Un acuerdo extrajudicial por 28 millones de pesos es parte de las medidas de reparación ofrecida por la Congregación Marista a las casi 30 víctimas de abusos sexuales, reconocidas en un reciente informe elaborado por una Comisión de Acogida. Un proceso que ha sido cuestionado por los sobrevivientes que ponen en tela de juicio el verdadero sentido de la reparación, los montos asignados, las reales intenciones que hay detrás del pago y las contradicciones respecto a recibir o no el dinero.
“Estimado Jaime. Soy el hermano Patricio, con respeto y sencillez quiero tomar contacto contigo para que podamos acordar un encuentro”. Así partía el correo electrónico que le llegó a Jaime Concha el lunes 28 de marzo de este año.
Era una invitación del Viceprovincial de los Hermanos Maristas para reunirse de manera “personal” tras recibir el informe de la Comisión de Acogida, entidad externa encargada de redactar una propuesta de reparación a los sobrevivientes de abusos sexuales al interior de la Congregación. Alrededor de 30 casos repartidos en un periodo de cuatro décadas, acaso la acusación más numerosa sobre vulneración de infancias en contra de una organización religiosa en el país.
Concha aceptó la invitación y acordó estar allí el sábado 2 de abril junto a su hermano. En la casona de calle Santa Mónica, la exsede del postulantado de novicios, los recibió el Viceprovincial Patricio Pino, máxima autoridad en Chile, y José Villar Suárez, un abogado exalumno del Instituto Alonso de Ercilla y actual representante legal de los Maristas.
En la exsede formativa los esperaban con galletas y bebidas. “Lo primero que me chocó fue llegar a un lugar desconocido y que ellos te traten como si fueras llegando a una convivencia, cuando se supone que nos citaron para discutir una propuesta de reparación”, recuerda.
El Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamientos a Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile, en octubre de 2021, elaboró un documento con recomendaciones para autoridades eclesiásticas sobre reparación en base a tres principios orientadores: respeto a la dignidad de la persona, responsabilidad personal del ofensor y la exigencia evangélica del cuidado.
No fue precisamente eso lo que sintió Jaime Concha aquella vez. Recuerda que le pidieron perdón por lo que “había pasado”. Una frase inesperada que lo dejó pensando. “Pedirte perdón por lo que pasó, sin asumir ninguna responsabilidad, como si a mí me hubiera partido un rayo o me hubieran atropellado en la calle. Lo mínimo que esperaba era que la Congregación, a nombre del Instituto Alonso de Ercilla y de la Iglesia Católica, pidiera perdón por los abusos sistemáticos de los que fui víctima. Eso nunca lo han dicho”.
La congregación Marista, al ser requerida sobre el significado real del perdón, aseguró a El Desconcierto que se hizo individualmente y que además se presentó un “esquema de reparación de carácter ético, económico y simbólico”. “Es un proceso en desarrollo, necesario y justo de reconocimiento a las víctimas”, expresaron.
Jaime Concha, Sobreviviente caso Maristas.
Concha recuerda que esa vez las autoridades se ufanaron en ver el lado positivo de las cosas, diciendo que gracias a lo que les había pasado a las víctimas, pudieron mejorar los protocolos en los colegios. Que por eso ahora los niños iban a contar las cosas antes y no cuando fueran adultos. “Lo encontré indignante. Nos transfirieron la culpa a nosotros, como si eligiéramos callar hasta ser adultos. Las víctimas hablamos cuando podemos, no cuando queremos”, les dijo.
Detrás de toda esa puesta en escena, lo que primaba en el fondo era una propuesta de reparación económica, presentada oficialmente como “una transacción extrajudicial” por la suma de 28 millones de pesos, ofrecidos como “compensación simbólica, única y total”, según reza el documento oficial al que tuvo acceso El Desconcierto.
La indemnización contemplaba 25 millones por daño sufrido y tres por gastos de salud y rehabilitación, monto idéntico para todas las víctimas, sugerida por la Comisión de Acogida, integrada por la psicóloga Ana Karina Árroz, la asistente social María Luisa Sepúlveda y el abogado Lucas Sierra.
