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"Nos están matando porque queremos libertad", reza esta pancarta en favor de las protestas en Irán, durante una concentración en París, el pasado octubre. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT via Getty Images

[Irán] Policía de la Moral iraní: la abolición que sólo fue una cortina de humo avisada por activistas

El anuncio hecho supuestamente por el fiscal general ilusionó en Occidente, pero no a los manifestantes. Nada ha cambiado, pero mientras no se habla de pena de muerte.

“Irán decide suprimir la policía de la moral tras las protestas por la muerte de Mahsa Amini”. Un titular tan potente no podía sino correr como la pólvora por los medios y las redes sociales de todo el planeta. La lectura inmediata era que el régimen de los ayatolás daba un paso atrás en su política de mano dura contra las mujeres y retiraba a los agentes que detuvieron a la joven 16 de septiembre por llevar mal puesto el velo, y en cuya custodia murió. Un gesto, “una cesión ante el movimiento de protesta popular que registra el país desde hace tres meses”, decía por ejemplo EFE.

Y, sin embargo, con el paso de las horas, todo ha sido nada. No hay confirmación alguna de la abolición y todo es una maraña de competencias y filtraciones. No ha sido una sorpresa, sin embargo, para los activistas y manifestantes que, desde el primer minuto, decían que se trataba de una estrategia de propagada de la República Islámica, con la que se trataba de ocultar el poder de las protestas, las condenas a los detenidos -incluso a muerte- y las nuevas movilizaciones de esta semana. “Una mentira absoluta”, como resume en Twitter Masih Alinejad, periodista y activista exiliada en Estados Unidos.

¿Quién dijo qué?

El anuncio se produjo supuestamente el sábado, en una reunión de funcionarios que pasaban revista a los últimos acontecimientos en las calles, donde desde hace casi tres meses se suceden las protestas, primero contra la muerte de Amini y el uso del velo por parte de las mujeres y, luego, contra el propio régimen. Ahora el movimiento contestatario es general, de mujeres y hombres, de todas las clases sociales y niveles de estudios, unidos por el grito único de “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Quien lo hizo fue el fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí. Consultado por la ausencia de Policía de la Moral en las calles -donde está perenne, vigilando a las iraníes, desde que se creó en 2005-, respondió que ese Cuerpo “no tiene nada que ver con el poder judicial y fue suprimido por los que lo crearon”. La agencia semioficial de noticias ISNA lo citó confirmando esta abolición, lo que fue replicado por medios locales y acabó saltando a los internacionales.

Sin embargo, no hubo confirmación del Ministerio del Interior ni del Consejo Supremo Cultural de la Revolución, que son los organismos de los que dependen estos policías. No se han pronunciado ni para bien ni para mal. Los medios oficiales, ya este lunes, replican que el fiscal no era responsable de supervisar la fuerza, que no es de su competencia y que se han malinterpretado sus palabras.

Este Cuerpo, el asesino de Amini, ha estado desaparecido de las calles del país desde que el caso salió a la luz y comenzaron a arder las calles, pero justo el medio reformista Hamminah ha publicado en las últimas horas que algunas de sus patrullas han vuelto a salir, tras el supuesto anuncio, informa Reuters.

“Mentiras”

¿Fue una mala interpretación de sus palabras? ¿Estaban fuera de contexto? No hay noticias de que Montazerí haya sido relevado de su cargo. ¿Es una filtración voluntaria e interesada de la propaganda oficial para calmar los levantamientos en curso? Esto último es lo que señalan los activistas, dentro y fuera de Irán. Alinejad recuerda que los manifestantes “quieren acabar con el régimen, no sólo con la Policía de la Moral”, y por eso defiende en un hilo de Twitter que la prensa occidental debe ser cuidadosa con anuncios de este tipo, porque pueden ser sólo una cortina de humo que tape todo lo demás que está pasando. Habla de “mentiras”, de “propaganda” y de “desinformación” y recuerda que en 2017 el régimen ya hizo el anuncio de que dejarían de sancionar el mal uso del velo y, bueno, ahí está el asesinato de Amini en este 2022.

“Las promesas vacías del régimen son una señal de desesperación de que el levantamiento continúa. La gente está unida en su demanda por el fin de la República Islámica”, añade.

“No compren las mentiras del régimen islámico”, “es el modus operandi de siempre”, “hablando del velo no se habla de torturar”, “nada ha cambiado”, se lee en mensajes en respuesta a este hilo, de iraníes de fuera del país y algunos de dentro, que pelean por contar lo que ocurre gracias a VPN, ante el veto existente.

Recuerdan que la Policía de la Moral no tiene 40 años largos, como la Revolución, pero no es más que un cuerpo que recoge la esencia de su pensamiento por lo que, de una manera u otra, con un nombre u otro, su labor será perpetua a la hora de perseguir a las mujeres. Los mulás que gobiernan se basan en el Resalah, los libros que determinan los aspectos de la vida diaria, pública y privada, de los ciudadanos, una visión que va a persistir mientras ellos sigan en el poder, denuncian.

