Un informe de la ONG Breaking The Silence denuncia que «los derechos básicos se convierten en privilegios que hay que solicitar al soberano, que concede o no a discreción».
Las fuerzas de Israel a cargo de los asuntos civiles de los territorios ocupados «controlan» y «discriminan» a los palestinos a través de un sistema arbitrario de permisos, castigos colectivos y despojo de sus tierras, denunciaron soldados israelíes, en testimonios anónimos publicados este lunes.
Según los entrevistados, una de sus principales tareas es operar un sistema de permisos que se instauró para que los palestinos puedan —o no— acceder a las cuestiones más básicas de la vida cotidiana. Desde obtener terrenos de propiedad privada, importar o exportar determinadas mercancías —incluyendo alimentos—, acceder a recursos naturales o construir infraestructuras civiles, hasta transitar por Israel con fines laborales, médicos o familiares.
Según uno de los testimonios, se llegó al «absurdo» de obligar a una familia palestina a pedir permiso, diariamente, para entrar en su propia casa, que quedó del lado israelí del muro que separa a Cisjordania ocupada. La prestación de derechos y servicios públicos es un deber de Israel como potencia ocupante, pero bajo el régimen de permisos, «los derechos básicos se convierten en privilegios que hay que solicitar al soberano, que concede —o no— a discreción», asegura la ONG, al denunciar «un instrumento para controlar los aspectos personales, colectivos, económicos y políticos de los palestinos».
La ONG denuncia que «los derechos básicos se convierten en privilegios que hay que solicitar al soberano»
Además, en muchas ocasiones los palestinos reciben negativas a sus solicitudes, sobre todo para transitar por Israel, sin posibilidad de impugnar esa decisión. En la mayoría de los casos —cientos de miles según los testimonios— los permisos son negados por razones «de seguridad», es decir, debido a la sospecha de que la persona en cuestión o sus familiares o sus vecinos o los habitantes de su pueblo estén implicados en acciones que Israel considera terroristas.
Esto «sirve como disuasión, intimidación o castigo colectivo, y tiene repercusiones dramáticas», asegura la organización, al subrayar que muchos palestinos viven con una «sensación de arbitrariedad e incertidumbre». Israel controla casi todos los cruces terrestres y espacios marítimos, aéreos y digitales de la Franja de Gaza, regulando prácticamente todos los movimientos de personas y mercancías.
En la mayoría de los casos niega los permisos de cruce a los gazatíes, y lo hace muy difícil para el personal de organizaciones internacionales, asegura el reporte, al denunciar que «en nombre de la seguridad, Israel limita la entrada de diversos bienes y artículos», incluyendo insumos médicos, por considerar que ciertos materiales son de «doble uso», es decir, que pueden utilizarse con fines militares y civiles. Esto agrava la crisis «humanitaria y sanitaria de Gaza», sostiene el informe.
Ayudar al enemigo
Los testimonios revelaron que, bajo la retórica israelí, muchos militares perciben la concesión de permisos como una ayuda al enemigo, una «mentalidad que crea un conflicto inherente en la función oficial de los soldados: prestar servicios públicos en beneficio de la población palestina«, revela el reporte.
Los palestinos son percibidos «como menos importantes, de clase baja. Están deshumanizados», contó un solado, que reconoció maltratos y una «completa falta de empatía» por parte de los uniformados. Otro militar se vio fuertemente afectado por esta situación: «Me odiaba a mí mismo, odiaba al país, odiaba al ejército», admitió.
Ocupación israelí
En la llamada zona C de Cisjordania ocupada, que está bajo control militar y administrativo de Israel, los soldados «realizan esfuerzos constantes para reducir la presencia palestina» al tiempo que promueven asentamientos de colonos judíos, considerados ilegales por el derecho internacional, recalca el informe.
Constantemente, los palestinos son desalojados de sus tierras con diferentes argumentos: al declararlas zona de entrenamiento militar israelí o demoliendo sus viviendas porque no cuentan con los permisos israelíes de construcción, casi imposibles de conseguir. Además, según los testimonios recabados por Breaking the Silence, existen «estrechos vínculos» entre los colonos judíos y el personal de la Administración Civil de Cisjordania (que depende del COGAT), cuyos mandos «consideran que cumplir con las exigencias de los colonos es un deber profesional».
En Cisjordania viven unos 430.000 colonos, más otros 200.000 en Jerusalén Este y 30.000 en el Golán
Así, los soldados facilitan y promueven los asentamientos judíos, que a diferencia de los palestinos, no necesariamente deben contar con permisos, se benefician de generosos terrenos y acceso a servicios públicos. La Administración Civil «se ha convertido en un brazo civil-militar» que «apoya la ocupación a largo plazo y allana el camino a la anexión» de los territorios palestinos, plantea el informe.
En respuesta al reporte publicado por la ONG israelí, el COGAT enfatizó hoy que sus soldados, oficiales y empleados trabajan con «profesionalismo, valores y equidad» y en base a los procedimientos y órdenes estipulados por la ley. «Que quede claro que la organización siempre examina y maneja concienzudamente los casos que involucran desviaciones de los procedimientos, la ley o las órdenes. Tales casos son excepciones y no reflejan las prácticas de la Administración Civil», agregó el organismo, que describió el informe de Breaking the Silence como un intento infundado de poner en duda la integridad y el trabajo su personal. Se estima que en Cisjordania viven unos 430.000 colonos, más otros 200.000 en Jerusalén Este y 30.000 en el Golán.
