La reforma del código aumenta las penas por abortar y castiga los insultos al Gobierno.
Tener sexo fuera del matrimonio, ser infiel a la pareja, es para nosotros una cuestión de carácter moral. Pero hay muchos países donde supone un riesgo y hasta una cuestión de vida y muerte, especialmente si se es mujer. Por ejemplo, en aquellos que aplican la ley islámica de la sharía.
En Catar, país que estos días protagoniza portadas y titulares por culpa de un millonario deporte, una mujer que denuncia una agresión sexual puede ser condenada a 7 años de prisión y 100 latigazos. Todo porque la autoridad en lugar de atender al abuso que ha sufrido la mujer pone el acento en que lo denunciado significa una infidelidad.
Indonesia es el país con más musulmanes del mundo y la reforma del código penal es la más extensa desde su independencia de Holanda en 1945
Cuando al país del presente Mundial de fútbol le pedimos desde Europa que de pasos en favor de la libertad de las personas, resulta que hay otros que van para atrás. Es lo que pasa en Indonesia, donde la reforma del código penal -la más extensa desde su independencia de Holanda en 1945- propone prohibir el sexo extramarital, la apostasía o difamar a los dirigentes, entre otros.
En lo que es un retroceso de décadas en las libertades sexual, religiosa y de expresión, el Parlamento del país con más musulmanes del mundo ha aprobado una extensa reforma del código penal. Y lo ha hecho con un amplio apoyo de los partidos políticos, pese a las manifestaciones en su contra que se celebran desde 2019. En aquel momento las protestas en la calle lograron paralizar la reforma, ahora… está por ver.
Ni sexo extramarital ni insultos al Gobierno
Entre las cláusulas más criticadas están la prohibición del sexo fuera del matrimonio en cualquiera de sus formas con hasta un año de prisión, así como el castigo de los insultos al presidente con un máximo de tres años de cárcel, además de la ilegalización de la apostasía. También prohíbe la cohabitación fuera del matrimonio, que puede acarrear hasta seis meses de prisión y, por supuesto, las relaciones homosexuales (en Indonesia el matrimonio sólo es posible con personas del sexo opuesto).
Los infractores sólo serán procesados si sus cónyuges interponen denuncia
La reforma incluye por primera vez la consideración de apostasía como un crimen y amplía las leyes ya existentes contra la blasfemia, urgiendo a perseguir a quienes expresen opiniones públicas o cometan «actos hostiles» contra las religiones profesadas en Indonesia con hasta 5 años de cárcel. También castiga los insultos al presidente y vicepresidente del país con un máximo de tres años de prisión, y prohíbe las protestas pacíficas sin permiso previo, con castigos de hasta seis meses de cárcel.
Aunque el aborto ya era ilegal en la mayoría de los casos en Indonesia, salvo excepciones como por violación, el nuevo código penal aumenta los castigos a las mujeres que aborten con penas de hasta cuatro años de prisión. Igualmente, limita a los facultativos la potestad de discutir medidas contraceptivas, y recoge penas de cárcel para aquellos que las promuevan a menores de 18 años.
Provincias que aplican la sharía
Sin embargo, el nuevo código mantiene que los infractores sólo serán procesados si sus cónyuges interponen las denuncias (en el caso de los solteros, sus padres o hijos). El viceministro de Justicia de Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, ha declarado a CNN que las fuerzas de seguridad no llevarán a cabo redadas por cuestiones de sexo.
La reforma reconoce las «leyes vivas» de ámbito local, lo que incluye la sharía en algunas provincias
La reforma del código penal faculta a los gobiernos locales a promulgar su propia legislación. Es decir, reconoce las «leyes vivas», las de ámbito local que -y esto es lo preocupante- pueden incluir la sharía. Por ejemplo, la provincia de Aceh se rige por la sharía, hasta el punto de que hombres y mujeres solteros no pueden comer juntos. En consecuencia, comenta a Time Tunggal Pawestri, de la Fundación Humanista y de Innovación Social, se puede discriminar y perseguir a mujeres, niños y personas LGBTI.
Islamización y supresión de libertades
Casi un centenar de ONG denunciaron en un comunicado el lunes que su contenido es «antidemocrático» por la supresión de libertades que conlleva. Sus críticos condenan la «islamización» del país de mayoría musulmana, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).
Los detractores de la reforma afirman que algunas enmiendas también amenazan los valores democráticos, incluida la libertad de expresión. Se refiere a as mencionadas penas por atentar contra la dignidad del presidente o por insultar al gobierno, pero también porque las protestas y manifestaciones en espacios públicos requerirán un permiso, y los infractores podrán ser multados o encarcelados hasta seis meses.
Ahora, tras la aprobación de nuevo código penal en el Parlamento, se abre un periodo de «unos dos años» en el que la reforma podrá ser enmendada en el Tribunal Constitucional, cosa poco probable por los vínculos que hay entre esa corte y el Gobierno.
