Las seis redes de organizaciones de sobrevivientes de abuso sexual eclesial de América Latina aseveran que ningún estado debería garantizar inviolabilidad del sacramento de la confesión, esto en el marco del borrador de acuerdo entre la Santa Sede y Bolivia.
Las redes y organizaciones de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, coincidieron en que los Estados deben exigir al personal de la iglesia católica presentar antecedentes penales y pericias psicológicas antes de su designación, para evitar abusos sexuales, psicológicos, de poder o conciencia.
Además, enfatizaron en que ningún estado debe reconocer la inviolabilidad de archivos, registros y documentos, en las conferencias episcopales, curias episcopales, curias de los superiores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y a los demás organismos, entidades y dependencias de la iglesia católica; así como tampoco para la infraestructura de estas dependencias, ya que se corre el riesgo de obstrucción a la investigación.
“Los Estados no pueden garantizarle, a la iglesia católica, mecanismos para la impunidad de abuso sexual y, al contrario, deben velar por el interés superior de su población, especialmente infantil y vulnerable, y resguardar sus derechos humanos”, aseguró Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana, en comunicación con la redacción.
Los estados también proponen que al confesor y a la orden religiosa, debe imponerse la obligación de denunciar, ante la justicia ordinaria, los delitos “particularmente los de abuso sexual infantil”.