El documento señala que los relatos, coincidentes en tiempo y lugar, se consideraron plausibles y que la Congregación no admitía ser responsable legal “de los daños y perjuicios que pudiesen haber sufrido las víctimas”. El contrato asume, además, que la aceptación de esta indemnización obliga a dejar de apoyar financieramente a las víctimas y pone término a cualquier litigio entre las partes sobre imputaciones de responsabilidad civil.
El acuerdo en el fondo prohibía a las víctimas avanzar en cualquier tipo de demanda civil. Eso fue lo que entendieron. Y otra encrucijada no menor: aceptar o no el dinero.
Viejas heridas
El escándalo en torno a los casos de abusos sexuales en la Congregación de los Hermanos Maristas, se destapó luego de un reportaje aparecido en El Rancaguino el 26 de agosto de 2017. En la oportunidad se confirmaron cuatro casos en contra de exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla y el Colegio Marcelino Champagnat de la Pintana, cometidos por el hermano Abel Pérez, quien habría confesado los hechos al Provincial Marista Antonio Peralta en el año 2010, siete años antes de poner los antecedentes en la justicia.
Bastó ese primer reportaje para que los casos explotaran. Al poco tiempo se supo de un acuerdo extrajudicial entre la Congregación y Hernán Martínez, supuesto representante de 14 víctimas, a quien se le pagó 75 millones de pesos a modo de indemnización. En una entrevista aparecida con posterioridad, Martínez aseguró que él no representaba a nadie, que una parte del dinero lo entregó a una ONG y el resto habría quedado en su poder.
La Fiscalía Metropolitana Sur comenzó una investigación en agosto de 2017, luego que la propia Congregación denunciara a la justicia los abusos cometidos por Abel Pérez. Un año después, la indagatoria sumaba más de 30 denuncias. Solo en la investigación canónica, Pérez reconoció haber abusado de al menos una treintena de menores en todos los colegios por donde pasó.
En marzo de 2018, cinco víctimas de abusos por parte de religiosos Maristas, entre ellos Jaime Concha y Eneas Espinoza, presentaron la primera querella criminal en contra de la Congregación por los delitos de asociación ilícita, violación, abuso sexual y favorecimiento a la prostitución de menores. Entre los religiosos mencionados en el documento judicial aparecen los hermanos Adolfo Fuentes, Abel Pérez, Germán Cháves, el sacerdote Capuchino Sergio Uribe y el exsacerdote de la Vicaría de la Solidaridad Cristián Precht.
Un mes después, otros tres sobrevivientes del caso Maristas -Gonzalo Dezerega, Isaac Givovich y Eladio Valdés- presentaron una nueva querella en contra de los hermanos Abel Pérez y Adolfo Fuentes por los delitos de abuso sexual y violación. “No creemos que esta Congregación haya sido concebida para abusar de niños, son criminales que abusaron reiteradamente de nosotros”, comentó en la oportunidad Givovich.
El 25 de mayo de 2021, finalmente, la Fiscalía acreditó a partir de la investigación realizada por los persecutores Héctor Barros y Yazmín Salech, la existencia de 28 víctimas de diversos ilícitos, cometidos por al menos 17 miembros de la Congregación Marista, entre los años 1970 y 2004.
Los hechos se habrían cometido cuando las víctimas tenían entre 7 y 25 años, situación que debido a la fecha en que sucedieron, fueron derivados al 34 juzgado del crimen de Santiago para ser analizados por la justicia antigua. “Ya que los delitos se cometieron con anterioridad al inicio de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana. Estos antecedentes fueron comunicados a las víctimas”, comentó entonces el fiscal Barros.
Casi cinco años han pasado desde que se conocieran los primeros casos y todavía no existe una resolución penal al respecto. En el camino han muerto varios hermanos maristas involucrados y la única respuesta concreta hasta ahora es la propuesta de reparación de la Comisión de Acogida.
Una instancia que lejos de cerrar un ciclo para los afectados, ha vuelto a abrir viejas heridas.
Episodio desastroso
Gonzalo Dezerega, abusado en el año 1975 por el hermano Abel Pérez, tuvo que esperar 47 años para obtener una respuesta de la Congregación encargada de educarlo. El exalumno del Instituto Alonso de Ercilla también llegó con su abogado a la reunión con el Viceprovincial Patricio Pino, el 29 de marzo a las 15 horas. Sobre la experiencia vivida no duda en calificarla como “más de lo mismo”.
