La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) informó que el último día de diciembre de 2023 ha concluido el proceso de renuncia a la asignación mensual por parte del Estado, prevista por la ley 21.950.
De esta manera, arzobispos, obispos diocesanos y auxiliares dejan de percibir por completo el aporte mensual que les era asignado por el Estado mientras estaban en funciones, equivalente al 80% de la remuneración de los jueces nacionales de primera instancia.
Asimismo, el Episcopado aclaró que por resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez podrán solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley, cuyo monto actualmente es de $98.000 (cerca de 100 dólares estadounidenses).
El proceso de renuncia progresiva de la Iglesia Católica al aporte del Estado comenzó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y en un contexto de convulsión social debido al debate por la ley de aborto. En ese marco, sectores contrarios a la Iglesia militaron fuertemente la apostasía colectiva y la separación entre Iglesia y Estado.
Dicho proceso se materializó a partir del presupuesto 2019, que determinó una caída del 30% en las asignaciones a obispos, sacerdotes y seminaristas.
En 2020, el Episcopado anunció un plan económico para generar financiamiento propio, que se concretó a través del Programa FE, que favorece el autosostenimiento por medio de distintas campañas de donación.
