Comentarios del Observatorio
Contundente retroceso de los Derechos Humanos, especialmente en materia de libertad de conciencia, con restricciones en materia de convicciones en general, y religión y moral en particular.
La ONU, su Alto Comisionado para los DDHH, así como la comunidad internacional en general, deberían expedirse e instar a Indonesia a la reconsideración de esta normativa.
La nueva norma, que se aplicará también a los extranjeros, desata las críticas de grupos civiles que temen la caída del turismo
El Parlamento de Indonesia aprobó este martes una polémica reforma de su código penal que hace retroceder a la mayor nación del sudeste asiático —con 272 millones de habitantes— varias décadas en los derechos alcanzados en materias de libertades sexual, religiosa y de expresión. La reforma, la más amplia en la historia del mayor archipiélago del mundo (con 17.000 islas) incluye artículos en los que se prohíbe el sexo extramarital, la cohabitación entre parejas no casadas, la apostasía o la difamación contra los dirigentes. Este recorte de libertades, promovido por su presidente, Joko Widodo, llega poco después de que el país y su mandatario recibieran un amplio reconocimiento internacional por la organización de la cumbre del G-20 que se celebró el pasado noviembre en Bali.
El nuevo código, que se aplicará tanto a indonesios como a extranjeros, ha sido aprobado con el apoyo de todos los partidos políticos a pesar de los temores de que la legislación ahuyente a los turistas de sus paradisíacas costas tropicales y perjudique las inversiones. Decenas de ONG y grupos civiles han salido a las calles a denunciar los cambios, según informa la prensa local.
“Han sido 59 años de espera”, declaró el viceministro de Derecho y Derechos Humanos, Edward Omar Sharief, después de que la Cámara de Representantes votase por unanimidad a favor del nuevo código penal, que entrará en vigor en 2025, para permitir que se redacten los reglamentos de aplicación. Por su parte, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de la revisión del nuevo texto, Bambang Wuryanto, expresó que “el código antiguo era un vestigio de la era de dominación colonial holandesa, y ya no tiene cabida”.
Entre las cláusulas “morales” más criticadas figuran la pena de hasta un año de prisión por practicar sexo fuera del matrimonio (en cualquiera de sus formas) y el castigo con seis meses de cárcel a las parejas que viven juntas sin casarse. Actualmente, Indonesia, el país con la población musulmana más grande del planeta y de tradición liberal, prohíbe el adulterio, pero no las relaciones prematrimoniales. En 2021 el velo o hiyab dejó de ser obligatorio en las escuelas.
Albert Aries, portavoz del Ministerio de Justicia, ha declarado que solo podrá denunciar el padre, el cónyuge o el hijo de los presuntos infractores de estas regulaciones morales: “El objetivo es proteger la institución del matrimonio y los valores indonesios, al tiempo que se protege la intimidad de la comunidad y se niega a terceros el derecho de denunciar este asunto o a hacer de jueces en nombre de la moralidad”, afirmó.
Grupos a favor de los derechos humanos afirman que estas leyes afectan de forma desproporcionada a las mujeres, las personas LGTBI y las minorías étnicas del país. Phil Robertson, director adjunto para Asia de la organización proderechos humanos Human Rights Watch, ha denunciado a través de Twitter este paso: “Indonesia propone avanzar por la senda del desastre y de la violación de derechos al penalizar las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esta escandalosa propuesta de código penal viola las normas internacionales de derechos de privacidad y dañará gravemente al país”.
Otros de los cambios legales que, según los críticos, socavan las libertades civiles en la tercera mayor democracia del planeta son la condena de entre 18 meses y tres años entre rejas por “atentar contra la dignidad” del presidente o el vicepresidente o insultar a las instituciones del Estado; la ilegalización de la apostasía; la pena de hasta seis años de cárcel por propagar noticias falsas y la prohibición de difundir opiniones contrarias a la ideología del Estado u organizar protestas sin notificación previa.
En respuesta a las críticas que vienen resonando desde la semana pasada, el ministro de Derecho y Derechos Humanos, Yasonna Laoly, expuso este martes ante los legisladores que “no es fácil para un país multicultural y multiétnico elaborar un código penal que pueda acomodar todos los intereses”.
El Gobierno indonesio llevaba décadas discutiendo una revisión del código penal. En 2019, las enormes protestas, tras anunciarse la reelección de Joko Widodo, vencedor de los comicios presidenciales del 17 de abril, detuvieron la aprobación de la nueva norma. Desde entonces, los legisladores han tratado de suavizar algunas de las disposiciones. Sin embargo, Widodo ha instado al Parlamento a aprobar el proyecto de ley este año, antes de que se caldee el clima político de cara a las elecciones presidenciales previstas para principios de 2024.
Este martes, varios periódicos nacionales han condenado en sus editoriales las nuevas leyes. El diario Koran Tempo sostiene que el código tiene “tintes autoritarios”, mientras que el Jakarta Post expresa su “profunda preocupación” ante la futura aplicación del texto.
La industria turística también ha mostrado su rechazo a la ley, que llega en un momento en el que la economía y el turismo empiezan a recuperarse tras la pandemia. Maulana Yusran, subsecretario de la Asociación Turística del país, considera que el nuevo código es “totalmente contraproducente” y lamenta “que el Gobierno haya cerrado los ojos”, cita la agencia Reuters. Desde el estallido de la crisis sanitaria, Indonesia, y especialmente la isla de Bali, ha intentado atraer a “nómadas digitales” a que se establezcan en sus costas ofreciendo un visado más flexible. Y se espera que para 2025 se alcancen los niveles de turismo anteriores a la pandemia, de unos seis millones de visitantes solo para Bali.
