Andrés Camilo Parales Rueda, un patrullero de 20 años de la Policía Nacional de Colombia que presta servicio en Bucaramanga, Santander, ha desatado una controversia en las últimas horas al presentar una acción de tutela para garantizar el respeto de su derecho a la libertad de culto y orientación sexual en la institución.
Desde los 15 años, Andrés Camilo se ha identificado como miembro de un grupo satánico llamado La Vey, lo que ha llevado a que adopte ciertas prácticas, como el uso de cabello largo, que son parte de su expresión religiosa. Sin embargo, las normas y costumbres de la Policía Nacional chocan con estas prácticas, lo que ha generado conflictos internos.
El patrullero Parales alega que ha sido obligado a participar en oraciones católicas y se le ha exigido cortar su cabello, lo cual va en contra de su creencia religiosa. Además, en una institución donde el saludo principal es «Dios y patria,» se ha sentido incómodo y ha experimentado discriminación debido a su orientación sexual, ya que es bisexual.
El abogado de Andrés Camilo, Nicolás Calderón, ha explicado que la acción de tutela se basa en la defensa de los derechos fundamentales a la libertad de culto y a la libertad sexual y reproductiva. Además, señaló que el ingreso de su cliente a la Policía tenía como objetivo principal obtener la libreta militar para cumplir su deseo de convertirse en bombero.
El defensor agregó: «La biblia satánica de Anton La Vey prohíbe a sus creyentes cortarse el cabello si es que alguien se lo impone, esto es para cumplir con cierta normativa moral». Según Calderón, la controversia radica en que las reglas y normas internas de la Policía no deben contravenir la Constitución colombiana.
En este sentido, el abogado argumenta que la Constitución garantiza el desarrollo de la personalidad y la libertad de culto, por lo que la institución debe respetar estos derechos. La demanda plantea una discusión importante sobre el equilibrio entre las regulaciones internas de la Policía y los derechos individuales protegidos por la Constitución. La decisión de la tutela tendrá un impacto significativo en el respeto de la diversidad religiosa y sexual en la institución policial.
