En 2021, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cerró la puerta a introducir el aborto terapéutico en un paquete de reformas constitucionales
La Justicia de El Salvador ha aplicado la pena más alta a una joven de 21 años tras sufrir un aborto al condenarla a 50 años de prisión. Su ‘delito’ fue sufrir una emergencia obstétrica cuando tenía 19 años, lo que le provocó la pérdida de su bebé, si bien un juez de San Miguel la condenó el pasado 29 de junio por homicidio agravado, cuando en un principio fue procesada por aborto. De esta manera, ha sido la primera vez que la justicia salvadoreña ha condenado a la pena máxima de cárcel a una mujer por padecer un aborto.
Esta sentencia ha provocado el rechazo de organizaciones de mujeres del país centroamericano, que ya han anunciado que apelarán el fallo al considerarlo «desproporcionado» porque «refleja el ensañamiento de la Fiscalía contra las mujeres empobrecidas que se enfrentan a emergencias de salud durante su embarazo».
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la joven condenada procede de una familia muy humilde del oriente de El Salvador que subsiste del trabajo agrícola. Así, reveló que Lesli «no tuvo acceso a educación de calidad, pues tuvo que asumir las tareas del hogar y cuidar a sus cuatro hermanos menores de edad», dado que su familia vive en «situación de pobreza extrema, no tiene acceso a agua potable ni electricidad y no cuenta con una vivienda digna».
Así, indicó que la joven, a sus 19 años y sin haber recibido educación integral de la sexualidad, «desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo», por lo que el 17 de junio de 2020 a las 21.30 horas, «tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseos de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto». De este modo, la citada entidad detalla que «fue a la letrina y en ese momento tuvo un parto precipitado expulsando la criatura en gestación».
De este modo, salió en busca de ayuda de sus familiares, mientras que los vecinos llamaron a la policía que la llevó al hospital y «allí comenzó su tránsito del hospital a la cárcel». La primera audiencia tuvo lugar el pasado 26 de junio de 2020, si bien, según recordó la mencionada Agrupación, Lesli no pudo estar presente debido al «deterioro en su salud por la emergencia obstétrica, ya que había recibido tres transfusiones de sangre». Sin embargo, en esa audiencia, el juez decretó instrucción formal con detención provisional.
En este sentido, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto denuncia que el proceso jurídico contra la joven estuvo «lleno de irregularidades y prejuicios», razón por la cual su defensa solicitó anular la etapa de instrucción debido a que el juez «no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia, dado que no valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de género a la que Lesli había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico».
A pesar de todos estos «vacíos y dudas», la Agrupación censura que el juez la condenó a 50 años de prisión, la pena más alta que se ha aplicado en la historia de El Salvador a una mujer tras sufrir una emergencia obstétrica. Además, critica que el magistrado basó su decisión en «meros prejuicios de género» al haber afirmado que «las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue». Por otro lado, considera que esta sentencia es contraria al reciente fallo en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado de El Salvador y se le exigió «no perseguir y criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas».
«TRISTE HISTORIA» DE EL SALVADOR
La Presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera, ha condenado el fallo y ha anunciado que seguirán luchando «hasta que ninguna mujer que enfrente emergencias de salud durante el embarazo sea criminalizada». En esta línea, ha lamentado que, a pesar de que se ha tratado de cerrar la página de la «triste historia» de El Salvador que condena «injustamente» a mujeres empobrecidas por emergencias obstétricas, el Estado salvadoreño «continúa, una vez más, ensañándose con mujeres que no han tenido derechos ni condiciones para defenderse». No obstante, ha avisado de que, a pesar de estas «voluntades penalizadoras, vamos a cambiar esta realidad, porque somos capaces de imaginar un mundo más justo».
En agosto de 2021, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cerró la puerta a introducir el aborto terapéutico en un paquete de reformas constitucionales. «Ustedes me conocen desde hace años y saben que no propondría esas cosas, por más presiones internacionales que tenga», expresó en su día el mandatario en redes sociales. Así, quiso dejar claro que ha decidido «para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción)».
De esta manera, Bukele cedió a las presiones de la Conferencia Episcopal de El Salvador que se opuso a los cambios en la Constitución propuestos por un grupo de juristas liderados por el Vicepresidente del Gobierno. «Como cristianos, estamos absolutamente a favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural», aseguró la Conferencia Episcopal.
Concretamente, la reforma que se pretendía introducir hacía referencia al «derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante», lo que suponía de facto introducir la posibilidad del aborto terapéutico cuando la vida de la madre esté en peligro. Desde 1998, el aborto está prohibido en todos los supuestos, incluso el de la violación o si hay riesgo para la vida o salud de la madre, bajo pena de prisión de seis a ocho años, en caso de un aborto, que se elevan a entre 30 y 40 años por un delito de homicidio agravado en caso de que sea un parto extrahospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semanas y aunque sea accidental.
En los últimos años, la justicia salvadoreña ha ido excarcelando a algunas de las 17 mujeres que aún permanecían en prisión tras ser condenadas con hasta 35 años de reclusión, si bien ésta es la primera vez que la justicia eleva la pena de cárcel hasta los 50 años. Estas excarcelaciones, que han beneficiado a más de 40 mujeres privadas de libertad tras perder a sus bebés en un parto extrahospitalario, han sido posibles gracias al trabajo de la citada Agrupación Ciudadana creada hace más de una década por un equipo de abogadas que se encargaron de investigar cuántas mujeres estaban condenadas tras sufrir una emergencia obstétrica.
La última en ser liberada fue Jacqueline, una joven que pasó diez años y nueve meses en prisión acusada del delito de homicidio en grado de tentativa por «querer abortar». En principio, fue condenada en diciembre de 2011 a 15 años de cárcel tras enfrentar un parto extrahospitalario en julio de ese año y, a pesar de que su hija sobrevivió, cuando buscó ayuda médica para ambas fue detenida por agentes policiales.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en diciembre de 2021 al Estado de El Salvador por la «criminalización arbitraria» de Manuela, quien fue privada de libertad, tras intentar acceder a servicios de salud reproductiva en un hospital público cuando enfrentó una emergencia obstétrica.
Concretamente, Manuela acudió en 2008 a un hospital público del país centroamericano tras sufrir un aborto espontáneo. Allí fue detenida y la trasladaron directamente a prisión tras ser denunciada por el personal médico que la atendió durante la emergencia obstétrica. Posteriormente, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio y en 2010 falleció en la cárcel por un cáncer dejando huérfanos a sus dos hijos. Pese a esta condena al Estado de El Salvador, el país continúa criminalizando a las mujeres que sufren una emergencia obstétrica quienes tienen la espada de Damocles de poder acabar en prisión.
