Si ‘ponerse las pilas’ es haber creado las oficinas diocesanas para atender las denuncias por abusos, en la mayoría de los casos se ha debido a que había la obligación de notificarlo a la Santa Sede antes de un año
Los acuerdos de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, negociados en secreto por el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Adolfo Suárez, el católico propagandista Marcelino Oreja, y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean-Marie Villot (antes de que se aprobara la nueva Constitución de 1978, CE78, e incluso antes de que se acordara la redacción del artículo 16 en el que finalmente se garantizó la libertad religiosa y de culto), fueron firmados en la Ciudad del Vaticano sólo cinco días después de que entrara en vigor la CE78, publicada en el BOE el 29 de diciembre, por lo que dichos acuerdos tienen un claro carácter preconstitucional.
Aunque esos acuerdos con el Vaticano trataban de adecuarse al nuevo marco democrático y a una sociedad supuestamente aconfesional, se mantienen parte de los privilegios que el Concordato de 1953, en el régimen nacionalcatólico franquista, concedía a la Iglesia, en aspectos tales como el sostenimiento económico por parte del Estado, la exención de impuestos y contribuciones, la garantía de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y la oferta de la enseñanza religiosa, no obligatoria, en los centros docentes (cuando redacto estas noticias, me acaba de llegar la información de que, en la Región de Murcia se ofertan más horas de Religión para Bachillerato, un disparate y una muestra de en manos de quiénes estamos).
En otro orden de cosas, el nuevo marco jurídico democrático ha logrado desterrar concesiones a la Iglesia tan llamativas y que no se sostendrían hoy, en plena democracia, como la exención de clérigos y religiosos del sometimiento a la jurisdicción civil (privilegio de fuero); el reconocimiento de plena eficacia civil del matrimonio canónico y la jurisdicción eclesiástica en las causas referentes a dichos matrimonios. Pese a ello, parece un hecho innegable que la Iglesia católica sigue detentando en España un inmenso poder y gozando de innumerables privilegios. En ese contexto, si hay un aspecto de plena actualidad en el que los clérigos han venido gozando hasta hoy, además, de cierta impunidad es el relativo a los abusos sexuales a menores que aquéllos han venido protagonizando, desde hace años, aprovechando su cercanía a las víctimas.
Según una información de El País, en España, oficialmente, el problema de pederastia en la Iglesia católica es casi inexistente; parece una excepción dentro del mundo católico occidental, junto a Italia y Portugal. La Conferencia Episcopal Española se niega desde hace años a colaborar (como veremos más abajo) e investigar el problema y admite que nunca ha contado los casos que conoce, aunque de todos modos asegura que son muy pocos. Por otra parte, el Estado, hasta fechas recientes, nunca se ha preocupado por la cuestión. Desde octubre de 2018, ese diario abrió una investigación sobre la pederastia de los clérigos en España, llegándose a contabilizar a finales de 2020 un total de 640 casos y más de 1.300 víctimas. En contrapartida, una investigación independiente encargada por la Iglesia en Francia ha contabilizado 216.000 víctimas y al menos 3.000 sacerdotes acusados, el mayor hito en el escándalo de los abusos en la Iglesia.
EL VATICANO TOMÓ LA INICIATIVA. Según nos recuerda José Lorenzo en un artículo en Religión Digital, este pasado 1 de junio ha finalizado el trienio de vigencia ad experimentum de las normas decretadas por el papa Francisco en forma de motu proprio, con el título Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo), de obligada adopción y cumplimiento en todas las diócesis del planeta para prevenir y combatir los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia contra menores de edad y personas vulnerables, notificaciones que habrían de ser comunicadas a la Santa Sede antes de un año.
Charles Jude Scicluna (Toronto, Canadá, 15 de mayo de 1959), un prelado de la iglesia católica de nacionalidad maltesa y que ocupó cargos en la Curia Romana desde 1995 hasta 2012 cuando fue nombrado obispo auxiliar de Malta, ha venido llevando a cabo distintas investigaciones sobre abusos, hasta el extremo de ser considerado ‘el experto en delitos sexuales más respetado del Vaticano’. Ha llegado a afirmar que la creación de una oficina de información en cada diócesis es una obligación innegociable que debe ser respetada, pues no depende de la voluntad personal de cada obispo. No obstante, aunque cada vez hay más gente al frente de estas oficinas antiabuso con ganas de trabajar, también se detecta que faltan medios humanos, económicos y de formación.
El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el Fórum Nueva Economía a principios de mayo, afirmaba que los obispos españoles «se han puesto las pilas». Pero, según José Lorenzo, si ponerse las pilas es haber creado las oficinas diocesanas para atender las denuncias por abusos, en la mayoría de los casos se ha debido a que había la obligación de notificarlo a la Santa Sede antes de un año. Es decir, el ponerse al día en esta cuestión ha sido a la fuerza, y aún queda mucho trabajo, pues le parece inconcebible que, en muchos casos, en bastantes, el nombre oficial contenga la expresión ‘presuntas denuncias’. Por ello, esa supuesta actitud colaboradora de Juan José Omella no casa con su verdadera actitud ante esta problemática.
LA CONFERENCIA EPISCOPAL NO COLABORA CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO. A mediados del pasado mes de mayo, y según se recoge en www.informaciondigital.org, Omella cerró la puerta a la participación de los obispos en la comisión antiabusos liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Y en rueda de prensa de finales de abril, dicho portavoz volvió a reiterar su no participación, pues advertía de la revictimización [sic] que podría suponer que se estuvieran abriendo tantas investigaciones sobre este tema.
Se esperaba que Gabilondo anunciara la composición de la comisión de investigación a finales del pasado mes de mayo. La Conferencia Episcopal trata de ‘salvar los muebles’: Luis Argüello ha declarado que la Iglesia ha actuado en 502 casos de abusos, «la gran mayoría de hace 30 años», y apela a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y, sobre todo, la prescripción de los delitos, aunque admitió ‘fallos de vigilancia’ y ‘malas prácticas’ en el pasado. Pero, como una muestra más del hermetismo que viene caracterizando la actuación de las autoridades eclesiales, y en relación con la petición concreta de apertura de todos los archivos de las diócesis a los investigadores, indicó que se hará sobre las personas afectadas, pero «no de forma indiscriminada». El caso de los abusos de un sector del clero sobre niñas, niños y adolescentes forma parte, junto al affaire de los bebés robados durante el franquismo y la Transición, de esa página negra de la Iglesia católica española, una institución que, pese a los evidentes avances sociales y culturales, se muestra, una vez más (como lo ha venido haciendo a lo largo de la Historia) refractaria a esos progresos, y, en el caso que nos ha ocupado en este artículo, mostrando un escaso respeto por la vida y dignidad humanas.
