La Comisión Primera del Senado no discutió la iniciativa, que termina archivada por falta de tiempo y de apoyos
El Congreso de Colombia ha dejado hundir este miércoles, por segunda vez consecutiva, un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual para la comunidad LGBTIQ+. Esta decisión significa una negativa a garantizar los derechos para esta población y, al tiempo, confirma el superpoder político de las iglesias cristianas y los partidos conservadores, principales opositores de la iniciativa.
El proyecto, que había pasado con éxito los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pretendía impedir que en el país se sigan usando de forma legal distintos tipos de violencia física o psicológica para tratar de cambiar, corregir o reprimir la orientación sexual o la identidad de género a cualquier persona. Para ello, proponía sanciones administrativas y penales a quienes hicieran o promovieran este tipo de conductas, vistas por la ONU como una forma de tortura.
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“Nunca el Congreso de Colombia ha expedido una ley cuya población objetivo principal sea la comunidad LGBTIQ+. Todos los derechos los hemos ganado gracias a la Corte Constitucional, no gracias al Congreso que siempre ha evadido esos debates”, dice por teléfono Carolina Giraldo, representante a la Cámara del partido Verde y ponente del proyecto. Giraldo lamenta que la Comisión Primera del Senado ni siquiera haya discutido la iniciativa, que debía ser aprobada este miércoles para que pudiera seguir su curso y ser avalada por la plenaria antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo.
Los senadores que no estaban de acuerdo con el proyecto lograron modificar el orden del día para evitar que se debatiera, por lo que terminó archivado por falta de apoyos y de tiempos. Otra de las ponentes, la senadora del Pacto Histórico Clara López, lamentó el archivo. “Hay un grave retroceso, fue vetada la discusión. No podemos ir para atrás. Las convicciones religiosas individuales de los congresistas están primando por encima de lo que ordena la Constitución. Eso afecta a la población LGBTIQ+. Muchos no la quieren ver existir, pero existe y no vale menos”, dijo al comprobar que el proyecto se hundía. La también excandidata presidencial insiste en los riesgos para la democracia de no prohibir estas prácticas, que en Colombia han incluido electrochoques y ahogamientos: “Parece que las minorías y las mujeres valemos menos en esta sociedad patriarcal. Manipularon el reglamento para evitar que se discutiera. Me temo que este sea el regreso al oscurantismo, a la persecución y a la falta de respeto por la dignidad de las personas”.
En la otra orilla está la senadora María Fernanda Cabal, del derechista Centro Democrático, quien fue una de las que más se opuso al proyecto. “He presentado ponencia negativa contra el proyecto de ley “inconvertibles” que atenta contra la autonomía familiar impidiendo a los padres orientar a sus hijos, pasando por encima de la patria potestad y generando duplicidad normativa que erosiona la estabilidad jurídica”, escribió en su cuenta de X. Además de ella, el senador verde Jota Pe Hernández y varios senadores del Partido Conservador expresaron su rechazo a la prohibición. Uno de los senadores del Partido Conservador, Óscar Giraldo, recoge su caudal electoral de la organización ultracatólica Lazos de amor mariano, a la que pertenece y que ha practicado las supuestas terapias de conversión. El youtuber Hernández es hijo de pastores de iglesias cristianas, y parte de sus bases políticas vienen del movimiento de la fallecida diputada santandereana Ángela Hernández, recordada por sus posiciones ultraconservadoras y en contra de la población LGBTIQ+.
La representante Giraldo explica que los opositores del proyecto han incluido mentiras entre sus argumentos. “El movimiento internacional ‘Con mis hijos no te metas’ lideró la campaña para hundir la iniciativa”, dice Giraldo. “Lograron convencer a miles de personas para que firmaran en contra diciendo que el proyecto iba a volver a los niños homosexuales y transexuales. A mucha gente la engañaron con cosas que no tienen nada que ver con el proyecto”. Coincide con la senadora López en que enfrentan a un sector fanático y muy organizado. “Es en estas iglesias donde se hacen estas terapias y las quieren seguir haciendo”, dice Giraldo. Y concluye: “La homosexualidad salió desde hace años de la lista de enfermedades. No puede haber tratamientos porque no hay nada que curar”.
El hundimiento del proyecto ha caído como un balde de agua fría en el sector de la sociedad civil que lo promovió. En los últimos años, se consolidó una amplia plataforma con organizaciones LGBTIQ+ —el Grupo Acción y Apoyo Trans (GAAT), Allout, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, entre otros— y otras aliadas, como Profamilia, que se dedica a derechos sexuales y reproductivos. Desde la sociedad civil, buscaron visibilizar los testimonios de víctimas de las terapias de conversión y contrarrestar las campañas de las organizaciones opositoras, especialmente las que decían que el proyecto buscaba perseguir a las iglesias o convertir heterosexuales en homosexuales.
El proyecto más completo
Danne Aro Belmont, directora ejecutiva de GAAT, cuenta que este proyecto se había nutrido de las observaciones de quienes se oponían. “Me siento orgullosa de que recogimos mucho de eso y quedó muy completo”, comenta por teléfono. Se había incluido, por ejemplo, un artículo que explicitaba que no se podía usar la ley para “prohibir o sancionar mensajes, consejerías, orientaciones o guías espirituales y religiosas que se practiquen sin usar medios violentos”. Sin embargo, valora que en el proceso se pudo visibilizar el impacto de prácticas que eran tabú hasta hace unos años, cuando ella misma las sufrió. “Es el primer proyecto de ley que llega tan lejos en garantías de derechos LGBT”, destaca.
En el medio, ha quedado el rol del Congreso en la defensa de los derechos de la población LGBT. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, remarca en una conversación telefónica que esto le recuerda a cuando a comienzos de los 2000 también fracasaron en sus intentos de pasar una ley de matrimonio igualitario. Este derecho finalmente se logró, en 2016, pero gracias a un fallo de la Corte Constitucional. “El Congreso de la República no ha entendido el deber ético que tiene de legislar para garantizar los derechos de la población LGBT”, lamenta Castañeda. Algo similar opina Nicolás Giraldo, coordinador de Cambio Político de Profamilia: “Lo que hoy tiene Colombia ganado es gracias a la Corte Constitucional. El Congreso siempre ha sido un paro en la rueda”.
Aunque los contradictores tienen razón en que la tortura ya está penalizada en Colombia, la idea del proyecto de ley era tipificar las especificidades de la violencia que sufre la población LGBT por su orientación sexual o su identidad de género. Belmont explica que se precisa de una herramienta más contundente para poder denunciar estos casos en las estaciones de Policía, que ni siquiera llevan registros de los casos de presuntas terapias de conversión.
No obstante, tampoco debe interpretarse que las víctimas están desprotegidas ante el hundimiento. Manuel Páez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado, señala por teléfono que varios fallos de la Corte Constitucional prohíben estas terapias y establecen que principios como la libertad de religión “no autorizan a torturar o discriminar gente”. “Hubiera sido maravilloso que saliera la ley, en especial porque nuestra cultura legal le da más fuerza y claridad a lo que sale del Congreso. Pero no es que ahora se pueda seguir sometiendo a la gente a barbaridades”, subraya. Para el abogado, especializado en derechos LGBT, lo importante es llevar más casos ante la justicia y avanzar en el cumplimiento de las disposiciones de la Corte.
