La mayoría del dinero de la PAC que ingresó la Iglesia y sus entidades vinculadas entre 2018 y 2022 está desacoplado de la producción y se debe a “derechos históricos”.
Entre los motivos de las tractoradas nunca faltan quejas por el funcionamiento de la Política Agraria Común (PAC), unas ayudas directas al campo que se remontan a 1962 y que suponen el 30% del presupuesto de la Unión Europea. Este año, con casi 6.300 millones de euros para 658.000 usuarios, es la mayor contrapartida que recibirá España por pertenecer a la Unión Europea.
Estos fondos europeos, distribuidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han convertido en una vía más de financiación para la Iglesia Católica y para cientos de entidades vinculadas con esta institución.
Los fondos europeos de la PAC se han convertido en una vía más de financiación para la Iglesia Católica y para cientos de entidades vinculadas con esta institución
Entre 2018 y 2022, el Ministerio de Agricultura ha destinado cinco millones de euros de la PAC a 128 entidades de la Iglesia Católica. La mayoría de estas partidas no están vinculadas a la producción y aparecen justificadas dentro del llamado “régimen de pago básico”, es decir, un sistema de ayudas directas “desacoplado de la producción”.
Los pagos realizados a la iglesia también están justificados en el portal público de la FEGA como “Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente” o como “POSEI”, un programa de apoyo a las regiones ultraperiféricas por lejanía, insularidad o clima adverso.
Este supuesto es el que ha utilizado el mayor receptor de subvenciones de las PAC entre 2018 y 2022, las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, con 777.719 euros. Esta congregación religiosa, que tiene su sede en Madrid y pertenece a la Familia Dominicana, está vinculada con una veintena de colegios repartidos entre la península y el archipiélago canario. En 2021, ingresó 153.871 euros de la PAC. En 2022, último año con datos, ingresó 162.130 euros.
El mayor receptor de ayudas de las PAC entre las instituciones vinculadas con la Iglesia son las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, con 777.719 euros en cinco años, a través de un colegio concertado en Tenerife
Las partidas de dinero europeo que el Ministerio asignó a esta congregación religiosa se vehiculan a través de uno de sus centros, el Colegio Santo Domingo de Guzmán, también conocido como La Palmita, en Santa Cruz de La Palma (Tenerife), una ubicación que permitió a la congregación beneficiarse de los fondos destinados a las regiones lejanas e insulares de Europa. Este centro concertado forma parte de la Fundación Educativa Santo Domingo, que incluye 34 centros de “educación integral inspirada en el modelo del evangelio” que adoctrina a 20.000 alumnos en diez comunidades autónomas. El colegio no ha aclarado, ante las preguntas de este medio, a qué proyecto agrícola o ganadero iban dirigidas estas ayudas europeas.
Las congregaciones, comunidades y hermandades son la tipología que ha recibido más dinero de la PAC, con más de un millón de euros entre 2018 y 2022. Le siguen los arzobispados, obispados, diócesis y parroquias, con más de 840.000 euros. Los colegios religiosos se embolsaron más de 821.000 euros; y los monasterios y conventos, más de 725.000 euros. Las fundaciones vinculadas con la Iglesia recibieron más de 680.000 euros de la PAC entre estos cinco años.
“Derechos históricos”
El dinero de la política agraria europeo destinado a la Iglesia es una de las tantas “anomalías” y “sorpresas” que tienen las partidas de las PAC, tanto como los casi dos millones de euros que se llevó Telefónica en 2022, señala a El Salto Amaya Sánchez, co-coordinadora de la Oficina Técnica de la Coalición Por Otra PAC, una plataforma de organizaciones ecologistas y campesinas que pugna por una política agraria alternativa.
Para la Coalición Por Otra PAC este tipo de ayudas forman parte del dinero público de la UE que no llega a quien debería llegar, es decir, “a quienes viven directamente de la actividad agraria”
Para Sánchez, las subvenciones que recibe la Iglesia de la PAC forman parte del dinero público de la UE que no llega a quien debería llegar, es decir, “a quienes viven directamente de la actividad agraria y no consiguen una rentabilidad mínima vía mercado”. Las ayudas de la PAC, sostiene Sánchez, deberían dirigirse a los pequeños y medianos propietarios, a las fincas que aportan “mayor valor socioambiental porque mantienen a la población en el territorio”, a la agricultura familiar sostenible con “arraigo territorial”. En resumen, todo lo contrario de lo que ocurre ahora, con una PAC que prima a la agroindustria, con severas consecuencias para el medio ambiente y escasa utilización de mano de obra, un esquema en el que el 80% del presupuesto se lo llevan el 20% de los destinatarios, afina esta experta en políticas agropecuarias. Una tendencia agravada tras los últimos cambios aprobados a finales de febrero, que convierten en voluntarias la mitad de compromisos medioambientales para recibir ayudas de la PAC, un “retroceso sin precedentes”, según esta plataforma, que devuelve las políticas agrarias comunitarias a 2007.
