Sandra Mazo, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, reflexiona sobre los resultados de una encuesta que revela la cifra y critica la posición del presidente sobre el tema: “Los pronunciamientos de Iván Duque son ilegítimos”
El presidente Iván Duque termina su mandato desconociendo el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24. Desde que los magistrados dictaron la histórica sentencia, en febrero pasado, Duque ha aprovechado cualquier escenario para rechazar públicamente la decisión del tribunal. El pasado 6 de julio, el día de la libertad religiosa, el presidente insistió en algo que ya había dicho en el pasado. Equiparó la interrupción del embarazo con un método anticonceptivo y aseguró que el “aborto no es un derecho”. “Si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto. No existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar a la sociedad”, dijo ante un auditorio repleto de líderes religiosos que le aplaudieron cuando se reconoció como un “defensor de la vida”.
Sandra Mazo, coordinadora del grupo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), califica de “preocupante” el desconocimiento de Duque del fallo de la Corte Constitucional porque ha puesto sus creencias por encima de la ley. “Sus pronunciamientos han sido ilegítimos, han desobedecido el fallo de la Corte y han desinformado porque ha mezclado religión con derechos”, dice Mazo, vocera de la asociación de católicas, que este jueves presenta los resultados de una encuesta a creyentes de alguna religión sobre derechos sexuales y reproductivos.
El estudio, a cargo de la encuestadora Napoleón Franco, revela que el 63% está de acuerdo con el aborto en situaciones específicas y el 9% considera que debe estar permitido en todos los casos. Siete de cada 10 esperan que con la aprobación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo se respetará el derecho a decidir y morirán menos mujeres en la clandestinidad. Ninguno de los encuestados considera que un sacerdote o pastor debe participar en la decisión de una mujer sobre la interrupción del embarazo. “Mientras los creyentes avanzan, la Iglesia se queda atrás”, dice Mazo.
“La forma como se ha posicionado la conversación sobre el aborto en Colombia ha permitido que las personas se muevan hacia una mayor favorabilidad en las tres causales. Eso ha sido un avance, cuando se consiguió esa despenalización parcial, en 2006, el rechazo era total”, señala. Para la agrupación que representa, el mayor contrapeso a la decisión de la Corte no ha venido, sin embargo, de la Iglesia, sino de personas laicas, de grupos “provida” y de figuras públicas, como el presidente Iván Duque, cuyo Gobierno se ha opuesto a la decisión del tribunal. Hace un mes se conoció un concepto que envió el Ministerio de Justicia a la Corte para apoyar una petición que busca anular la sentencia. “Siempre he sido una persona provida, creo que la vida comienza desde la concepción y fui respetuoso de las tres causales”, dijo Duque en febrero, cuando la Corte falló a favor de la despenalización hasta la semana 24.
Los movimientos de derechos humanos y defensoras del aborto, como Católicas por el derecho a decidir, confían en que el gobierno entrante garantice el cumplimiento de la sentencia y atienda el llamado de la Corte, y promueva una política pública en derechos sexuales y reproductivos. “Fue un compromiso de campaña, esperamos que sea una de las prioridades del Gobierno”, señala Mazo.
La encuesta, realizada en seis países, mostró en Colombia que nueve de 10 personas está de acuerdo con que haya educación sexual en los colegios, el 60% considera que es un derecho de los niños y niñas que las escuelas deben garantizar y el 51% cree que se debe impartir educación sexual desde la escuela primaria. “Con el nuevo presidente vemos una oportunidad para que lograr que en el país disminuyan los embarazos no deseados y las mujeres puedan tomar decisiones libres. La maternidad debe ser voluntaria”, dice Mazo.
