Las retenciones de pasaportes a sacerdotes, los ataques a templos católicos, las amenazas de cárcel a religiosos y la suspensión de la frecuencia del único canal de televisión protestante en Nicaragua son ejemplos de la decadencia en la que se encuentra la libertad religiosa en Nicaragua, según el Departamento de Estado de EEUU.
En su informe anual sobre Libertad Religiosa, dado a conocer el jueves por el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, Washington recuenta la persecución que ha emprendido el gobierno del presidente Daniel Ortega en contra de aquellos religiosos en Managua que son críticos a su administración desde el año 2018. El reporte documenta cómo arreciaron los ataques en contra del clero en el 2021.
“A lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, hostigaron verbalmente a sacerdotes y obispos, tildándolos de ‘terroristas en sotana’ y ‘golpistas’, y acusándolos de delinquir”, subraya el informe de Estados Unidos.
Además indica que en el 2021, grupos progubernamentales asediaron a los líderes religiosos y adoradores siguiendo el patrón iniciado en 2018 cuando empezaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega y en donde la iglesia nicaragüense abrió los templos para dar refugio a los opositores que huían de la represión.
Estados Unidos también recalcó que el gobierno de Ortega bloqueó una donación realizada por Taiwán a la Arquidiócesis de Managua tras el rompimiento de relaciones diplomáticas de Nicaragua con Taiwán para reanudarlas con la República Popular de China.
“El 26 de diciembre, la administración de Ortega bloqueó la donación de Taiwán y entregó la propiedad a la República Popular China, afirmando que apoyaba la política de una sola China”, recoge el informe.
Según Estados Unidos, el gobierno de Ortega también incautó el pasaporte de un sacerdote nicaragüense, revocó las visas de al menos dos sacerdotes extranjeros luego de que criticaran a la pareja presidencial, y redujo drásticamente los fondos públicos para la Universidad Centroamericana, UCA, dirigida por un obispo católico crítico con el gobierno.
Además indica que los ataques en contra de la iglesia también incluyeron insultos verbales, amenazas de muerte, robos de artículos católicos y bloqueo a los servicios religiosos.
De hecho menciona la amenaza realizada por un comentarista oficialista llamado William Grigsby, que acusó a los obispos católicos de conspirar con los embajadores de Estados Unidos y España.
También expresa que en noviembre de 2021, el gobierno de Ortega canceló la licencia de funcionamiento del Canal 21 de televisión, el cual era el único canal del país que transmitía exclusivamente programas evangélicos.
“Canal 21 era propiedad de familiares del pastor evangélico Guillermo Osorno, quien se postuló como candidato presidencial en las elecciones de noviembre. El cierre del canal y de la emisora se produjo al día siguiente de que Osorno diera una conferencia de prensa en la que denunció irregularidades en el proceso electoral”, subrayó el informe.
También se menciona que la policía encarceló a 39 ciudadanos, entre ellos líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Varios de estos presos solicitaron Biblias a través de visitas familiares, pero las autoridades penitenciarias negaron estas solicitudes, a como ocurrió como el precandidato presidencial Miguel Mora y Félix Maradiaga.
Estados Unidos también recalca que en noviembre, el gobierno abolió el cargo de Decano del Cuerpo Diplomático, designado exclusivamente al representante de la Santa Sede por decreto presidencial desde 2000.
Ante tales acciones, el informe recordó que en diciembre de 2019, Estados Unidos agregó a Nicaragua en una lista especial de vigilancia por “haber cometido” o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa.
Cuba y Venezuela, persiste los ataques a la libertad religiosa
Estados Unidos también mencionó ataques en contra de la iglesia católica en Venezuela y el Consejo Evangélico, en donde el clero y otros miembros de sus comunidades religiosas fueron hostigados, intimidados y tomados represalias por continuar llamar la atención sobre la crisis humanitaria del país y por “otras críticas al régimen”.
También indica que luego de que Conferencia Episcopal Católica de Venezuela (CEV) en una ocasión condenara las acciones de las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro, “el presidente del régimen calificó a los obispos como “diablos con sotana””.
De igual forma, el informe del Departamento de Estado recordó que en julio de 2021, Maduro acusó al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, de entrometerse en los asuntos nacionales luego de que el cardenal enviara una carta a la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela (FEDECAMARAS) pidiéndole que apoye negociaciones serias para resolver la crisis actual del país.
Lo mismos ataques fueron emitidos por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez quien dijo que los “sacerdotes que quieran hacer política, que se quiten la sotana y hagan política”.
En cuanto a Cuba, el informe del Departamento de Estado recalca en base a una organización, que el Partido Comunista de Cuba (PCCh), a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) y el Ministerio de Justicia (MOJ), siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa.
Agrega que en base a los medios de comunicación, se conocieron agresiones en 2021 contra religiosos, a como ocurrió el 11 de julio de ese año cuando las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país.
Según Human Rights Watch (HRW), las fuerzas de seguridad golpearon al sacerdote católico romano José Castor Álvarez Devesa cuando ofreció ayuda a una persona herida en una protesta en Camagüey el 11 de julio.
