La cúpula de la iglesia católica tiene una larga historia de oposición a derechos elementales de las mujeres y la diversidad. Un repaso breve por las principales leyes.
La cúpula de la iglesia católica tiene una larga historia de oposición a los derechos elementales de las mujeres y la diversidad en Argentina. Desde su cuenta de Instagram, lo recordó este viernes el diputado Nicolás del Caño (PTS/Frente de Izquierda), que en una publicación repasó parte de esa nutrida historia y denunció que “el gobierno aplica un ajuste brutal que golpea sobre todo a las mujeres y la diversidad sexual mientras desmantelan programas para víctimas de redes de trata, desfinancian la educación pública y vociferan contra la ESI por ser ‘ideología de género’.
Como sostuvo Del Caño, autor junto a Myriam Bregman de diversos proyectos que apuntan a la separación de la iglesia y el Estado, “no podemos permitir que la jerarquía religiosa siga teniendo el poder de interferir en los contenidos educativos. Es la misma institución que mantiene silencio y sostiene la impunidad ante numerosos casos de abusos que han sido denunciados”.
Aquí, un racconto breve y parcial de esa larga historia, plagada de la injerencia de esta milenaria institución en el Estado, bajo todos los gobiernos. Porque, también hay que decirlo, sólo el Frente de Izquierda Unidad plantea la necesidad de terminar con las ataduras que por múltiples vías mantienen las iglesias y el Estado.
Un repaso por las principales leyes a las que se opuso la Iglesia en Argentina
En 1884 la jerarquía de la Iglesia se opuso a la sanción de la Ley 1420, de educación primaria pública, obligatoria, laica y gratuita. En cambio, bregó por establecer la instrucción religiosa en las escuelas públicas en el horario de clase, y no fuera de éste como establecía la ley. Luego en 1946, la jerarquía católica prohibirá a sus fieles votar por partidos que incluyeran en sus programas la enseñanza laica.
En 1888 se buscó modificar el Código Civil de Vélez Sarfield, que decía que en la familia el varón era “el jefe indiscutido” y sin su permiso la mujer no podía ejercer públicamente ninguna profesión “o comprar al contado o al fiado objetos destinados al consumo ordinario de la familia”, como recuerda la socióloga Susana Torrado, autora de Historia de la familia en la Argentina moderna.
Instaurar el matrimonio civil, terminar con la obligatoriedad del matrimonio por Iglesia, no fue algo que cayera bien entre los curas y obispos. La ley que promovió ese derecho, orientada a alentar la llegada de inmigrantes al país (que en muchos casos profesaban otras religiones) fue considerada por el clero como un atentado al orden natural, “el fin” de la institución de la familia, que traería “resultados funestos” para todo el país.
También pasó con el voto femenino, que se aprobó en 1947, con el número de ley 13.010, que los “antiderechos” de entonces rechazaban diciendo que ponía en riesgo “la jerarquía familiar”, que las mujeres no tenían la “preparación” necesaria como para elegir un representante, o que no podían hacerlo por no ser “el pilar de la sociedad”.
Se repitió en 1985 con la ley N° 23.264, de Patria potestad compartida, que recién en ese año (luego del veto de María Estela Martínez de Perón a una ley similar, de 1974) reconoció que varones y mujeres podían tener los mismos derechos sobre el cuidado de los hijos. La cúpula de la Iglesia católica se opuso diciendo que con esa medida “se alteraba un orden natural que dependía de Dios” y se cometía la “aberración” de equiparar los derechos de los hijos e hijas nacidas dentro del matrimonio, y los nacidos fuera.
En 1987, con la ley 23.515 de divorcio vincular, la jerarquía de la Iglesia dijo que se trató de la «espada de Damocles sobre matrimonios felices» y durante los 10 meses que duró el debate, organizó una campaña “en defensa de la familia”, a la que consideraban “garantía y esperanza de la patria”.
