A partir de hoy, 18 de mayo, se decidirá si el fundador de WikiLeaks es extraditado a Estados Unidos. Hace menos de un mes, se aprobaron dos leyes para reprimir manifestaciones e impedir la llegada de inmigrantes en el Reino Unido. Son muestras de la degradación democrática, un terrible síntoma que se extiende a nivel global.
En un contexto de pandemia mundial, únicamente la invasión rusa de Ucrania ha sido capaz de modificar la temática de los titulares mediáticos. Viviendo en una hiperrealidad, tal y como la definió Jean Baudrillard, podría dar la sensación de que, en estos últimos dos años, únicamente han sucedido dos eventos de relevancia: el Covid-19 y la guerra en Ucrania.
Mientras tanto, este paradigma ha actuado como cortina de humo para encubrir temas nacionales de vital importancia en Reino Unido. Las fiestas organizadas por los tories durante la parte más delicada de la pandemia son de sobra conocidas, así como la participación de Boris Johnson en algunas de ellas. Pero más allá de esas anécdotas que ilustran un desprecio de las élites británicas hacia las clases bajas, una ideología que ha crecido en el imaginario desde los tiempos de la aristocracia inglesa, las legislaciones están siendo modificadas de manera alarmante. La realidad es que se están coartando los derechos de las personas residentes en Reino Unido. Todo ello de manera sutil pero implacable, sin hacer demasiado ruido, pero con el potencial de provocar consecuencias funestas.
El pasado 28 de abril, se aprobó el proyecto de Ley conocida como la ‘Nationality and Borders Bill’, una normativa que dificultará la llegada de refugiados al Reino Unido. Ese mismo día, también salió adelante en el Parlamento el proyecto de Ley PCSC (Police, Crime, Sentencing and Courts), que impondrá limitaciones al derecho de protestar.
Pese a las manifestaciones masivas que han tenido lugar en el último año y medio en Reino Unido, los gobernantes no han mostrado intención de escuchar las demandas populares. Hubo protestas destacadas el 1 de mayo de 2021 y el 15 de enero de 2022 contra el Proyecto de ley PCSC. Bajo el lema ‘Kill the Bill’, estos movimientos sociales terminaron frente al Parlamento Británico, donde el 17 de enero se dirimiría la decisión de pasar la ley a la siguiente fase. Y aunque en aquella ocasión la Cámara de los Lores retrasó la aplicación de la legislación y eliminó algunos aspectos de la misma, meses más tarde fue aprobada.
También ha habido numerosas protestas contra la ‘Nationality and Borders Bill’. La primera tuvo lugar el 20 de octubre de 2021, después de que Priti Patel, ministra del Interior de Reino Unido y diputada del Partido Conservador, propusiese este proyecto de ley para reducir la llegada de migrantes al país británico. Esta reforma contempla la externalización a terceros países del análisis de los solicitantes y prevé endurecer las sanciones contra los migrantes que llegan a Reino Unido. Hace un mes, el Partido Conservador llegó a un acuerdo con Ruanda para enviar allí a solicitantes de asilo.
Hace un mes, el Partido Conservador llegó a un acuerdo con Ruanda para enviar allí a solicitantes de asilo
Acerca de esta ley, el historiador Richard Evans escribió en Twitter estableciendo una comparación entre el régimen nazi y el actual gobierno británico: “No soy el único historiador especializado en la Alemania contemporánea que observa un paralelismo entre la estrategia del gobierno británico de deportar solicitantes de asilo a África y el plan fallido de los nazis de deportar a judíos a Madagascar”.
Si la libertad para manifestarse y la libertad de movimiento han sido menoscabadas por estas legislaciones aprobadas el 28 de abril, también está en riesgo la libertad de prensa. Precisamente, Priti Patel es la encargada de decidir sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks se enfrenta a una pena de 175 años por haber filtrado secretos de Estado, incluyendo documentos gráficos de soldados americanos asesinando a civiles en Irak, e información sobre torturas y masacres cometidas en Afganistán.
