Las universidades públicas denuncian la «estrategia de privatización» de la educación superior emprendida por la Junta

La asociación que agrupa a las instituciones académicas públicas alzan la voz tras la denegación de títulos estratégicos a universidades como la UGR que, sin embargo, sí concede a la privada.

Las Universidades Públicas de Andalucía denuncian la «estrategia de privatización y mercantilización del derecho a la educación superior emprendida por el Gobierno andaluz», cuyo «punto álgido», se está viviendo estos días con la autorización «de hasta 34 títulos» las universidades privadas Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.

Así lo exponen en un duro comunicado en el que advierten de que la autorización de esos títulos privados no es una situación «inocua» para el sistema universitario público, pues «se retroalimenta de forma negativa con la creciente asfixia a la que se está sometiendo» a las instituciones académicas públicas andaluzas «por diferentes vías». 

No es la primera vez que los rectores de las universidades andaluzas advierten de la apuesta del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno por la privatización. Ya advirtieron, cuando la Junta comenzó a autorizar la apertura y funcionamiento de universidades privadas, de la «alfombra roja» que el Gobierno del PP estaba tendiendo a estas instituciones, a las que no exige los mismos criterios que a la pública.

Ahora, en el caso de la autorización de títulos, los hechos son «incontestables» para los rectores de la pública, porque muestran «una clara situación de injusticia» en el trato que reciben las universidades públicas respecto al trato que la Consejería dispensa a las privadas. 

Como ejemplo, la asociación recuerda que en el mapa de titulaciones para 2025-2029, se inadmitieron títulos a las públicas alegando la «baja empleabilidad específica» que sí se autorizaron a la privada. Y menciona también la reciente denegación de títulos a la Universidad de Granada para impartir, con la de Jaén, el grado de Ingeniería Biomédica. Ante ese informe desfavorable, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía expresa su «incredulidad», añadiendo que la misma titulación sí se ha concedido a la Universidad Loyola de Andalucía.

«No deja de ser paradigmático que los primeros egresados y egresadas andaluces en esta disciplina, con una altísima demanda, lo vayan a ser por una universidad privada sin apenas recorrido en Ciencias de la Salud, mientras se le niega esta oportunidad a dos universidades con una amplia trayectoria de excelencia» en Ingeniería Biomédica

«No deja de ser paradigmático que los primeros egresados y egresadas andaluces en esta disciplina, con una altísima demanda, lo vayan a ser por una universidad privada sin apenas recorrido en Ciencias de la Salud, mientras se le niega esta oportunidad a dos universidades con una amplia trayectoria de excelencia en esta materia», advierten los rectores de las universidades públicas. 

La asociación denuncia también la falta de transparencia, pues si con detalle ha informado la Junta de las titulaciones autorizadas y denegadas a las públicas, esa información no está disponible para la privada. «Esa ocultación deliberada de información, tan relevante, no parece justificada», indica.

En el comunicado las universidades públicas andaluzas denuncian el «deficiente» funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica de Andalucía y llaman a la Consejería a resolver los «graves problemas» que arrastran esta agencia y el Distrito Único Andaluz.

Reproducimos, en su integridad, el comunicado de las universidades públicas andaluzas:

Las Universidades Públicas de Andalucía volvemos a manifestar nuestro firme rechazo a la actual estrategia de privatización y mercantilización del derecho a la educación superior emprendida por el Gobierno andaluz, que estos días está viviendo su punto álgido con la próxima autorización de hasta 34 nuevos títulos a las universidades privadas Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.

Esta situación, lejos de ser inocua para el sistema universitario público andaluz, se retroalimenta de forma negativa con la creciente asfixia a la que se está sometiendo a nuestras instituciones por diferentes vías. En relación a los títulos, los hechos son incontestables, y muestran una clara situación de injusticia en el trato que recibimos las universidades públicas respecto al trato que la Consejería dispensa a las universidades privadas.

Ya en la propia elaboración del mapa de titulaciones 2025-2029 se inadmitieron títulos como el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte propuesto por la Universidad de Córdoba, alegando “baja empleabilidad específica”. Si bien este grado sí se incluyó en el nuevo mapa para su impartición por la Universidad CEU Fernando III.

Asimismo, en los últimos días hemos tenido que presenciar con absoluta incredulidad cómo las universidades de Granada y Jaén recibían una verificación desfavorable del Grado en Ingeniería Biomédica, mientras este título sí se le concedía a la Universidad Loyola Andalucía.

No deja de ser paradigmático que los primeros egresados y egresadas andaluces en esta disciplina, con una altísima demanda, lo vayan a ser por una universidad privada sin apenas recorrido en Ciencias de la Salud, mientras se le niega esta oportunidad a dos universidades con una amplia trayectoria de excelencia en esta materia.

Es igualmente llamativo que se haya rechazado un programa de doctorado en Arquitectura que implica a hasta tres universidades públicas, coordinado por la Universidad de Sevilla, al que se sumaban la UGR y la UMA.

Además, toda la sociedad ha podido conocer en tiempo récord los títulos de las universidades públicas que han recibido una verificación favorable por parte de ACCUA, nuestra tasa de éxito, etc. Pero, a la fecha, desconocemos esas mismas cifras en el caso de las universidades privadas. Y esa ocultación deliberada de información, tan relevante para la sociedad, no parece justificada.

En definitiva, cada paso en la dirección actual nos acerca sin dilación hacia un modelo de sociedad donde el sistema universitario, lejos de ser la mejor garantía de la igualdad efectiva de oportunidades, sirva más bien para perpetuar y acrecentar las desigualdades sociales.

Por otra parte, el deficiente funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), carente incluso de dirección, ha llevado a situaciones administrativas injustificables. Como consecuencia de la dilación en la evaluación de la verificación y del proceder de la Consejería, se ha permitido la preinscripción de casi 800 estudiantes en el citado Grado de Ingeniería Biomédica, creando una situación sin precedentes con títulos ofertados que decaen durante la primera adjudicación de la fase ordinaria.

En este sentido, desde las universidades hacemos un llamamiento a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a trabajar de la mano de nuestras instituciones para resolver cuanto antes los graves problemas de funcionamiento que acarrean tanto ACCUA como el Distrito Único Andaluz. Algo que reclaman desde hace mucho tiempo tanto nuestras comunidades universitarias como la sociedad andaluza.