En 2006, la sanción de la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI) también recibió la crítica de las jerarquías eclesiales, que como tantas otras veces metieron sus narices (y lapiceras) en el texto que se aprobó finalmente en el Congreso. La concepción de la sexualidad como sinónimo de reproducción, contraria a la “promiscuidad” del disfrute, volvió al centro del planteo y la injerencia del clero en el debate se expresó entre otras cosas en el artículo 5 de esa ley, que permite a cada establecimiento educativo adaptar las propuestas de la ESI “a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
Junto con eso, la eliminación en 2014 de la Ley 1420, de Educación común, gratuita y obligatoria, promovió una injerencia de la curia aún mayor de la que ya tenía. Es que, con la eliminación en los hechos de esa ley, ya no hay ninguna norma que disponga el carácter «laico» de la educación pública argentina, como sí lo hacía el artículo 8 de ese texto que dejó de tener vigencia bajo el gobierno de Cristina Fernández.
El artículo 5 de la ESI, que acordaron desde el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner junto a las jerarquías de las iglesias y a las conducciones de varios sindicatos y centrales docentes, volvió a estar en debate tras el rechazo de la legalización del aborto en 2018. Aunque la “falta de educación sexual” fue un argumento central para la negativa a la ley de Interrupción Voluntaria de los Embarazos que se debatió ese año, cuando llegó la hora del dictamen de las comisiones, desde el entonces oficialista Frente de Todos y la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio, Consenso Federal y otros bloques hoy aliados al gobierno de Javier Milei, también se pusieron de acuerdo para impedir que la ESI sea verdaderamente laica y científica. Solo el Frente de Izquierda denunció esta situación.
En 2010, cuando se aprobó la ley de Matrimonio Igualitario, la jerarquía clerical también puso el grito en el cielo, como en 1888. El texto de esa ley, que reconoció a las personas LGTTB algo tan básico como tener los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, incluida la adopción, llevó a lemas tan creativos como el de “Familia hay una sola” o “Los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá”, que impulsaron sacerdotes, obispos y directivos de colegios y hospitales ligados a grupos antiderechos, contando con el apoyo de gobernadores, senadores, diputados y políticos peronistas, radicales y de otros bloques vinculados a los partidos tradicionales.
En esa oportunidad, la Conferencia Episcopal Argentina, entonces a cargo del Papa Bergoglio, habló de «guerra de Dios» y llamó a “reconocer la realidad natural“ del matrimonio entre un varón y una mujer. “El Estado actuaría erróneamente y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina”, dijeron en una carta los obispos que integran la Conferencia Episcopal.
En 2018, la jerarquía católica volvió a oponerse a la legalización del aborto. Contó con aliados en todos los partidos tradicionales que integran el Congreso, comenzando por el entonces oficialista Juntos por el Cambio y el peronismo que -en sus distintas variantes- en ese momento era opositor, para lograr que la ley de la marea verde no se aprobara.
En 2020, la cúpula clerical logró imponer que el debate parta de más atrás. Expresión de ello es que el proyecto que envió en noviembre de ese año el entonces gobierno nacional haya hecho propia la figura de la objeción de conciencia en los establecimientos de salud, la penalización de la persona que aborta después de la semana 14, una extensión en los plazos para acceder a la ILE y otros límites impuestos al reclamo que miles instalaron en las calles. Sólo el Frente de Izquierda Unidad rechazó de manera unánime esa injerencia de las cúpulas de las Iglesias en el debate que se abrió y exigió que se avance en la separación inmediata de las Iglesias del Estado.
La conquista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ese año, que se logró por la masividad que tuvo el reclamo en las calles, superando la enorme oposición de todos estos sectores que hicieron causa común, mostró que a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual nunca los “salvó” la confianza en esas alianzas, entre los partidos tradicionales, las iglesias, las instituciones del Estado, sino la fuerza organizada desde abajo, la confianza en la propia legitimidad del reclamo, la certeza de que nadie nos regalará ningún derecho y la experiencia de que incluso por oportunismo electoral, muchos “verdes” y “celestes” no dudan luego en abrazarse por un cargo.
No hay motivo alguno que explique porqué tenemos que seguir sosteniendo el poder del oscurantismo clerical, que teje alianzas con los partidos tradicionales, ya sean libertarios, cabiemitas, radicales o peronistas. Separar las iglesias del Estado, terminar con la injerencia de esta institución sobre las políticas públicas, sigue siendo un paso elemental, urgente y necesario.
