Comentarios del Observatorio
Notable iniciativa argentina que pretende avanzar en el principio republicano de la laicidad. Su objetivo no es otro que el de establecer unas condiciones de convivencia democrática en base a la no-discriminación, la ausencia de privilegios, un Estado laico en definitiva. Nos congratulamos desde el Observatorio y felicitamos a las Organizaciones Laicistas de Argentina (OLA).
Amparada por la Constitución, la Iglesia Católica le cuesta al Estado $200 millones al año. Una iniciativa junta firmas para eliminar sus privilegios, sostiene que atentan contra la igualdad y le otorgan injerencia política. “Pagamos sueldos de clérigos que actúan contrario a las normas estatales”, aseguran.
De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Nacional, “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Ese sostén significa, en la actualidad, 200 millones de pesos al año del Presupuesto estatal.
“Hoy por hoy el Estado argentino sostiene los salarios, todas las asignaciones y hasta los sueldos de los seminaristas de un solo culto. No así del resto de las religiones y cosmovisiones”, explica Mariana Catanzaro, abogada, directora de la Secretaría de Estado laico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que integra Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA). Este colectivo impulsa un proyecto de ley para separar la Iglesia Católica del Estado nacional.
La discusión —representada en las calles por un pañuelo naranja y un lema: “Iglesia y Estado, asuntos separados”— lleva un tiempo largo y cobra sentido en un marco económico, jurídico y también histórico.
“Tenemos decretos leyes que datan de la época de la última dictadura donde (Rafael) Videla, (Reynaldo) Bignone y (Leopoldo Fortunato) Galteri han beneficiado a obispos, arzobispos, curas de fronteras y demás con salarios semejantes al 70% del de un juez de primera instancia, por ejemplo. Esto nos parece que daña la igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa. Tengamos en cuenta que Argentina es diversa: está compuesta por originarios, evangélicos, protestantes, judíos, ateos, islámicos y el único culto que se sostiene es el católico”, detalla Catanzaro en diálogo con Canal Abierto.
Injerencia religiosa en las decisiones estatales
Pese a que el derecho positivo local garantiza la libertad de conciencia y la igualdad ciudadana, las leyes que otorgan un trato privilegiado a la Iglesia Católica por sobre los otros cultos arrancan en el mencionado artículo 2 de la Constitución, pero el sesgo religioso está presente también en su Preámbulo (“invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”) y en los artículos 19 y 93 que el proyecto de OLA busca modificar. De allí para abajo, lo mismo ocurre con distintos decretos de la dictadura e incluso se mantiene en recientes normas sancionadas por la democracia.
Con la intención de que este proyecto sea tratado en el Congreso, desde OLA están hablando con legisladores de distintos espacios políticos y juntando firmas para acompañar la iniciativa que brega porque “los cultos puedan manifestarse libremente pero sin buscar apropiación total o parcial de lo comunitario”.
“La vimos a (la presidenta de la Cámara de Diputados) Cecilia Moreau pero también vamos a ver a radicales porque sabemos que abonan por un Estado laico. Toda la izquierda también ha sido muy coherente en que siempre se han manifestado a favor. La Iglesia Católica en varias ocasiones intentó condicionar la agenda política de peronistas, radicales y de todos los partidos políticos”, señala Catanzaro.
Y recuerda la leyenda “Cristo vence” inscripta en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo repleta de manifestantes justicialistas en 1955, y el enfrentamiento del ex presidente Ricardo Alfonsín con la Iglesia Católica que se oponía al Juicio a las Juntas, 30 años después.
Luego resume: “Acá cerquita tenemos el caso de Uruguay, que es un estado laico. Y es muy común que vos vayas a un restaurante y te atienda una persona que es cura. Este proyecto no intenta abolir la religiosidad, ni mucho menos menoscabar el derecho a la libertad religiosa de los creyentes católicos. Lo que se intenta es que se trate de igual modo la diversidad de personas que ejercen otras religiones y que no tienen por qué sostener a un único culto”.
