"Hay muchos púlpitos, pero también muchas organizaciones de mujeres", dicen las promotoras de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Con el objetivo de oponerse a la reforma para limitar el aborto que quiere acometer el Gobierno, han presentado esta mañana con el manifiesto "Decidir nos hace libres". La plataforma, organizada en torno a una página web, está integrada por 135 organizaciones sobre todo de mujeres (incluidas las ramas dedicadas a ellas en los sindicatos CCOO y UGT) y del ámbito sanitario, en especial centros de planificación familiar y de interrupción del embarazo. También figuran otras entidades como la asociación de juristas Themis o la de derechos de los homosexuales Cogam. Además de la restricción a lo que ahora es un derecho en las primeras 14 semanas, las organizaciones temen también que el Gobierno deje sin financiación pública la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo, empezando por las de las inmigrantes en situación irregular.
Los temores de las entidades se han redoblado tras las declaraciones de la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, quien a comienzos de mayo dejó la puerta abierta a que solo se costearan los abortos por criterio médico en un futuro inmediato. Así, quedarían fuera la inmensa mayoría de estas intervenciones, solicitadas por las mujeres sin tener que aducir razones desde 2010. Ahora el aborto figura en la cartera de prestaciones públicas en toda España.
Las organizaciones temen un retroceso, de forma que el aborto deje de ser un derecho para volver a convertirse en un acto despenalizado en algunos supuestos que debe avalar el médico o la denuncia (violación), como marcaba la norma de 1985. Y por el momento ya denuncian la "merma" en los derechos, porque entienden como tal la renuencia o la morosidad de algunas comunidades a financiar esta prestación (algunas han contraído una gran deuda con las clínicas). Además, temen que la pérdida del derecho a la sanidad gratuita por parte de los extranjeros en situación irregular a partir del 31 de agosto deje a las mujeres de ese colectivo sin la posibilidad de obtener un aborto gratuito a finales de este verano.
La plataforma, que quiere iniciar una ronda con los partidos políticos en busca de apoyo, está dispuesta a movilizarse "activamente" para evitar un retroceso en los derechos ligados a la salud sexual y reproductiva. "El Gobierno debe comprender que no puede vulnerar nuestros derechos", señaló una de las portavoces, la jurista Susana Martín. "Hay muchos púlpitos en toda España, pero también muchas organizaciones de mujeres", añadió.
Otra portavoz, Isabel Pérez Serrano, aseguró que "nadie aplica" la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que convirtió el aborto en un derecho y puso el acento también en el acceso a los anticonceptivos y la planificación familiar. Denunció que la estrategia aprobada al respecto está "parada". A su juicio, solo los motivos ideológicos justificarían una vuelta atrás. Esta representante teme que ello conllevaría que las mujeres con menos recursos se vería obligadas a recurrir a abortos más hechos.
En cuanto al papel relevante del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, frente a la de Sanidad, Ana Mato, en la reforma del aborto, Pérez Serrano asegura que el primero le mueve "el afán de liderazgo a nivel público" y que ello contrasta con su práctica como alcalde de Madrid, cuando dio facilidades a la contracepción. En cuanto a Mato, actúa "por omision". "No se ha caracterizado por tener en cuenta los avances en igualdad"
