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El gobierno del PP ya ha aprobado imponer con su mayoría absoluta unos presupuestos para el próximo año totalmente insuficientes para mantener un mínimo de calidad exigible. Han proyectado una subida del presupuesto de apenas un 0,9%.
El largo invierno neoliberal que desde hace años está intentando imponer el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid (aún) no ha sido completado. Su proyecto político pasa por erosionar hasta hacer desaparecer los servicios públicos al tiempo que incentivan al sector privado hasta límites inverosímiles, como aprobar la creación de “universidades” privadas con todos los informes en contra. A nadie se le escapa que sustituir progresivamente servicios públicos de todas y todos y para todas y todos por empresas privadas es un lucrativo negocio para unos pocos en detrimento de toda la sociedad. El capitalismo de amiguetes de toda la vida.
Estas representantes de las oligarquías puestas al frente de lo público, cuando lo que buscan es destruirlo, llevan décadas planteando su particular guerra a todo lo que sea o huela mínimamente a comunitario. Pero toda guerra encuentra (o debería) sus resistencias. Ahora es uno de esos momentos históricos en los que se vislumbra claramente que la erosión a la que han sometido a todo el sector público, y por extensión la Universidad, se encuentra en un punto de inflexión muy peligroso. Una situación de progresiva degradación que no es coyuntural sino estructural, como atestiguan los paros y huelgas en educación que desde hace meses viene organizando la plataforma “menos lectivas”, las huelgas de las trabajadoras de las unidades de prevención de violencia de género o las movilizaciones por el derecho a una sanidad pública de calidad y la reapertura de centros médicos de familia.
Siendo Madrid la comunidad autónoma con más renta per cápita, es la que menos invierte por estudiante: frente a la media nacional de 6.678 euros, Madrid gasta 4.847 euros, un 28% menos
Volviendo a la Universidad, en los próximos meses se deben sustanciar dos cuestiones centrales para el futuro de las seis Universidades Públicas de Madrid: los presupuestos de la CAM para el año 2025 y la nueva Ley de Enseñanzas Superiores. En primer término, el gobierno del PP ya ha aprobado imponer con su mayoría absoluta unos presupuestos para el próximo año totalmente insuficientes para mantener un mínimo de calidad exigible. Han proyectado una subida del presupuesto de apenas un 0,9% (0,4% si descontamos el dinero destinado a obras) que no alcanza siquiera para cubrir el incremento salarial por el aumento del IPC del último año. Siendo Madrid la comunidad autónoma con más renta per cápita, es la que menos invierte por estudiante: frente a la media nacional de 6.678 euros, Madrid gasta 4.847 euros, un 28% menos, siendo la segunda Comunidad con mayor volumen de estudiantes. En 2025 tendremos el mismo presupuesto que en 2012, uno de los años más duros tras la crisis de 2008.
Aquella era una situación de crisis, como recordaremos, especialmente grave, pero ¿alguien podría explicarnos cómo es posible que en la Comunidad Autónoma más rica de España, del país que más crece anualmente en Europa, se estén aplicando políticas de recortes y ajustes presupuestarios como en los peores años de aquella crisis?
Solo se puede explicar como consecuencia de los tres frentes de guerra que el gobierno regional ha abierto contra los organismos públicos a los que debería proteger y cuidar. Al primer frente de batalla económico presupuestario que pretende asfixiar a la Universidad habría que sumar el frente legislativo. Como decimos, en los próximos meses deben articular la nueva ley de enseñanzas superiores adaptándose a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que aprobó el gobierno estatal en marzo del año pasado. Una ley nacional laxa e insuficiente que no obliga a las comunidades a destinar presupuesto suficiente para sus universidades ni establece mecanismos de control o sanción ante los incumplimientos.
Hasta el momento, el proceso de negociación de la ley autonómica es una burla de mal gusto, un juego de trileros. Solo publicaron un grosero borrador de ocho páginas que apuntaba a otro recorte del presupuesto público, el incremento de la participación privada en la universidad pública y la creación de un nuevo régimen sancionador que penalice la movilización estudiantil. En septiembre expusieron públicamente la memoria del anteproyecto de ley para recoger alegaciones, el documento consta de ¡una página!. Hasta el día de hoy, no se sabe nada más.
En el arte del insulto y la tergiversación, la señora Ayuso y todo su equipo de asesores y políticos sí que tienen un doctorado
La tercera forma de guerra es cultural. Se trata de cuestionar y vilipendiar lo público, crear la imagen en la sociedad de que la Universidad es poco menos que un reducto de vagos y maleantes. En el arte del insulto y la tergiversación, la señora Ayuso y todo su equipo de asesores y políticos sí que tienen un doctorado. Solo la mala fe, la ideologización extrema o la ineptitud pueden atender a la sinrazón de que la persona que debería defender y velar por la universidad pública tenga la desfachatez de decir en el parlamento autonómico que la UCM “otorga títulos como churros” y que está “colonizada por partidos de izquierdas”. Podemos llegar a comprender que piense lo primero, al fin y al cabo ella es licenciada por esta misma universidad, lo que podría ser entendido como un indicador de cierta laxitud, pero más incomprensible e insultante es la segunda afirmación, más si cabe proviniendo de una recientemente nombrada “alumna ilustre” por el actual rector Goyache.
Si el nuevo asalto que están pergeñando sale adelante sin resistencias, supondrá el incremento de la desigualdad en el acceso a la educación universitaria y, por extensión, mayor desigualdad social. Podrían subir las tasas universitarias para obtener los recursos que se les niegan, las notas de corte se verán afectadas y los recursos de todo tipo disponibles para el estudiantado menguarán. Al mismo tiempo, la calidad de la enseñanza y la investigación se resentirán, empeorando las condiciones de trabajo y vida de miles de personas trabajadoras empleadas en las universidades públicas (tanto personal de servicios como docente e investigador). En definitiva, una sociedad menos inclusiva y más injusta, desigual y desinformada. La materialización del modelo social que defiende su neoliberalismo fraticida.
Sabemos qué queréis hacer, pero no lo vais a tener fácil. Ni la comunidad educativa madrileña ni la sociedad civil os lo vamos a permitir sin plantar cara. Frente a vuestra guerra económica, legislativa y cultural, nosotros oponemos la política del encuentro comunitario, plural, en defensa de lo público. Porque nuestro proyecto de Universidad es pública y de calidad, democrática, sin acosos ni privilegios, gratuita e inclusiva, feminista y ecosocial, una Universidad que nos ayude a comprender mejor nuestro mundo para construir sujetos más libres en comunidad, la verdadera libertad y no la que proclaman cínicamente aquellas que solo creen en la libertad del dinero.