Qué hace la Policía de la Moral

El pasado 16 de septiembre, al salir de una estación de metro, una patrulla policial de las que vigilan la indumentaria de las mujeres (que lleven el velo, que su ropa no sea ceñida ni corta ni de colores vivos, que su maquillaje sea comedido) detuvo a Mahsa Amini por mostrar supuestamente parte de su pelo, cuando el hiyab debe cubrir forzosamente el cuello y todo el cabello. Su hermano, de 17 años, trató de impedirlo, pero fue golpeado y desnudado en plena calle. A ella se la llevaron, estuvo tres días en coma y acabó muriendo en custodia. La familia no tuvo acceso a la autopsia y sólo vio su cuerpo ya amortajado. Las autoridades insisten en que la chica, de 22 años, tenía dolencias previas y murió de forma repentina, pero los suyos lo niegan.

Este caso y las protestas posteriores han traído a primera plana a la Policía de la Moral. Ya desde el 79, cuando cayó el sha y ascendieron los ayatolás, la vigilancia de las mujeres quedó a manos de las llamadas Patrullas de Orientación (Gasht-e Ershad), pendientes del recato y la modestia, como fija la sharia o ley islámica, designada como guía en el artículo 2 de la constitución patria. En 2005, se instauró la Policía como hoy se conoce.

La conducta en público de las iraníes es su objetivo, aunque oficialmente “promueven la virtud y previenen el vicio”. Habitualmente se despliegan en camionetas con agentes varones acompañados de varias mujeres con chador, se colocan en lugares bulliciosos (estaciones de metro como donde arrestaron a Amini, de tren, de autobús, plazas, cruces concurridos, centros comerciales) y llaman la atención sobre lo que no les cuadra.

En tiempos menos rigurosos que los actuales, se notificaba una sanción o se enviaba a las mujeres pecadoras a clase, a unos centros donde estaban 24 horas recibiendo lecciones sobre cómo deben ir. Las multas eran la penitencia más frecuente, pero se han multiplicado los casos de flagelaciones y de prisión. A las defensoras de los derechos de las mujeres que se han puesto a este control y a limitaciones como las educativas o familiares las han mandado a por latigazos y con penas más altas, como los 38 años que le impusieron a Nasrin Sotoudeh, uno de los rostros más conocidos de esta lucha.

Los ayatolás insisten en que “si las mujeres no visten como deben, los hombres podrían ser provocados y hacerles daño”, por lo que actúan “por su seguridad”. Eso justifica incluso que la policía de la moral venga de una fuerza paramilitar, que en los 80 hasta estuvo movilizada en la guerra Irán-Irak, y cuyos métodos son más que expeditivos. Mortales.

El Gobierno ya había endurecido recientemente el control para que las mujeres cumplieran con el código islámico, lo que multiplicó en los últimos meses las denuncias por el uso excesivo de la fuerza ejercido por la policía de la moral. “El 80% de las mujeres no cubre adecuadamente su cabello, así que ha sido una lucha”, señalaba días atrás en un comunicado Sepheri Far, investigadora especializada en Irán en la ONG Human Rights Watch y refugiada en EEUU.

La semana pasada, la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer, Ensieh Khazali, dijo que el hiyab era parte de la ley general de la República Islámica y que garantizaba el movimiento social y la seguridad de las mujeres.

La protesta no cesa

El anuncio que no fue ha encendido aún más los ánimos de los manifestantes. Se han convocado tres días de protestas, que evidencian que el pulso se mantiene, pese al paso del tiempo, y se consolidan como el mayor movimiento crítico desde que los ayatolás llegaron al poder. Este lunes se está celebrando una huelga, que los activistas dicen que está teniendo un importante seguimiento, mientras que mañana martes se han convocado manifestaciones en los barrios de la capital, Teherán, y ya el miércoles hay una convocatoria final en el centro de la ciudad. Convocan plataformas como los llamados Jóvenes de los Barrios de Teherán, apoyados en diversos grupos estudiantiles.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, sostiene que desde que comenzaron las manifestaciones más de 400 iraníes han muerto por la violencia policial en la calle o en custodia -de los que cerca de 60 eran menores de edad– y 15.000 más han sido detenidos. Se han documentado casos de torturas y agresiones sexuales como medios de amedrentar y conseguir información por parte de las autoridades.

Se calcula que hay 2.000 personas procesadas, sobre las que pesan cargos, y se desconoce cuántas de ellas están ya pagando pena de prisión. Al menos 21 de ellas corren el peligro de ser condenadas a pena de muerte. Ya hay al menos seis iraníes arrestados en esta crisis que han sido efectivamente condenados a la pena capital y el Poder Judicial ha confirmado este lunes que “pronto” se van a ejecutar estas penas. A estas personas se les acusa de una serie de delitos contra el Islam y la seguridad pública, que tienen etiquetas como “corrupción sobre la tierra” o “guerra contra dios”.

EFE rescata como botón de muestra el caso del fotoperiodista Ahmadreza Halabisaz, quien denunció la semana pasada que ha sido condenado a cinco años de prisión en un juicio en el que no contó con un abogado por cubrir las protestas.

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