Desde el Observatorio de la Laicidad asistimos con estupor y enrome preocupación a las decisiones judiciales que se están dando ante el uso de símbolos religiosos por parte de la Administración.
Un caso paradigmático es el del crucifijo en los Plenos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y el Reglamento de Protocolo del mismo Ayuntamiento, unos hechos denunciados por MUHEL por atentar al principio constitucional de aconfesionalidad del Estado, cuando un símbolo religioso católico preside un acto de la vida política y ciudadana de Zaragoza.
Sin embargo, la tutela jurídica del juzgado, no sólo no se hace efectiva, sino que el juez entra en valoraciones ideológicas personales o de intenciones, y no se centra en los hechos objetivos que deben ser el motivo de su resolución.
Así nos encontramos que la laicidad del Estado se ve empañada no sólo por las decisiones arbitrarias y anticonstitucionales de los políticos, sino que la justicia se alinea con ellas en un intento de defender posturas personales y creencias particulares.
Por ello desde el Observatorio de la Laicidad nos unimos a la convocatoria de MHUEL para afirmar el laicismo como única garantía para la convivencia democrática.
