La pasada semana, nueve víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia española, en representación de alrededor de medio centenar de afectados, presentaron una denuncia contra la Conferencia Episcopal (CEE), y contra el bufete Cremades & Calvo-Sotelo por revelación de secretos, encubrimiento y deslealtad profesional. ¿La razón? La filtración de datos personales de varias víctimas durante el caos que se produjo en diciembre entre la entrega de la famosa auditoría encargada por los obispos al bufete y la decisión de la CEE de no hacerla pública, emitiendo en su lugar dos notas de prensa con un informe, Para dar luz, que se ha demostrado repleto de fallos y con fugas en la privacidad de los supervivientes de la pederastia eclesial.
Autoridades públicas en actos religiosos
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