En Ayacucho, Abel Quispe Misaico, acólito de la Parroquia La Sagrada Familia, fue sentenciado por delitos de violencia sexual contra un menor de edad de 9 años. El agresor acosó durante meses al menor aprovechando su posición religiosa, pues el párroco era su hermano.
La Segunda Fiscalía Superior Penal de Ayacucho ha confirmado la condena a cadena perpetua para Abel Quispe Misaico, de 68 años, quien fungía como sacristán en la Parroquia La Sagrada Familia en Ayacucho, por cometer delitos contra la libertad sexual de un niño de 9 años. Además, se le ha impuesto una indemnización de 15 mil soles a favor de la víctima. Se trata de un caso que sacude los cimientos de la comunidad religiosa local y pone en relieve la vulnerabilidad de los menores en espacios supuestamente seguros.
El caso se remonta al año 2019, cuando el niño, participante de la catequesis en la mencionada parroquia, fue acosado y abusado sexualmente por Quispe Misaico. Utilizando su posición dentro de la estructura parroquial, el ahora condenado atrajo al menor bajo falsos pretextos para luego cometer el abuso. El detenido logró persuadir al niño con regalos y pequeñas sumas de dinero a cambio de su silencio. Este comportamiento persistió durante varios meses, lo que eventualmente llevó al menor a revelar los hechos a su madre, quien procedió a denunciar el caso ante las autoridades correspondientes.
Es importante señalar que Abel Quispe Misaico es hermano de Percy Quispe Misaico, uno de los párrocos principales de la Parroquia La Sagrada Familia, lo que podría haber influido en la percepción de confianza y autoridad que el abusador ejercía sobre el menor. Este caso ha generado una ola de indignación y preocupación entre los miembros de la comunidad y la sociedad en general sobre la seguridad de los niños en espacios de carácter religioso y educativo.
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Segunda Fiscalía Superior Penal de Ayacucho, con la fiscal adjunta superior Yetna Juscamaita Castro, confirma condena de cadena perpetua contra el sacristán Abel Quispe Misaico. (Gob.pe)
“Los hechos objeto de la acusación consisten en que, un día domingo del mes de setiembre del 2019, el menor agraviado (en ese entonces de 9 años), siendo las 7 horas aproximadamente, acudió a la parroquia antes descrita, en compañía de su madre; así en el transcurso del acto litúrgico el menor se dirigió al baño pasando por el jardín-huerta y en el momento que retornaba apareció el sentenciado, quien lo llamó, ante lo cual el menor acudió a su llamado, y fue llevado e ingresado a un cuarto (depósito), lugar donde el sentenciado Abel Quispe Misaico, le obligó a sentarse en una silla, para luego abusar de él”, se lee en la sentencia, a la cual accedió el medio Info País.
Asimismo, de julio a diciembre de 2019, el sacristán, tras haberse ganado la confianza del niño al entregarle presentes y dinero de manera constante, le realizaba tocamientos indebidos y lo besaba en la boca, amenazándolo para que no revele los episodios que vivía.
La confirmación de la sentencia no solo representa un paso adelante en la búsqueda de justicia para la víctima y su familia, sino que también envía un mensaje contundente sobre la tolerancia cero ante cualquier forma de abuso sexual contra menores. Esta resolución judicial subraya la importancia de proteger a los menores y garantizar un entorno seguro para su desarrollo y educación.
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El menor de 9 años, víctima de abusos sexuales, asistía a la Parroquia La Sagrada Familia para realizar su catequesis.
Abuso sexual en la iglesia Católica peruana
El Sodalicio de la Vida Cristiana, con sede en Perú, reconoció la existencia de 36 víctimas de abusos sexuales perpetrados dentro de la institución. Esta declaración representa un momento crucial para el movimiento fundado por Luis Fernando Figari, quien ha sido acusado de cometer numerosas faltas de carácter sexual.
El Sodalicio es un movimiento católico fundado en 1971 por Figari, ha estado bajo intensa observación mediática y judicial después de que se hicieran públicas las acusaciones contra su fundador. Figari, quien ha negado repetidamente los cargos, se encuentra actualmente retirado de cualquier actividad pública dentro de la organización. Este reconocimiento de víctimas por parte de la institución señala un paso importante en la dirección hacia la reconciliación y la justicia para los afectados.
