La niña sufrió un intento de secuestro y padece una «grave depresión», según un informe médico. El Ejecutivo argumenta que no puede demostrar persecución de «forma fundada» y que no le ampara ninguna de las categorías de la Convención de Refugiados de Ginebra.
Ni el intento de secuestro de una menor afgana de 14 años, ni el ataque con armas de fuego contra su familia, ni aún incluso el propósito de forzarla a un matrimonio indeseado han sido suficientes razones para el Gobierno de España, que ha denegado concederle el visado y el posterior asilo por motivos humanitarios. Así lo ha denunciado a Público Noor Ammar Lamarty, experta en derecho internacional y asesora jurídica para varias organizaciones de derechos civiles de ámbito internacional.
Según la información suministrada por la jurista, la menor es hija de un ex alto cargo militar del antiguo Gobierno afgano, derrocado por los talibanes en agosto de 2021 ante la desbandada general de las fuerzas occidentales. Al parecer, y siempre según la versión proporcionada por Noor Ammar Lamarty, que mantiene contacto directo con la familia, los talibanes no pudieron apresar a la menor y, en su lugar, se llevaron a la hija de sus vecinos. Días después apareció descuartizada.
La menor, cuyo paradero no especifica, sufre una depresión grave con alteraciones del sueño y fuertes palpitaciones, según un informe psicológico presentado ante la Embajada de España de un país limítrofe. «Llevo bastantes casos de mujeres en Afganistán, pero están sujetos al secreto de confidencialidad por protección de datos y por el código deontológico con las organizaciones para las que trabajo», asegura en conversación telefónica la abogada.
La decisión del Gobierno respecto a la menor afgana se produjo antes de que se conociera la noticia del asesinato en Pakistán de dos hermanas residentes en España a manos de sus familiares después de que las jóvenes pidieran el divorcio a sus primos, con las que las habían casado, y se negaran a que éstos las acompañasen de regreso a Europa.
El Gobierno se ampara en la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados y en la legislación española para denegar la concesión del visado y el estatuto de asilo a ala menor afgana. En su argumentación, citada por la propia jurista, sostiene que la familia «no puede demostrar de forma fundada persecución específicamente contra su persona como consecuencia de actos concretos realizados por ellos en su país de origen, que hayan puesto en peligro su integridad personal en virtud de una de las categorías de persecución tasadas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados».
En efecto, ni el sexo ni el género aparecen incluidas en las categorías por las cuales los Estados firmantes del acuerdo sobre refugiados se comprometen a garantizar asilo humanitario. Los supuestos que sí merecen protección internacional en caso de persecución son la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a determinados grupos sociales o las opiniones políticas. «Es decir», protesta Noor Ammar Lamarty, «niega que haya mujeres perseguidas en ciertos contextos por haber nacido mujeres«, en referencia a regímenes claramente misóginos como el de Kabul.
Con todo, la asesora jurídica, fundadora también de la asociación Women By Women, sostiene que una directiva de Acnur del año 2002 contenía recomendaciones para interpretar los artículos 1 y 2 de la Convención de Ginebra con «perspectiva de género» e incluía a las mujeres dentro de la categoría de «grupo social». «El Gobierno se puede amparar en estas recomendaciones», lamenta la abogada, «pero no hace caso de las directrices de Acnur».
En España, hay muchas peticiones de asilo similares a la protagonizada por la menor afgana, según indica Noor Ammar Lamarty. Después de Alemania, es el país europeo que más solicitudes de asilo provenientes de Afganistán registra. «No sabría decir el número. Pero muchas», indica la jurista de origen marroquí y radicada en España, especializada en la defensa de los derechos de las mujeres árabes o musulmanas.
En 2021, el número total de peticiones de asilo de niñas y niños no acompañados se incrementó en la UE un 72%, en gran medida a causa de la toma del poder en Kabul por los talibanes. La cifra exacta asciende a 23.255 menores no acompañados, frente a los 13.550 del año anterior, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). La mayoría de los menores que huyeron del terror talibán eran varones de entre 16 y 17 años. Las concesiones descendieron, en cambio, un 5%, hasta situarse en 5.070, también según indicadores de Eurostat.
Fue la propia Lamarty quien dio la voz de alerta del caso de la menor afgana en su perfil de Twitter el pasado 9 de mayo. «Llevo un caso actual de una menor de 14 años que fueron a buscar varias veces los talibanes para secuestrarla y casarla», avisó en un largo hilo donde detallaba todos los pormenores del caso. La jurista asegura que el derecho internacional «desprotege» a las niñas y las mujeres que sufren persecución por su sexo. «Todo vale porque son afganas», protesta, y se pregunta si es necesario que «llegues con una bala en el cerebro y estés a punto de morir», como sucedió en el caso de Malala.
