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Una constitución laica que garantice la igualdad de todas las religiones frente al Estado, o neutralidad religiosa entendida desde el agnosticismo. Ese podría ser el debate de los asambleístas constituyentes de Santa Fe al momento de redactar la nueva carta magna tal cual lo establece la Ley de Necesidad de Reforma que aprobó la legislatura en sesiones extraordinarias el pasado 6 de diciembre. El dictamen final plantea la modificación del artículo 3 que declara al catolicismo como la religión oficial en la provincia.
“Eliminar la confesionalidad del Estado y reafirmar la separación y distinción del orden real civil y de cualquier orden religioso reconociendo la colaboración entre ambos órdenes con todos los cultos”, señala el texto votado por una mayoría que superó las expectativas del oficialismo. Y aunque el consenso incluyó también a la Iglesia católica, en los últimos días inquietó un comunicado del arzobispado de Santa Fe en el que advierten sobre el dogma laicista.
En el documento firmado por Monseñor Sergio Fenoy y por el obispo auxiliar Matías Vecino, se señala que hay dos errores en esa perspectiva: “El primero, es la intrínseca contradicción habida cuenta de que la neutralidad es ya una postura religiosa conocida como agnosticismo. El segundo tiene que ver con la intolerancia frente a la pluralidad que se pretende salvaguardar”. Además agrega que “hay una voluntad legalmente disimulada de impedir la inspiración cristiana en la cultura nacional”.
Aunque la jerarquía católica reconoce que el actual cuerpo normativo contiene una expresa profesión de fe que es “inadmisible desde todo punto de vista”, reclama un punto intermedio entre lo confesional y lo neutral, y para eso propone la libertad religiosa entendida como la paridad de todos los credos y “la libertad religiosa que reconoce la importancia histórica de la Iglesia católica en la cultura y en la identidad del pueblo santafesino”.
Para Diego Mauro, historiador especializado en temas vinculados al catolicismo, lo que se viene es un debate sobre qué modelo de laicidad se aplicará: “Lo que la Iglesia católica defiende, y lo que el gobierno provincial también va a impulsar por la relación que Pullaro tiene con el mundo evangélico, es la igualdad religiosa en donde no haya una laicidad opuesta a la religión, sino que lo que se va a suprimir es el privilegio de la Iglesia católica, que no aparezca como una institución por sobre el resto”.
En este sentido, explicó que no se trata de la desvinculación del Estado de las actividades religiosas sino que significará poner a todos los cultos en igualdad de condiciones: “Es la laicidad entendida como la pluralidad religiosa de la sociedad y como el reconocimiento de que las religiones tienen cosas para aportar a la sociedad por su trabajo en las cárceles, en las escuelas”.
En cuanto al financiamiento estatal, el investigador recordó que el debate no pasa por el viejo presupuesto de culto, al que la Iglesia católica renunció a principios de este año, sino por el apoyo que reciben los colegios católicos por ejemplo. “Si el Estado termina viabilizando más recursos a una u otra Iglesia, que eso dependa del peso que esa institución tiene en el tejido social y no de un privilegio jurídico constitucional”.
Con relación al debate que esto puede abrir entre los constituyentes, Diego Mauro cree que todos los sectores políticos van a reconocer el trabajo social de la Iglesia, y en todo caso se limitarán a pedir el fin de los privilegios: “Si vos ves los debates de la década del 20, ahí hay argumentos al estilo Dios es un freno a la democracia, o que creer en Dios es una fábula que impide la evolución; había un discurso antirreligioso, ahora no creo que vayan por ahí”, sentenció.
Por su parte, entre los sectores que empujan la modificación del artículo 3 sobresalen las iglesias evangélicas, de aceitado vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro, y de un crecimiento sostenido en los últimos años. “Se torna superfluo argumentar que cuando un Estado confiere jurídicamente un privilegio a un culto determinado, destruye el más sensible sentido de igualdad que debería existir entre todos los credos que se practican dentro de su ámbito”, dijo el pastor y diputado provincial Walter Ghione.
Según información aportada por los referentes evangélicos de la provincia, se estima que en Santa Fe hay 3.500 iglesias evangélicas de las cuales 700 están en la ciudad de Rosario y mueven 200 mil personas cada semana que participan de sus celebraciones religiosas. “Somos el culto que más ha crecido en todo el país y principalmente en nuestra provincia”, respondió el legislador sobre el peso que tiene el evangelismo hoy en el territorio provincial.
De hecho, el propio gobernador les adjudica un rol clave en la pacificación de los barrios históricamente dominados por la violencia narco, así como también en las cárceles de la provincia. Una demostración de esa alianza se manifestó el pasado 18 de noviembre en la Marcha por Jesús, una movilización que congregó a 50 mil personas y tuvo su acto de cierre en el Monumento Nacional a la Bandera con la presencia del propio Pullaro y del intendente Pablo Javkin.
Estado laico
La experiencia de un Estado laico en Santa Fe tuvo su primer capítulo a principios de los años 20 cuando un sector del radicalismo y el Partido Demócrata Progresista (PDP) acordaron una reforma constitucional que establecía la separación de la Iglesia y el Estado. “Era una Constitución bastante avanzada para la época”, aseguró el historiador Diego Mauro. Sin embargo, las tensiones generadas con la jerarquía eclesiástica llevaron al entonces gobernador Enrique Mosca a vetar el texto y reponer la Constitución de 1900 con el catolicismo como religión oficial.
Hacia 1931 con el triunfo de los demoprogresistas, el gobernador Luciano Molinas puso en vigencia la Constitución de 1921 amparado en el argumento de que la restitución de la carta magna provincial era uno de los estandartes del partido. Esto significó, por ejemplo, la eliminación de las horas de religión en las escuelas y la puesta en marcha de una nueva ley de educación que reafirmaba la neutralidad del sistema de enseñanza frente a las religiones. Además, se decretó el fin de las exenciones impositivas a las parroquias.
“Pusieron en marcha la reforma en un contexto muy difícil. El gobierno de Justo a nivel nacional era muy cercano a la Iglesia católica. Fue un período de mucha conflictividad, con la Iglesia muy movilizada y mucho más poderosa que en la década anterior porque contaban con la Acción Católica que tenía mucha presencia en las calles. Ahí el PDP tuvo un frente de tormenta muy importante”, señaló.
La experiencia del Partido Demócrata Progresista finalizó en octubre de 1935 con la intervención decidida por el gobierno nacional, aunque no necesariamente por el conflicto con la Iglesia: “El gobierno se mete en una reforma educativa que también le sale mal y se enfrenta con los gremios docentes, tiene una crisis económica, fue un cóctel de cosas. Y a partir de ahí ya no se vuelve a discutir el tema de la laicidad, ni con la reforma del 49 que fue como una aplicación de la reforma constitucional nacional y tampoco con la de 1962, hasta ahora”, remarcó el historiador.
