Constata una «persistente represión» y detenciones «arbitrarias»
12 sacerdotes y al menos dos colaboradoras de la Iglesia católica fueron detenidas, la mayoría vinculadas con las Diócesis de Matagalpa o de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y que dirige desde el exilio el obispo excarcelado y desnacionalizado Rolando Álvarez
En total, desde 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido excarcelados y expulsados al Estado Vaticano o a los Estados Unidos
El ente internacional observó que la represión y persecución se ha extendido a religiones protestantes y evangélicas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su preocupación por la «persistente represión» en Nicaragua, caracterizada, según denunció, por la «persecución religiosa», la continuación de detenciones «arbitrarias» y las «graves» condiciones en la que permanecen quienes están en prisión.
Ante esa situación, la CIDH instó al Estado de Nicaragua «a cesar la represión y a la liberación inmediata de las personas detenidas en este contexto».
En su declaración, la CIDH afirmó que entre el 1 y el 10 de agosto pasado, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), recibieron información sobre el despliegue de operativos y allanamientos realizados por la Policía Nacional en distintas casas curiales y propiedades de la Iglesia católica nicaragüense.
Como resultado de esos operativos, 12 sacerdotes y al menos dos colaboradoras de la Iglesia católica fueron detenidas, la mayoría vinculadas con las Diócesis de Matagalpa o de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y que dirige desde el exilio el obispo excarcelado y desnacionalizado Rolando Álvarez.
Más de 200 religiosos han sido desterrados
Ese organismo precisó que el pasado 8 de agosto, siete de esos sacerdotes fueron expulsados de NicaraGua y trasladados hacia el Vaticano después de permanecer varios días detenidos en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
Recordó que en su informe Cierre del espacio cívico en Nicaragua, publicado en 2023, la CIDH constató que la persecución religiosa se intensificó con la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso; la prohibición de actos religiosos y la celebración de misas; así como por el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y universidades vinculadas a congregaciones católicas.
«Desde octubre de 2023, más de 200 personas religiosas han sido desterradas, expulsadas o les fue negado el ingreso al país», advirtió.
En total, desde 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido excarcelados y expulsados al Estado Vaticano o a los Estados Unidos, agregó.
Según la CIDH, actualmente otros laicos vinculados con la Iglesia católica permanecen en prisión, entre ellos los colaboradores de Cáritas Estelí.
En su informe sobre Libertad de Religión y Creencia, la CIDH advirtió que ese tipo de acciones forman parte de un contexto sistemático de represalias en contra de la Iglesia católica, debido a su rol de mediación en el diálogo nacional de 2018 y a su función de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el país.
También con protestantes y evangélicos
Asimismo, ese ente autónomo de la OEA, observó que la represión y persecución se ha extendido a religiones protestantes y evangélicas.
En 2024, según registros del MESENI, el Estado ha cancelado la personería jurídica de más de 60 iglesias o asociaciones evangélicas.
Además, en abrIl pasado, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de diez personas de la iglesia evangélica ministerio «Puerta de la Montaña», que se encuentran privadas de la libertad bajo graves condiciones de detención.
Ese organismo también abogó por la liberación de los al menos 141 opositores o críticos con el Gobierno de Daniel Ortega que se encuentran privados «arbitrariamente de la libertad, la mayoría en condiciones de insalubridad, denuncias de malos tratos, falta de acceso a agua potable, alimentación inadecuada y ausencia de atención médica».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