El supuesto de “régimen de pago básico”, al que recurre la mayoría de las instituciones de la Iglesia para recibir ayudas de la PAC, se basa en los “derechos históricos” de unas tierras que reciben subvenciones en función del dinero fijado hace años, explica esta portavoz de la Coalición Por Otra PAC. Ese monto se fijó como referencia y ahora siguen cobrando lo mismo, pero sin que estas partidas estén vinculadas a un volumen de producción determinado.
El hecho de que la Iglesia y cientos de entidades vinculadas con ella cobren dinero europeo de la PAC “no supone en sí mismo un problema”, matiza a El Salto Pablo Toral, presidente de Europa Laica, siempre que la propiedad sobre las tierras sea “legítima”, algo que es muy complicado de comprobar en el caso de la Iglesia.
Para empezar porque la ley hipotecaria promulgada por el expresidente José María Aznar en 1998 permitió a la Iglesia inmatricular —registrar una propiedad por primera vez— al menos 35.000 bienes. Entre ellos, 15.000 no tenían nada que ver con la actividad religiosa. En ese enorme listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta 2015 hay solares, fincas, viñedos, terrenos agrarios de labranza, de regadío y de secano, bosques, campos, corrales, cuadras, eras, gallineros, graneros, helechales, huertas, invernaderos, jardines, montes, olivares, pajares, pinares, praderas, prados, pastos y robledales.
Y esto es solo una muestra de una realidad mucho mayor. Según cuenta Toral a El Salto, el listado de inmatriculaciones es deficiente y ha dejado fuera decenas de miles de bienes registrados por la Iglesia. Si España hiciera lo mismo que Navarra, que ha realizado una prospección completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia, el resultado “podría ser diez veces mayor”, dice. “La iglesia siempre ha mostrado interés en inmatricular terrenos rústicos que a priori pueden tener muy poco valor”, reflexiona. Muchos de estos registros a nombre de la Iglesia se realizaron en terrenos rústicos, “que son muchos más fáciles de inmatricular sin que nadie los reclame”, aprovechando propiedades abandonadas “por muerte, despoblación, exilio o emigración”, cuenta.
Y si hablamos de legitimidad sobre las tierras también habría que remontarse a los terrenos apropiados por la Iglesia y sus instituciones durante el franquismo, donde la ley de finales de los años 40, explica el presidente de Europa Laica a El Salto, otorgaba a los obispos la categoría de funcionarios públicos: “Es decir, con solo su palabra podían poner a su nombre un terreno del que no tenían un título de propiedad. No necesitaban que nadie se los diera. Ellos mismo se lo apropiaron activamente”, relata. A ese gigantesco patrimonio de tierras, que convierten a la Iglesia en uno de los grandes terratenientes de España, se le suma las compras de tierras y las herencias que ha ido recibiendo.
Solo en Navarra, la Iglesia inmatriculó en el último siglo 234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 181 campos de secano y 52 fincas rústicas, 17 olivares, 16 viñedos y 16 campos de regadío
En Navarra, los datos aportados por la investigación realizada con el apoyo del Gobierno foral da pistas sobre el origen de muchas de las tierras inmatriculadas a nombre de la Iglesia: desde principios del siglo XX hasta el presente, figuran las inmatriculaciones de 234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 181 campos de secano, 52 fincas rústicas, 32 jardines, 17 olivares, 16 viñedos y 16 campos de regadío. En total, la Iglesia se apropió solo en esta comunidad foral de 3,4 millones de metros cuadrados de terrenos rústicos, unas 342 hectáreas, según este informe.
.jpg?v=63673036569)
Los cinco millones de euros de la PAC, sin embargo, palidecen en comparación con otras transferencias de dinero público a la Iglesia católica. El pasado año, el Estado transfirió a la Iglesia 12.000 millones de euros de la Declaración de la Renta, así como otros 4.689 millones de euros públicos para el mantenimiento de los colegios religiosos concertados. Pero las ayudas públicas a la Iglesia van mucho más allá, tal como denuncia Europa Laica: el Estado paga los salarios de los capellanes de hospitales, del ejército y de las prisiones, contribuye a la financiación de los actos religiosos y al mantenimiento del patrimonio de la Iglesia y permite exenciones fiscales en numerosas comunidades autónomas y cesiones de suelo público por valor de millones de euros.
Todas estas transferencias de dinero público hacen que el Estado incumpla el “principio de aconfesionalidad”, denuncia Europa Laica. Esta organización exige que la Iglesia devuelva los bienes inmatriculados de forma ilegítima y que avance hacia su “autofinanciación” eliminando la casilla de la Declaración de Hacienda y otras transferencias de dinero público.
