El PP lleva en su programa potenciar una línea de ayudas pactada con Vox y creada la legislatura pasada, muy criticada por colectivos de mujeres y por la oposición.
El alegato antifeminista que Macarena Olona abrochó en el debate electoral del pasado lunes cayó sobre un terreno abonado con discreción y bajo el radar por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, que después de pactarlo con Vox creó la legislatura pasada una nueva línea de subvenciones para asociaciones y colectivos antiabortistas que no existía en Andalucía.
En los 37 años de gobiernos socialistas no se destinó ni un euro para fomentar el desarrollo de una red de presión contra el aborto. En los dos últimos años, el Gobierno andaluz ha destinado para tal fin un millón de euros cada año para asociaciones –además de otro medio millón para Ayuntamientos y Diputaciones–. Estas ayudas sirvieron para que una de las mayores organizaciones antiabortistas, Red Madre, se instalara en Andalucía.
La creación de esta línea de ayudas causó estupor y preocupación, y derivó en la crítica severa –unas «ayudas inaceptables»– del Consejo Andaluz de Participación de la Mujeres. Para el Consejo se trata de «financiar proyectos a las mismas entidades ultracatólicas que acosan a las mujeres en las puertas de las clínicas, en donde se ejerce el legítimo derecho a interrumpir el embarazo que legalmente asiste a mujeres de Andalucía».
La orden de la Consejería de Salud establecía como receptoras de las subvenciones a aquellas asociaciones que carecen de fines de lucro y tengan recogido de forma expresa en sus estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines la protección y defensa de la vida; el respeto a la vida del ser humano, el apoyo, asistencia o asesoramiento de las mujeres embarazada y a la maternidad.
Para el Consejo, las ayudas desatienden «por un lado el carácter preventivo ante embarazos no deseados y por otro se lleva a cabo la negación de un derecho ya consagrado como es el de la interrupción voluntaria del embarazo (aborto)».
«Premiar –reflexionan las vocales del Consejo– a las mujeres vulnerables para que continúen con un embarazo, quizá no deseado, ofreciendo, coaccionando de forma encubierta, con ayuda económica puntual, no soluciona el problema de la mujer, sino que le aporta otro al suyo mismo e insostenible familiarmente».
Las vocales recuerdan que ya existe legislación que apoya a mujeres en riesgo de exclusión social y aseguran que «esta nueva línea de financiación no garantiza la incorporación de la perspectiva de género ni la formación y la experiencia en igualdad entre mujeres y hombres de las entidades que pudieran concurrir a la misma».
«Esta convocatoria no responde a una demanda de las mujeres andaluzas y en especial de las jóvenes y niñas que tienen el derecho legal a la práctica segura y sin obstáculos a la interrupción del embarazo», remacha el Consejo.
Programa del PP
El PP, lejos de rectificar, lleva en su programa electoral «potenciar» esta línea de ayudas. Así se recoge en la página 133: «Potenciaremos las ayudas, que hemos implantado, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años; y a entidades locales de ámbito municipal y Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo social».
Para Sole Pérez, aún diputada del PSOE: «Las feministas de este país hemos conseguido que sea delito obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo [se aprobó en el Congreso en abril]. Ya no saldrá gratis el acoso a las mujeres con actos que menoscaben nuestra libertad».
«Si Moreno Bonilla continúa subvencionando a asociaciones antiaborto que utilizan estas prácticas será cómplice de este delito. El dinero público, que es de todos y todas, no puede estar al servicio de organizaciones que incumplen las leyes, ni de gobiernos que las amparan o protegen, así que le exigimos a Moreno Bonilla que elimine esta convocatoria y deje de desplegar medidas contra las mujeres y nuestros derechos, si no lo hace así quedará fuera de la ley, debe comprometerse ahora, durante la campaña electoral, o las mujeres votarán en consecuencia», agregó la diputada del PSOE.
Alejandra Durán, candidata de Por Andalucía –la coalición que lideran IU y Podemos– en Granada, afirma: «Con este ejercicio de violencia institucional, el PP ha blanqueado y refrendado con recursos públicos a grupos que, con total impunidad, atentan contra la libertad y el derecho que tienen todas las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, poniendo en cuestión avances en materia de igualdad que parecían consolidados y alentando un problema de acoso y de desamparo que representa un drama para muchas mujeres andaluzas».
«Esto –añade la candidata– es lo que hay detrás de la falsa moderación de Moreno Bonilla, un PP con un proyecto que se sitúa, una vez más, del lado de la ultraderecha y de todos aquellos que quieren devolver a nuestra tierra a un escenario totalmente anacrónico. Esta es la Andalucía que representan las derechas, un modelo que abandona a las mujeres y utiliza sus derechos como moneda de cambio para asegurar un sillón en el Gobierno».
Ana Villaverde, diputada de Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, considera que «las subvenciones para asociaciones antiabortistas que se han concedido por el gobierno de las derechas en la Junta bajo la excusa de asesorar a las mujeres embarazadas, suponen abrir la puerta al hostigamiento hacia las mujeres que voluntariamente deciden ejercer su derecho a interrumpir su embarazo».
«Ese dinero debería emplearse en educación sexual y afectiva, en prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual para fomentar una sexualidad libre y saludable. Además, tienen que garantizarse las IVEs (interrupciones voluntarias del embarazo) en el sistema sanitario público», añade.
«Hoy por hoy, las intervenciones se siguen derivando a clínicas privadas que están cubriendo un servicio que debería normalizarse en el SAS porque es un derecho. Es inadmisible también que en provincias como Jaen aún hoy no se pueda abortar porque no existen clínicas con convenio y las mujeres tengan que desplazarse a otras provincias para poder abortar», remacha.
