmediatamente. Birmania considera a los musulmanes rohingyas inmigrantes ilegales de Bangladesh. Los funcionarios bangladeshíes dicen que la realidad geopolítica de la región hace que eso sea improbable.
“¿Por qué iba cualquier bangladeshí a trasladarse de este país, en el que está seguro, a uno donde tiene la seguridad de que lo van a perseguir o matar porque allí no tiene derechos?”, preguntaba un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dhaka.
“Desde la independencia del Gobierno británico en 1947, Bangladesh ha sido más próspero y abierto que Birmania”. El funcionario señalaba que Birmania había firmado acuerdos con Bangladesh para aceptar nuevamente a los refugiados en 1979, 1994 y 2011. “Las listas del censo de varias elecciones celebradas en Birmania en los últimos 50 años, además de los acuerdos firmados con el Gobierno de Bangladesh, demuestran que los rohingyas son ciudadanos de Birmania”, afirmaba.
Mohammad Hanif asegura que Arakan es el único hogar que conoce. “Esperamos que las naciones del mundo nos ayuden a regresar. Queremos que acabe el derramamiento de sangre”.
(c) Guardian News & Media 2012
Traducción de News Clip
El pueblo maldito de Asia
- Los musulmanes rohingya son la etnia sin Estado más numerosa de Asia.
- Son una cuarta parte de los cerca de cuatro millones de habitantes de la región de Rajine o Arakan, en el oeste de Myanmar.
- Aunque llevan siglos viviendo en esa región, el Estado birmano no los reconoce como una más de las 135 “etnias nacionales”.
- Los conflictos entre los rohingya y la mayoritaria comunidad budista son habituales en Rajine. En junio la violencia sectaria causó 78 muertes. Tras los incidentes, las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos, violaciones y detenciones en masa contra la minoría musulmana, según la ONG Human Right Watch.
- Las autoridades birmanas mantienen que los rohingya proceden de Bangladesh. Pero en el país vecino no son bienvenidos y unos 300.000 viven hacinados en campos de refugiados.
- La ONU ha pedido la modificación de una ley de 1982 que les niega su derecho a la ciudadanía y restringe su libertad de movimiento en Rajine.
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