Los convocantes recurrirán al TSJM y estudiarán mantener la manifestación pese a no tener permiso
La Delegación del Gobierno ha prohibido la celebración de una manifestación convocada por varias asociaciones de ateos el Jueves Santo, argumentando que se trata de una fecha "de especial significación para los católicos", cuya liberad religiosa se debe proteger, y que podría alterar el orden público. El organismo que dirige Cristina Cifuentes también ha achacado a la marcha una "evidente voluntad de provocación" a los cristianos. Los convocantes de la marcha han tachado ya la decisión de "política" y "antidemocrática" y se reunirán para decidir si la recurren y, en caso de que no se autorice, si la celebran igualmente.
Entidades como la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y la Asamblea Vecinal la Playa de Lavapiés habían pedido a la Delegación permiso para llevar a cabo, el 5 de abril, una manifestación por el barrio de Lavapiés para protestar contra los “privilegios económicos” de la iglesia católica.
Peligro real
Según ha informado hoy la Delegación, que abre la puerta a que la marcha se celebre en otra fecha, la decisión de prohibir que tenga lugar el Jueves Santo se apoya en los informes emitidos por el Ayuntamiento de la capital, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Abogacía del Estado, que coinciden en que esa manifestación “no debe llevarse a cabo”. La resolución se basa “en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa, y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados”.
“Riesgo de alteraciones de orden público”
Especifica que los informes del Ayuntamiento de Madrid, de la Policía Nacional y de la Abogacía del Estado coinciden en que la manifestación “no debe llevarse a cabo por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público y afectar negativamente a la movilidad de la zona centro”. La Delegación del Gobierno relata que en la marcha concurren “seis datos objetivos”, el primero de ellos que el Jueves Santo es “un día de especial significado para las personas que tienen unas determinadas creencias religiosas”.
Proteger a los turistas
Además, el lugar elegido es céntrico y por el mismo “transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores”, y la hora coincide con procesiones y con otros actos religiosos que se celebran en las iglesias existentes en ese entorno, “a las que acuden gran cantidad de feligreses”. La Delegación argumenta asimismo que la Semana Santa atrae a múltiples turistas a la capital que quieren ver las procesiones por su significado tanto religioso como cultural.
Decisión “antidemocrática”
Los convocantes de la manifestación atea consideran la prohibición como una decisión “política” y “antidemocrática” y se reunirán para decidir si la recurren y, en caso de que no se autorice, si la celebran igualmente. El presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Luis Vega, ha explicado que los convocantes están “totalmente en desacuerdo” con la resolución de la Delegación, que consideran “política”, “antidemocrática” y que en su opinión “cuestiona el Estado de Derecho y la aconfesionalidad”.
“No es una provocación”
Vega ha incidido en que la manifestación “no se puede hacer otro día” porque “se trata de protestar contra los privilegios de la iglesia en un día significativo para la iglesia, y además el Estado no debe ceder ningún día a la iglesia”, ya que “todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse cualquier día de año”. Ha asegurado que la convocatoria de una manifestación atea el Jueves Santo “no es una provocación”, ya que los convocantes son “muy respetuosos con las diferentes creencias”, aunque sí que quieren dejar claro que “otra cosa es que esas creencias se impongan a los demás”.
Decidirá la asamblea
Por todo ello las asociaciones convocantes -que son varias aunque en la comunicación presentada en la Delegación del Gobierno sólo figuran AMAL y la Asociación Playa de Lavapiés-, se reunirán mañana para decidir si recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Una vez tomada esta decisión se debatirá en asamblea si, en el caso de que se prohíba definitivamente la manifestación, la marcha se llevaría a cabo igualmente. “En principio, nosotros somos partidarios de celebrar la marcha (aunque no se autorice), aunque es algo que se tendrá que decidir en asamblea”, ha dicho Vega.
Los “posibles incidentes”
El presidente de AMAL ha incidido en que la resolución de la Delegación del Gobierno “no tiene base legal ni argumento sólido”, ya que “alude a posibles incidentes”, cuando las organizaciones convocantes “son legales y nunca se las ha podido acusar de violencia o provocación”. Ha criticado asimismo que la Delegación argumente que la marcha pasaría por calles de Lavapiés en las que hay iglesias, ya que “todo Lavapiés está lleno de iglesias y de calles de santos”, lo que no impide que se autoricen manifestaciones.
Recurso al TSJM
Vega se ha preguntado “por qué el año pasado se prohibió una marcha atea convocada también para el Jueves Santo, pero se permitió celebrarla un mes después, con el mismo recorrido”. Ha confiado en que, si recurren ante el TSJM, este tribunal les de la razón en esta ocasión, y no como ocurrió el año pasado, cuando avaló los argumentos de la Delegación.
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