No se trata únicamente de evitar su extradición, sino de que abandone la Prisión de Belmarsh, un agujero que se compara con Guantánamo y donde el periodista australiano lleva encerrado tres años en unas condiciones abominables
El hecho de que Priti Patel no se postre ante los intereses del gran aliado de Reino Unido supone un acto de fe al que los defensores de la libertad de prensa nos hemos agarrado como si fuese un clavo ardiendo. Pero más allá de haber depositado nuestras esperanzas en una figura esencial del Partido Conservador, el 17 de mayo marchamos frente al Ministerio del Interior para demandar la liberación de Julian Assange. No hay que olvidar que el australiano lleva más de una década siendo perseguido por las autoridades británicas en alianza con los servicios americanos, y tuvo que residir como refugiado político en la Embajada de Ecuador durante años. Es decir, no se trata únicamente de evitar su extradición, sino de que abandone la Prisión de Belmarsh, un agujero que se compara con Guantánamo y donde el periodista australiano lleva encerrado tres años en unas condiciones abominables.
Julian Assange: un secuestro a la democracia
Desde el surgimiento de WikiLeaks en 2006, miles de documentos relacionados con secretos de Estado de numerosos países han sido publicados a nivel global. Cuatro años más tarde, Julian Assange hizo una de las revelaciones más impactantes que puso en jaque al gobierno de Barack Obama. Se trató, primero, de la divulgación de 77.000 documentos militares y, meses más tarde, la publicación de 400.000 informes sobre la guerra en Irak. La gente de todo el mundo pudo ver imágenes de torturas y asesinatos deliberados de civiles por parte de los soldados norteamericanos.
El fundador de WikiLeaks, que fue nombrado en 2010 como hombre del año en la revista Time, declaró que esta organización internacional de noticias tenía una misión: “Traer a la luz las políticas de gobierno de conspiración y miedo”.
Bajo esta premisa, el 5 de abril de 2010 WikiLeaks publicó un vídeo a través del cual se podía observar cómo soldados estadounidenses asesinaron a civiles en Bagdad y a dos empleados de Reuters. Desde entonces, la imagen de Julian Assange comenzó a ocupar portadas de periódicos, y hoy en día es declarado como uno de los grandes enemigos de Estados Unidos.
Poco después de difundir los vídeos sobre las atrocidades cometidas en Irak, WikiLeaks publicó 91.000 documentos, la mayoría de ellos eran secretos militares de Estado sobre la invasión americana en Afganistán. En octubre de aquel año, WikiLeaks publicó 400.000 documentos clasificados sobre la intervención de Estados Unidos en Irak. Al mes siguiente, sacaron miles de conversaciones de diplomáticos americanos, hablando sobre líderes extranjeros y supuestas amenazas a la seguridad nacional.
De manera paralela, la Corte Judicial de Suecia acusó a Assange de supuestas violaciones. Él negó dichos cargos, pero fue arrestado en Reino Unido. El fundador de WikiLeaks explicó que los esfuerzos para extraditarlo se debían a una presión de Estados Unidos para juzgarle eventualmente en el país americano.
Aunque en abril de 2012 el Reino Unido dictaminó que debería ser extraditado a Suecia, Assange pudo refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres. El periodista australiano recibió asilo en la Embajada de Ecuador cuando Rafael Correa era el presidente del país latinoamericano, y un claro simpatizante en la causa de WikiLeaks.
Según Leslie Wehner, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de Hamburgo, este gesto tuvo una importancia simbólica fundamental para el entonces presidente de Ecuador: “Correa se muestra ante la comunidad internacional como un defensor de la libertad de información”. Pero cuando Lenín Moreno le sustituyó en el cargo tras las elecciones de 2017, la situación se deterioró. Aliado con los poderes neoliberales y queriendo evitar la enemistad con Estados Unidos, el nuevo presidente de Ecuador no ocultó su antipatía hacia Assange, y desde le embajada ecuatoriana se comenzaron a lanzar rumores sobre un supuesto comportamiento inapropiado del australiano Assange. Esta narrativa otorgó legitimidad a Lenín Moreno para expulsar al fundador de WikiLeaks. De esta forma, en abril de 2019 la policía británica obtuvo permiso para entrar en la embajada y capturar a Assange, que por entonces había permanecido siete años en el edificio.
Mientras Assange era sentenciado a permanecer encerrado en prisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al Reino Unido la extradición del periodista australiano para que se enfrentase a los cargos de hackear ordenadores oficiales del gobierno e incumplir la ley de espionaje. Por su parte, Suecia reabrió las investigaciones en su contra por abuso sexual, aunque meses después las desestimó por falta de evidencias.
