La derecha madrileña se llena la boca de una supuesta «libertad de elección educativa» que, en la práctica, no es otra cosa que una coartada para imponer la privatización de la educación. Se intenta apoyar en el artículo 27 de la Constitución Española. Pero la libertad educativa que se reconoce como derecho constitucional es la de crear colegios privados, así como la libertad de cátedra del profesorado. La Constitución no ampara que se impongan colegios privados pagados con dinero público, como sucede con esa anomalía conocida aquí como educación concertada que no existe en toda Europa.
Lo que ellos llaman «libertad de elección», es justo lo contrario de que está sucediendo. Y nada mejor que recurrir a ejemplos concretos. El del barrio de Valdebebas es paradigmático. Según los datos de sus AMPAS y Plataforma por la Educación Pública, estamos hablando de un barrio con más de 25.000 habitantes, con 6.000 alumnos en edad escolar entre 6 y 16 años y crecedero por la alta tasa de natalidad. Hay 875 plazas de oferta educativa pública: una única escuela infantil para 1.500 niños de 0-3 años que es a todas luces insuficiente; un colegio y medio de primaria, el CEIP Alfredo Di Stéfano y el CEIP Nuria Espert que solo tiene educación infantil por estar construyéndose por fases. Seiscientos niños comenzarán primaria y solo se ofertan 200 plazas y el CEIP Alfredo Di Stéfano está ya masificado. Dos mil adolescentes salen cada día del barrio porque no hay ningún instituto.
En resumen, cinco de cada seis alumnos se van del barrio por falta de infraestructuras educativas públicas. Es un barrio no tan nuevo, tiene ocho años de vida y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido incapaz o no ha querido planificar las infraestructuras públicas educativas, sanitarias y de transporte. Como dijo una madre en la Comisión de Educación de la Asamblea: «¿Qué harían ustedes si fueran sus hijos?». No ha obtenido respuesta ni ella ni muchos cientos de personas que salieron a la calle el 28 de noviembre, ni las más de 600 cartas enviadas al consejero Ossorio donde demandan un instituto público y un tercer colegio. Las únicas respuestas son el anuncio de que van aprobar un colegio concertado y que el Ayuntamiento de Madrid regala el suelo público a una empresa privada ¿Libertad o autoritarismo?
Lo mismo ocurre con la sanidad que es la otra cara de la misma moneda. Tampoco se ha construido el centro de Salud que se viene reivindicando desde hace siete años, pero ya se ha anunciado la construcción de un hospital de Sanitas en una parcela de 30.000 metros cuadrados. Está demostrado que el afán de lucro no corrige la desigualdad ni vertebra derechos de la población, pero Ayuso gobierna para las empresas y no para la gente que quiere sanidad pública ¿Libertad o autoritarismo?
Es evidente que hay un choque de intereses entre una administración empeñada en privatizar los servicios públicos y unas familias que buscan la mejor educación para sus hijas e hijos. Habrá quien quiera concertada porque compra el modelo de segregación escolar que les venden, pero muchas familias se ven obligadas a ir a ella porque no les da otra opción la administración educativa que, encima, es la titular de la educación pública.
Las familias que quieren educación pública lo hacen porque saben que por ley y en la práctica pueden participar a través de su AMPA en la vida del centro (proyecto educativo, actividades, comedores, etc.). Porque es la única educación realmente gratuita, ya que la concertada cobra cuotas en casi el 90% de los colegios, según CEAPA y CICAE; cuotas que van de 1.000 a 4.000 euros al año con las que podrían pagar muchas clases particulares y de refuerzo, actividades extraescolares, etc. Por último, porque la pública tiene un profesorado con una alta cualificación y sometido a un duro proceso de oposiciones. Tienen razones para pedir centros públicos, pero sobre todo tienen derecho, y se les imponen centros privados ¿Libertad o autoritarismo?
Lo cierto es que Valdebebas no es un caso único. Las mismas situaciones se viven en el Ensanche de Vallecas, Las Tablas, Montecarmelo, Parla, El Cañaveral, etc. Los Gobiernos del PP actúan como un privatizador en serie, siempre utilizan la misma pauta: no construyen infraestructuras educativas y sanitarias públicas, se resisten a la demanda de las familias y vecinos, incumplen los compromisos, facilitan la entrada de las empresas privadas para que ocupen el mercado y capten la clientela antes de que haya equipamientos públicos. Es una desfachatez. Convierten la libertad de elección en el disfraz de la mentira. Esta política explica los datos de la privatización galopante en Madrid, donde solo el 53% de alumnado está escolarizado en la pública, frente a un 68% de media en España y a un 90% en Europa.
El Decreto que regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid, establece que se impartirán las enseñanzas concertadas en condiciones de gratuidad. También, que tendrán preferencia para el concierto aquéllos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, realicen experiencias pedagógicas especialmente relacionadas con la atención de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, o sean y funcionen en régimen de cooperativa. Estoy seguro que el concierto que se prepara para Valdebebas ni será gratuito, ni atenderá a población vulnerable, ni especialmente a alumnos ACNEAE ni será una cooperativa.
Un colegio concertado en un barrio de renta alta, que está en mitad de la nada y muy aislado, y con una clientela cautiva de miles de estudiantes, es un gran pelotazo. La pregunta es ¿quién puede estar detrás de este concierto y de este atropello a la demanda de las familias? ¿Qué anclajes tienen en el Gobierno de Ayuso? Las experiencias anteriores nos enseñan elementos muy inquietantes: la nueva concertada está protagonizada por sectas ultrarreligiosas y por grupos empresariales sin tradición con la educación y/o relacionados con fondos de inversión. Y, como se demostró en la Operación Púnica, se vincula en ocasiones a sistemas de corrupción política.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos arrancamos la confesión del Gobierno de Madrid en la Comisión de Educación (11 de febrero) de que iban a conceder un concierto educativo en este barrio. También conseguimos que reconocieran (15 de marzo) que hay, en estos momentos, trece procedimientos abiertos de nuevos conciertos. Hemos pedido acceso a los expedientes de todos y cada uno de ellos y, de momento, no hemos obtenido respuesta. Tenemos una certeza: la decisión de a quién se regala este goloso concierto se tomará al nivel más alto del Gobierno de Ayuso. Entonces sabremos algo más de la verdad sobre el caso Valdebebas. A la indecencia política de privatizar la educación pública siendo titular, y a la negligente falta de planificación de las infraestructuras públicas, quizá se sume un posible fraude de la norma y una práctica prevaricadora de la administración.
La igualdad de oportunidades que debe procurar la educación debe ser radical, no aproximada. Y la libertad tiene que ser plena en todos los casos: es una burla decir que hay libertad para elegir educación, siempre que sea concertada. Esto no es libertad, es autoritarismo, una imposición antidemocrática en contra de la voluntad de las familias.
Agustín Moreno, Diputado por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
