La diputada por la provincia de Puerto Plata, Lidia Pérez, aclaró este jueves que no existe ninguna intención de impedir que líderes religiosos sean perseguidos penalmente cuando cometan delitos, sino que la discusión gira en torno a la constitucionalidad de castigar institucionalmente a comunidades de fe completas por los actos individuales de sus representantes ante los debates surgidos en torno al tratamiento de las iglesias como personas jurídicas en el Proyecto de Código Penal.
“Cualquier pastor, sacerdote o representante de una iglesia que cometa un delito debe ser procesado penalmente y responder ante la justicia, como cualquier otro ciudadano. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos bajo el amparo de lo sagrado para delinquir impunemente”, afirmó la diputada.
Sin embargo, la legisladora advirtió que permitir que iglesias, parroquias o templos puedan ser disueltos como personas jurídicas por el hecho aislado de uno de sus líderes sería violar el principio constitucional que establece que la pena es personal, y que ninguna sanción puede trascender más allá del autor del hecho punible.
“Así como no disolvemos un ministerio del Estado porque un funcionario sea corrupto, sino que se debe perseguir al funcionario por corrupción, no podemos disolver una iglesia porque un líder espiritual incurre en una falta penal. Eso sería injusto, inconstitucional y profundamente peligroso para la libertad religiosa en nuestro país”, agregó.
La diputada reiteró su compromiso con la lucha contra todo tipo de delitos, incluyendo los que puedan ocurrir en entornos religiosos, pero también su defensa firme del derecho a la libertad de cultos y del principio de culpabilidad individual.
“Las iglesias no son estructuras delictivas. Son comunidades de fe, de servicio y de consuelo para millones de dominicanos. Perseguir a sus líderes cuando violan la ley es justicia. Castigar a toda la comunidad por el pecado de uno, es abuso”, concluyó.
