A diferencia de la mayoría de los estrenos en el Festival de Cine de Cannes, la primera proyección del thriller político turco Burning Days fue claramente silenciada. Se había dejado vacía una silla solitaria, como gesto simbólico, porque en la alfombra roja faltaba una persona, la productora asociada Çiğdem Mater.
En lugar de en el paseo de la Croisette, Mater se hallaba en una celda de la hacinada prisión turca en la que ha pasado un mes de los 18 años de condena que debe cumplir.
En un giro argumental tan extraordinario como el de cualquier película, esta mujer fue una de las siete personas condenadas a casi dos decenios de cárcel en relación con las protestas del parque Gezi que tuvieron lugar en 2013. Una octava, el destacado filántropo y defensor de los derechos humanos Osman Kavala, fue condenada a cadena perpetua.
Amnistía Internacional ha tomado la significativa medida de declarar presos y presas de conciencia a los siete encausados en el juicio de Gezi que se encuentran en la cárcel, con el objetivo de llamar la atención sobre la crónica de injusticias que han sufrido: detención arbitraria, enjuiciamiento por motivos políticos y un juicio mediático que terminó en sentencias condenatorias de efecto disuasorio.
“ Los tribunales de turquía están a disposición del presidente recep tayyip erdogan y no son independientes, imparciales ni justos, ni están exentos de injerencias politicas
Los tribunales turcos al servicio del presidente Erdogan
El 25 de abril de 2022, Osman Kavala —en la cárcel desde noviembre de 2017— fue declarado culpable de “intentar derrocar al gobierno”. El ministerio fiscal lo acusó de haber dirigido y financiado las protestas multitudinarias, mayoritariamente pacíficas, celebradas en el parque Gezi contra los planes gubernamentales de arrasar un parque público. Las manifestaciones empezaron en Estambul y se extendieron por toda Turquía.
Las siete personas acusadas con Kavala fueron declaradas ese mismo día culpables de ayudarlo. Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden y Hakan Altınay fueron encarcelados de forma inmediata, y se dictó una orden de arresto contra el octavo acusado, Yiğit Ekmekçi. Una de las demandas presentadas contra Mater fue que había intentado recaudar fondos para un documental sobre el movimiento del parque Gezi, que nunca se realizó.
La fiscalía no presentó pruebas para fundamentar los cargos formulados contra la acusada. El 7 de junio de 2022, el tribunal hizo pública su “sentencia razonada”, en la que no exponía ningún motivo convincente de su resolución mayoritaria.
De hecho, la única conclusión importante que se desprendió del juicio fue que los tribunales de Turquía están a disposición del presidente Recep Tayyip Erdoğan y no son independientes, imparciales ni justos, ni están exento de injerencias políticas.
Protesta antigubernamental en Estambul, el 29 de junio de 2013. © Oren Ziv/AFP via Getty Images
Repetición de juicio tras una primera absolución
Esta situación queda rotundamente demostrada por el hecho de que las personas acusadas habían quedado inicialmente absueltas de todos los cargos en 2020 y, tras las críticas públicas de Erdoğan a las absoluciones, los tres jueces de ese primer acto procesal fueron sometidos inmediatamente a un procedimiento disciplinario del Consejo de Jueces y Fiscales. Un año después, el Tribunal de Apelación regional revocó las absoluciones, lo que dio lugar a un segundo juicio.
Erdoğan se ha implicado de forma activa en el caso de Kavala desde un inicio, y sus constantes comentarios públicos han menoscabado la presunción de inocencia (uno de los pilares de los derechos procesales).
Sin embargo, el encarcelamiento de los siete de Gezi no sorprende en un país que lleva tiempo reprimiendo los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, cada vez con mayor intensidad desde que en 2016 tuviera lugar un fallido golpe de Estado.
En los seis años que han transcurrido desde entonces, un opresivo clima de temor se ha cernido sobre la sociedad civil turca y ha producido un efecto disuasorio.
La legislación antiterrorista, demasiado amplia, ha sido utilizada para atacar a la disidencia —real o presunta— , a periodistas, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a figuras políticas, a profesionales de la abogacía y a mucha otra gente. Miles de personas han sido sometidas a investigaciones penales abusivas, procesamientos y detenciones en espera de juicio punitiva. Se han cerrado organizaciones de la sociedad civil por decreto ejecutivo, y se ha utilizado al poder judicial —que ya carecía de independencia— para reprimir la disidencia pacífica.
Ante semejante grado de represión, parecería que la comunidad internacional no puede hacer mucho. Sin embargo, los casos emblemáticos constituyen focos de atención que permiten incrementar la presión.
La gente enciende velas por las víctimas de las protestas en Estambul, 15 de junio de 2013. © AP Photo/Vadim Ghirda
Acciones internacionales en apoyo de los siete de Gezi y Osman Kavala
En febrero de 2022, por ejemplo, el Consejo de Europa tomó la poco frecuente decisión de iniciar procedimientos de infracción contra Turquía por negarse a aplicar un fallo de 2019 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que se ordenaba la puesta en libertad de Kavala.
Tras las recientes sentencias condenatorias, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su profunda preocupación y decepción por la decisión judicial, y la ministra de Asuntos Exteriores alemana manifestó que la sentencia contrastaba brutalmente con las normas del Estado de derecho y las obligaciones internacionales contraídas por Turquía como miembro del Consejo de Europa y país candidato a la adhesión a la Unión Europea.
La escandalosa injusticia cometida contra los siete de Gezi pone otra vez de manifiesto que el sistema judicial de Turquía se ha convertido en una herramienta represiva para silenciar la disidencia pacífica. Además, cada día que estas personas pasan entre rejas es una afrenta al concepto de justicia y derechos humanos, unos principios que el Estado turco se ha comprometido a respetar y defender pero que viola de manera reiterada e implacable.
El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Kerem Dikmen, visitó ayer a los siete presos y presas de conciencia que están en prisión. Kavala expresó su gratitud por ese acto de solidaridad: “La conciencia es lo que impide la irracionalidad —afirmó en la sala de visitas de la prisión—, es lo que evita que las personas actúen por venganza o por ambición política”.
Este artículo se publicó originariamente en Político
