Tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la imputación alcanza a las máximas autoridades locales de la organización durante los últimos 40 años, y abre la puerta a procesos similares en otros países como España
Una estructura que reclutó al menos a 44 mujeres pobres, la mayoría de ellas cuando eran niñas y adolescentes, para ser sometidas a “condiciones de vida equiparables a la servidumbre”. Así define la justicia federal argentina el accionar desplegado por la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei en ese país durante más de cuatro décadas, entre 1972 y 2015, en una acusación por trata de personas dirigida a seis religiosos de máxima jerarquía de la organización. Nunca antes han sido citados los responsables de una región del Opus Dei a indagatoria por delitos tan graves.
La investigación se inició en septiembre de 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX). En junio de 2023, ese organismo especializado elevó una denuncia a la justicia federal que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, y que ahora conduce al pedido conjunto de citación a indagatoria de cinco imputados: los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario que dirigió durante casi todas estas décadas la rama femenina de la organización, Gabriel Dondo.
Hay un quinto ex vicario regional, Mariano Fazio, que no figura en la acusación, pero al que la querella solicitó que también se le incluya, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014. En la actualidad, Fazio forma parte del gobierno mundial del Opus Dei y vive en Roma. Algunos han aventurado que sería un posible candidato a suceder a la máxima autoridad de la organización, el Prelado. También está fuera del país Urrestarazu, el último de los exvicarios acusados, al que removieron de su cargo cuando estalló el escándalo por la denuncia de las exauxiliares ante el Vaticano, en 2021. Desde entonces está en Paraguay.
La investigación entregada al juez Daniel Rafecas, que es quien cursa los pedidos de indagatorias, habla de 44 casos de explotación, pero evalúa que solo cuatro podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata, que entró en vigor en mayo de 2008, porque la gran mayoría de las denunciantes salió de la organización antes de esa fecha. De los cuatro casos que toman la Fiscalía y PROTEX para acusar al Opus Dei, hay tres cuya prescripción podría estar en juego, porque están en el límite o superan los 12 años desde que ocurrieron los hechos denunciados, que es el tiempo que establece la ley. De esta manera, sólo quedaría una mujer. Se trata de M.I.E.
El caso de M.I.E., 31 años sometida al Opus Dei
M.I.E. “conoció” el Opus Dei en un ómnibus. Tenía 17 años, era 1984 y viajaba con una hermana mayor desde su Bolivia natal hacia Buenos Aires. En la capital argentina estaba una tía esperándolas y la oportunidad de estudiar. Ninguna de las dos había hecho más que la escuela primaria y su deseo era poder cursar allí la secundaria. Eso fue lo que le contaron a la mujer que se les acercó durante el viaje y enseguida les dijo que ella conocía un lugar al que podían ir a vivir y estudiar. Lo mismo le dijeron a la tía de las adolescentes cuando las acompañó a conocer el lugar, una casona en el barrio de Belgrano llamada “Los Aleros”. Y con esa promesa ingresaron, pero nunca ocurrió.
En cambio, las pusieron a trabajar en tareas domésticas mientras las obligaban a asistir a misa, confesarse y conversar con directoras. Ellas insistían en que querían “estudiar, estudiar y estudiar”, contó M.I.E. en su declaración. El primer intento de irse fue al año de estar allí. Lograron salir, pero volvieron a buscarlas y las llevaron a otra residencia, llamada “La Ciudadela”, en el barrio porteño de Recoleta. Otra vez pasó lo mismo, mientras se intensificó la persecución espiritual: les decían que tenían vocación de ser numerarias auxiliares –la categoría más baja de la organización, que es la del servicio doméstico–, que dios las quería para la Obra. Ellas decían que no, pero su voluntad no servía de argumento. Al tiempo, las dos terminaron asumiendo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. De allí las mandaron a Laya, una residencia pegada a la sede central del Opus Dei en la Argentina, donde vive la jerarquía religiosa y de miembros laicos de la organización.
Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei
En los siguientes años, las hermanas siguieron caminos distintos. A cada una la fueron moviendo por distintas residencias del país. Las dos volvieron a intentar irse en varias ocasiones, pero las volvían a buscar una y otra vez. En una oportunidad, M.I.E. fue autorizada a visitar a su familia en Bolivia, y una vez allí decidió quedarse y no regresar. Pero fueron a buscarla hasta ese país. En 1993 la llevaron a Roma, donde sirvió a la jerarquía internacional de la Prelatura bajo las mismas condiciones de precariedad, sin pago ni seguro médico, sin comunicación con su familia. Volvió en 2000, ya intentando sobrellevar una gran crisis de salud mental. Para el año siguiente, su hermana logró irse definitivamente, pero ella no. No lo consiguió hasta 2015, cuando tenía ya 47 años y una década de depresión que el Opus Dei atendió con una psiquiatra propia y con una montaña de pastillas.
El caso de M.I.E. podría ser el primero en el mundo que reúna las condiciones para que el Opus Dei tenga que enfrentar a la justicia de un país acusado por trata de personas para servidumbre. Con esa historia se podría avanzar en la investigación de lo que decenas de mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia denunciaron en 2021, primero en la prensa argentina y después en una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que aún no tuvo respuesta.
El ‘modus operandi’
PROTEX y la Fiscalía describen la existencia de un sistema de captación engañoso, planificado y deliberado, dirigido a proveer a los miembros varones de un servicio doméstico equiparable al de una servidumbre, ya que no contemplaba ningún pago por la tarea ni derechos laborales básicos. El modus operandi del Opus Dei para someter a las mujeres, según la acusación, consistía en un plan de varias etapas: captación de niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años mediante una selección engañosa, que “consistía en presentar una propuesta falsa relacionada con la posibilidad de continuar y completar sus estudios primarios y secundarios, así como recibir formación profesional para obtener oportunidades laborales, todo ello en un contexto de enseñanza religiosa”.
Además de la dinámica de ingreso al Opus Dei, la investigación enumera y describe la situación de las víctimas dentro de los “centros” de la organización, las prácticas de manipulación psicológica, el sistema de creencias, el “control disciplinario mediante elementos de castigo” y una serie de “normas de vida” que debían llevar las mujeres y que implicaban un sistema de charlas, confesiones y oraciones, además de la obligación de la castidad, el aislamiento de los vínculos familiares, la restricción de sus comunicaciones y cualquier contacto con el mundo exterior, el control psicológico y condicionamiento conductual, como también el control de la salud física y mental mediante visitas médicas supervisadas y suministro de pastillas psiquiátricas. Por todo eso pasaron las 44 mujeres incluidas en la denuncia. Todo eso se pudo probar en los cuatro casos analizados. Todo eso se pudo probar en el caso de M.I.E.
Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei en Buenos Aires y otras provincias y pudieron certificar que hay mujeres allí que aún cumplen el rol de auxiliares. Además, la justicia trabajó con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además, se han tomado en cuenta los datos contenidos en una serie de artículos periodísticos publicados por la autora que firma esta información, que también brindó declaración testimonial en la causa, que se suman a documentos internos de la organización aportados por el abogado de las denunciantes y al relato de familiares de las víctimas y de varias exnumerarias del Opus Dei –mujeres miembro de mayor jerarquía– que conocieron y convivieron con la mayoría de ellas.
Escuelas de mucamas, en más de 50 países
Desde que explotó en los medios de comunicación la denuncia de 43 mujeres en la Argentina, la organización negó una y otra vez las acusaciones e intentó reducir a “malas experiencias” lo vivido por las denunciantes. Incluso, el Opus Dei puso en línea un sitio web en el que cuenta la historia del Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), la llamada “escuela de mucamas” por la que –según la información oficial– pasaron más de 1.000 adolescentes entre 1972 y 2017 y de donde salió la mayor parte de ese ejército de mujeres sirvientas.
“El Opus Dei hizo esto en forma sistemática en los países en los que está presente. Esta es sólo la primera de las muchas denuncias que empiezan a gestarse en el mundo”, dijo a eldiario.es una fuente allegada a la investigación. A partir de la denuncia pionera de Argentina, ya se inició una demanda en Irlanda y se esperan denuncias en distintos países de Europa y América Latina.
En 2023 se conoció por primera vez la historia de una exauxiliar en España, en el podcast Un tema al día de elDiario.es. La realidad de las mujeres esclavizadas como servidumbre en el país puede ser refrendada por Agustina López de los Mozos, periodista, exnumeraria y creadora de OpusLibros.org, donde desde hace más de dos décadas reúne testimonios de exmiembros de la Obra de todo el mundo.
