En Irán, las multitudinarias protestas que tuvieron lugar al poco de ser asesinada Mahsa Amini, se saldaron con miles de ciudadanos detenidos y un marcado retroceso en las libertades y los derechos humanos. Las mujeres quemaron sus velos como símbolo de protesta, gritaban consignas como la ya mítica «mujer, vida, libertad» y desafiaron las leyes islámicas saliendo a la calle con el pelo sin cubrir. Su valentía tuvo un alto coste para muchas de ellas. Recibieron multas económicas, fueron detenidas e incluso agredidas. Eso no las detuvo. Esa lucha diaria que acaba de ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz a Narges Mohammedi, periodista y activista que cumple nada menos que 31 años de cárcel por defender los derechos de las mujeres en Irán.
En el vecino Afganistán, al principio del mandato talibán las prohibiciones para las mujeres cayeron como jarros de agua fría cortando la vida y el desarrollo de las ciudadanas. En los últimos dos años, los talibanes han emitido un total de 80 edictos, 54 de ellos dirigidos directamente a coartar la libertad de las mujeres y niñas, según recoge un informe de las Naciones Unidas (ONU) de este mes de agosto. En la escuela por ejemplo, al principio, se impuso una estricta segregación por sexos, dividiendo a mujeres y hombres, pero a finales de 2022, un decreto emitido por el Ministerio de Educación afgano expulsó por completo a las mujeres de los espacios de aprendizaje. Las estudiantes no quisieron renunciar a su educación y muchas niñas (a las mujeres no se les permite estudiar a partir de la secundaria) fueron envenenadas en las escuelas por parte de radicales que no aceptaban su presencia. Es tan solo otro ejemplo de cómo alzar la voz en Afganistán en muchas ocasiones puede llegar a costar la vida.
Prohibido ser mujer
A las mujeres afganas se les ha prohibido ir a parques, gimnasios y baños públicos. Se les ha impedido continuar sus estudios más allá del sexto grado o practicar cualquier tipo de deporte. Su capacidad para trabajar fuera del ámbito de la salud y la educación está prácticamente prohibida. El efecto acumulativo de los edictos y comportamientos de los talibanes ha resultado en gran medida en el encarcelamiento de las mujeres dentro de los muros de sus hogares. Ante esta situación, muchas afganas han tratado de huir del país y alzar la voz desde el exilio con el peligro y las dificultades que ello conlleva. Deportistas, juezas, abogadas, periodistas, políticas… Miles de mujeres huyeron dejando todo atrás para evitar el oscuro futuro que les aguardaba en su país. Los talibanes llevan años reprimiendo con dureza a las mujeres que protestan contra las restricciones ya sea en público o en las redes sociales, propinándoles palizas, arrestándolas, deteniéndolas ilegítimamente o arrestando a sus familiares, según denuncia Amnistía Internacional (AI).
Aún así, los duros castigos no frenan la disidencia a un lado y otro de la frontera. El activismo, que debe ser llevado en secreto para no poner en peligro a quien lo emprende, se centra en las pequeñas acciones del día a día dada la peligrosidad de exponerse en público con una queja. Es difícil organizarse cuando medios de comunicación, canales de televisión por satélite e, incluso, Facebook, Signal, Telegram, Twitter, YouTube, Instagram y WhatsApp han sido censurados por parte de las autoridades, denuncia AI.
Tortura en prisión
En Irán, la tortura y otros malos tratos, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la negación deliberada de atención médica, siguen siendo prácticas generalizadas y sistemáticas que emplean las autoridades para infundir el miedo y disuadir las protestas. Otra de las estrategias empleadas por el régimen para romper las redes de activismo es sembrar la desconfianza entre ellas. Recientemente, el Gobierno iraní está trabajando para aprobar una nueva ley que castigue de forma mucho más severa la protesta de quitarse el velo y para llevarla a cabo ha autorizado a quienes presencien un caso de violación de dicha normativa a «actuar».
En la propia ley, que presumiblemente será aprobada este mes tras pasar por un consejo de expertos islámicos, se contemplan penas de cárcel de hasta 10 años y se estipulan graves castigos para quienes cooperen con estas mujeres. Incurrir en dicho delito podría incluso acarrear la pena de muerte. Según esta ley, serán considerados cooperantes quienes las atiendan médicamente, les den clase o simplemente quienes vean a una mujer sin velo y no la reprendan. Una media que ha sido calificada por un grupo de relatores de la ONU como «apartheid de género«.
Algo similar ocurre bajo el mando talibán en Afganistán, donde los familiares varones de las mujeres y niñas que incumplen las leyes son duramente castigados. Esta «responsabilidad colectiva» que ambos gobiernos delegan en la sociedad es una de las principales barreras que encuentran a diario quienes quieren alzar la voz, pues están constantemente rodeados de gente que podría llevarles ante la justicia.