-Los gestos son gestos- dice. Tú no los haces a cambio de algo, después de esperar años, anunciándolos con bombos y platillos, y al final no hacen nada. ¿Para qué sirvió?, para seguir revictimizándonos y continuar riéndose de los sobrevivientes.
Dezerega acudió a la reunión tras la publicación de un inserto en El Mercurio en marzo de este año, cuando la Comisión de Acogida informó su disolución tras cuatro meses de trabajo, cerrando el proceso con un informe donde planteaba un conjunto de “medidas de reparación”. “Algunas son económicas, otras se refieren a materias de salud, algunas tienen un carácter simbólico, otras tienen que ver con apoyo espiritual y pastoral”, se lee en el inserto.
Una situación que a los sobrevivientes de abusos eclesiásticos los mantuvo en vilo en espera de las reuniones. Expectativas que fueron aterrizadas bruscamente y que dejaron a varios insatisfechos. Entre ellos a Gonzalo Dezerega, quien luego de escuchar la cifra ofrecida como “compensación” realizó un rápido cálculo matemático en su cabeza.
-Saqué la cuenta de las lucas por año, desde que me hicieron el daño, y me dieron casi 500 mil pesos anuales. Les parece lógico, les pregunté, si la colegiatura mensual del colegio hoy es de 350 mil pesos. Son migajas.
-¿Te hablaron de acompañamiento pastoral?
Nada. Lo único que hicieron fue ofrecer una transacción económica. Fue un episodio desastroso, una burla. Yo escuché primero, y después me desahogué. Porque aparte de las lucas, no hubo ningún otro gesto. Una carta a la familia, una placa en los colegios. Nada de nada.
Cuando el abogado solicitó otra reunión para negociar, el Viceprovincial Patricio Pino –“con cara de Póker”-, le sugirió conversar con el abogado Alejandro Peña, el exfiscal del caso bombas que asesora a los maristas. “Imagínate, nos mandan a hablar con el chico Peña”, dice Dezerega todavía incrédulo.
-Fue una situación ingrata- resume. Decepcionante.
Eneas Espinoza tuvo una reunión telemática desde Argentina y el tenor fue el mismo. Una propuesta de 28 millones de pesos, a cambio de no demandar civilmente a los Maristas. “La reunión fue en términos absolutamente materiales. Tómalo o déjalo. Si no te gusta, estás en tu derecho. Y la oferta va a quedar aquí. Cuando quieras la aceptas, mientras te iremos descontando las terapias”.
Una propuesta que para Espinoza no paga el daño, dolor y lucro cesante desde que fue víctima de abuso en el año 1979. “¿Qué terapia paga eso?”, se pregunta hoy. “Ni se acerca un poco, a una cuestión ética, respecto a una cifra razonable o lógica”. La razón detrás de esta decisión, según Eneas, no es otra que el simple aprovechamiento.
– Es bastante lógico que se aprovechen del estallido social y pandemia, y después digan vamos a ofrecer tal cantidad, que para ellos son migajas, y esperar que aceptemos para no pasarnos otros seis años en tribunales. La iglesia piensa en siglos, mientras uno tiene vida corta.
“Sabemos que esta decisión llega tarde”, respondieron los maristas al ser requeridos por este medio. “Y que no será suficiente para mitigar el dolor y el sufrimiento que han padecido -por años- quienes fueron dañados por estas vulneraciones que son delitos, pero esperamos que en algo contribuya para que -de alguna forma- puedan continuar a otra etapa de sus vidas con esperanza”.
Eneas Espinoza no se cree el cuento. “Llevamos años con esta historia”, dice. “La mayoría de nosotros tiene 50 años o un poco menos. Cualquier abogado de la plaza te dice que una demanda civil dura entre seis o 10 años. Fue una jugada inteligente, porque en todos estos años ganaron tiempo. Por eso algunos sobrevivientes han aceptado, porque tampoco saben si en seis años más van a estar vivos”.
A propósito de todas las suspicacias expuestas en este reportaje, Gonzalo Dezerega y Jaime Concha decidieron rechazar la propuesta de reparación económica y continuarán con sus demandas civiles. De lo que sí están seguros todos es que las querellas penales seguirán su curso en la justicia y que nadie podrá prohibirles que hablen. “Voy a seguir denunciando”, dice Eneas. “No me cansaré de reclamar todo lo que se merecen, como violadores de infancia que son”.
