El Tribunal Constitucional avala la ley que castiga el acoso a las mujeres en las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, lo que supone un respaldo en España ante la ola reaccionaria mundial.
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado como estaba previsto la ley de 2022 que penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que quieren abortar en las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. La decisión del tribunal sirve como muro de contención en España frente a los retrocesos mundiales defendidos por los movimientos antiabortistas. Milei ha propuesto en Argentina penalizar el aborto con hasta tres años de cárcel
De este modo, la Sala —de mayoría progresista— da el sí al borrador de una sentencia que ha redactado la magistrada María Luisa Balaguer y en el que se concluye que la norma es constitucional.
Kika Fumero, portavoz y coordinadora en España del movimiento por el derecho al aborto en Europa Mi Voz, Mi Decisión, cree que este amparo del Constitucional sí supone un freno contra quienes pusieron el recurso, Vox, y los representantes de las políticas de ultraderecha a nivel mundial: «Milei, Meloni, Trump y Abascal». La activista habla de «alivio» ante el respaldo que supone sobre el papel una sentencia de este tipo.
Un aval en un momento de retrocesos a nivel mundial
Este aval se produce mientras crece a nivel mundial el poder de los movimientos antiabortistas. En 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó el derecho al aborto en todo el país y traspasó las competencias de la regulación a cada Estado. Así, la semana pasada entró en vigor en el estado de Florida la llamada ley del latido que prohíbe abortar a partir de la sexta semana.
Meloni ha permitido en Italia que los antiabortistas persuadan a las mujeres para que no interrumpan sus embarazos
En Argentina, Javier Milei ha propuesto un proyecto de ley para penalizar el aborto con hasta tres años de cárcel. Es conocida su agenda antifeminista que le ha llevado a derogar, entre otros, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y la Diversidad.
Pero la ola reaccionaria también está en Europa. En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha permitido legalmente que los activistas antiabortistas persuadan a las mujeres para que no interrumpan sus embarazos. «Meloni permite a los grupos antiabortistas acosar a las mujeres dentro de los espacios de asesoramiento. Ahí es donde van a tener acceso para interferir en el proceso de toma de decisiones. Y no es la única medida de su decreto. Infantilizan a las mujeres con la escucha del latido fetal, por ejemplo», apunta Raquel Hurtado, portavoz del SEDRA-Federación de Planificación Familiar.
En nuestro país existen ejemplos parecidos a la estrategia antiaborto de la primera ministra italiana. Así lo explica José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Bosch cita, entre otros, el caso andaluz pero también el valenciano. «En Andalucía el Gobierno de Moreno Bonilla, durante los años 2021, 2022 y 2023, concedió 1.700.000 euros de ayudas y subvenciones a asociaciones antiabortistas, ayudas que iban destinadas a poner en marcha «medidas de asistencia a la mujer embarazada en dificultades», sostiene.
Del mismo modo, hace un mes el Ajuntament de València organizó la Jornada en defensa de la vida de la ciudad de Valencia, en la que se mostraron posturas en contra de la reforma de la ley del aborto, y además acudieron adolescentes de un centro de secundaria a escucharlo.
El ejemplo francés como el «mejor muro de protección posible»: blindar el derecho al aborto en la Constitución
La reacción antiaborto también tiene una respuesta directa en avances feministas. En Francia hace apenas dos meses se ha blindado en la Constitución el derecho al aborto. «El ejemplo francés puede servirnos de guía. Tras reconocer la oleada reaccionaria y ver cómo la Corte Suprema estadounidense negaba la protección constitucional del aborto, han establecido el mejor muro de protección posible, al incluir el derecho al aborto en la Constitución», explica Bosch.
¿Está siendo eficaz la ley que avala ahora el TC?
Para Raquel Hurtado, tanto la ley de penalización del acoso como el aval del Constitucional son «imprescindibles». La mera idea de la inconstitucionalidad, en su opinión, envalentonaría aún más al movimiento antiabortista, reforzado con el brazo político de la ultraderecha.
Para José Antonio Bosch, sin embargo, el muro de contención estaría más en las propias sentencias del Tribunal Constitucional que amparan el derecho al aborto que en este nuevo aval. El primer pronunciamiento positivo fue en 1985 y recientemente el 9 de mayo y 3 de julio de 2023 se reconoció la constitucionalidad de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y con ella, el propio derecho al aborto. Fue también el TC quien dio la razón a una mujer a la que el Gobierno de Murcia obligó a desplazarse cientos de kilómetros para poder abortar.
Pese a la ley que penaliza el acoso, las manifestaciones antiabortistas en fechas señaladas continúan
Bosch, que ve día a día cómo operan los activistas antiaborto en las clínicas, reconoce que la ley que penaliza el acoso es todavía «ineficaz» para frenar a los antiabortistas. El abogado sostiene que las organizaciones fundamentalistas continúan con el mismo modus operandi a pesar de lo que dicta la norma.
«Campañas como la de 40 días por la vida, la de Cuaresma, la de los Santos Inocentes y otras más se siguen organizando por grupos antiderechos en las puertas de las clínicas, al igual que se organizaban antes de la entrada en vigor de la reforma», cuenta el asesor.
Aún así, desde ACAI mantienen que la «sensibilidad» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es mayor tras su entrada en vigor. De hecho, a fecha de hoy, hay diligencias abiertas en Madrid, Barcelona y Gijón por casos de acoso a mujeres que las propias clínicas han denunciado ante la Policía.
Los pronunciamientos del TC han sido «positivos» pero, tanto para Raquel Hurtado como para Kika Fumero, como activistas y defensoras del derecho al aborto, todavía falta garantizar la aplicación de la ley y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres. «En cualquier caso, hay que tener en cuenta que sin marco legal, no tenemos nada», reitera Hurtado.
