Víctimas de abusos clericales han viajado a Ginebra para instar a las Naciones Unidas a que obliguen al Vaticano a cumplir sus obligaciones internacionales.
«Es una pandemia y tiene que acabar», declaró el martes a la prensa en Ginebra Adalberto Méndez, fundador de la organización Ending Clergy Abuse (ECA). «Es un problema enorme, un problema de derechos humanos, no sólo en Europa, sino en todo el mundo».
En Ginebra, los miembros de ECA y las víctimas van a mantener conversaciones al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo es celebrar una primera reunión con representantes de los Estados sobre cómo exigir responsabilidades al Vaticano por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
También están previstas conversaciones con los Comités de los Derechos del Niño y contra la Tortura. El TCE quiere saber si la Santa Sede ha respondido oficialmente a la petición formulada hace casi diez años en los informes de los expertos independientes de estos dos organismos para que el Vaticano cumpla sus obligaciones internacionales.
El TCE tiene previsto continuar su trabajo en La Haya. Quiere solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un análisis del estatuto jurídico de la Santa Sede. También quiere que la Corte Penal Internacional (CPI) se ocupe de ciertos casos.
Canadá implicada
«El genocidio y los crímenes contra la humanidad no se perpetran exclusivamente durante las guerras», dijo Méndez. «En el caso de los abusos del clero en Canadá, se trata claramente de un genocidio», dijo. «Y en Colombia, hemos visto quizá el primer caso sólido de crímenes contra la humanidad por parte de un organismo eclesiástico y un grupo de sacerdotes».
Los dirigentes de la CEPA fueron acompañados a Ginebra por varios supervivientes de abusos de diferentes países. «Le pido al Papa Francisco que deje de encubrir a ciertos perpetradores», dijo Diego Pérez, de Argentina. Su abusador se suicidó, pero Pérez persigue al hombre que protegió al sacerdote, Víctor Fernández.
Fue uno de los nuevos cardenales nombrados hace unos días por el Papa, junto a Emil Paul Tscherrig, del cantón suizo de Valais.
Otra víctima, la canadiense Evelyn Korkmaz, pidió a la Iglesia católica de su país que abriera sus archivos tras la revelación hace dos años de fosas comunes con más de 200 niños indígenas en Canadá. «Seguiré denunciando hasta que haya tolerancia cero», afirma.
Estos niños fueron apartados a la fuerza de sus familias y educados en un establecimiento católico desde finales del siglo XIX hasta finales de los años sesenta. Posteriormente, el gobierno se hizo cargo del centro en los años setenta y lo cerró a mediados de los noventa.
El lunes, ECA presentó una propuesta de ley de «tolerancia cero» en Roma, que quiere que el Vaticano haga cumplir. Según la ONG, los sacerdotes responsables de abusos y los encubridores deberían ser despojados de todos sus títulos religiosos.
En Suiza, un reciente estudio de la Universidad de Zúrich ha revelado más de 1.000 casos de abusos sexuales perpetrados por clérigos católicos y miembros de la Orden desde 1950 en Suiza.
«El caso de Suiza muestra la magnitud del problema», afirmó Méndez. El número total de víctimas en todo el mundo es incierto. Oficialmente, se estima en unas 100.000. Pero esta cifra podría ser tres veces superior sólo en algunos países, afirma el fundador de la CEPA.