El encierro en Belmarsh y el deterioro físico y emocional
Desde abril de 2019, Assange ha permanecido encerrado en la Prisión de Belmarsh en una situación traumática. Calificada como la “Cárcel de Guantánamo del Reino Unido”, tal fue el deterioro de su salud que un informe médico declaró que su estado físico y mental era tan vulnerable que estaba en riesgo de morir. Precisamente por esta razón, la juez Vanessa Baraitser rechazó la extradición de Assange el 4 de enero de 2021, cuando fue juzgado en Londres. Nils Melzer, de Naciones Unidas, había advertido que “Assange mostraba signos similares a víctimas de tortura psicológica”, debido a que “estuvo en confinamiento solitario durante más de un año.”
Como explicó Fidel Narváez, antiguo miembro de la Embajada ecuatoriana durante la presidencia de Correa, la decisión de la jueza Baraitser no supuso una victoria para la democracia. Es más, advirtió que “los periodistas deberían estar alertas, ya que la libertad de expresión está amenazada”. Estas palabras resonaron en diciembre de aquel año, cuando el Tribunal Supremo de Londres declaró a favor de extraditar a Assange a Estados Unidos. Meses más tarde, el 20 de abril de 2022, esta decisión fue reafirmada cuando el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de devolución de la extradición del australiano al Ministerio del Interior.
El castigo a Julian Assange por mostrar las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán es un ejemplo de la hegemonía americana en Occidente
El castigo a Julian Assange por mostrar las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán es un ejemplo de la hegemonía americana en Occidente. Es un país que no contempla cualquier desviación ideológica o pensamiento crítico que socave sus intereses nacionales. Esto fue reconocido por Duane Clarridge, antiguo jefe de la CIA en América Latina, a John Pilger en el documental War on Democracy acerca del golpe de Estado de 1973 en Chile contra Salvador Allende. No sorprende en absoluto que la CIA planease el asesinato de Julian Assange.
Un liberalismo herido
Las tendencias autoritarias perpetradas por los discursos de odio, racismo y xenofobia se han ido extendiendo de manera alarmante en la última década. El impulso político de líderes occidentales en Francia, Brasil, Estados Unidos, Italia, España, Hungría o Polonia ha catapultado una deriva ultraderechista que ha ido mermando las democracias liberales.
Incluso el Reino Unido, el país donde surgió la ideología liberal, ha vivido el ascenso de Nigel Farage y su campaña plagada de una retórica incendiaria para obtener réditos políticos. El cartel en contra de los inmigrantes durante la campaña del Brexit de 2016 supuso el epítome de una trayectoria que después prosiguió con la victoria de Donald Trump en aquel año. Actualmente, Reino Unido ocupa el puesto 24 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de Reporteros Sin Fronteras, una posición deshonrosa para una región que se ha vanagloriado de sus ideales democráticos desde hace siglos.
Porque fue en Inglaterra donde surgió el primer intento de establecer una sociedad democrática. En la década de 1640 y en plena Guerra Civil, los ‘levellers’ demandaron libertad de religión, igualdad ante la ley y derecho a representación parlamentaria. Un siglo más tarde, la teoría liberal anglosajona atravesó el Atlántico y fue representada en el panfleto ‘Common Sense’, escrito por Thomas Paine y publicado en 1776. Este documento fue esencial para crear una conciencia social en las trece colonias americanas, que terminaron independizándose de Inglaterra el 4 de julio de aquel año para eventualmente conformar los Estados Unidos.
Poco a poco, el pensamiento liberal fue consolidándose a través de figuras como Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, John Bright o Bertrand Russell. Aunque variasen en sus modelos de implantación, esta ideología promulgaba la expansión de las libertades y derechos en una época en la que el sufragio universal o la igualdad ante la ley representaban ideales utópicos.
No obstante, Alexis de Tocqueville se dio cuenta de que la supuesta libertad de pensamiento no iba enlazada de manera inevitable a la consecución de una sociedad más justa. Las dos partes de Democracy in America, publicadas en 1835 y 1840, muestran perfectamente el proceso de análisis llevado a cabo por el científico político en sus investigaciones en Estados Unidos. Mientras que en el primer volumen ensalza el potencial de la democracia, en el segundo se lamenta de que la libertad individual de pensamiento conlleva al crecimiento del egoísmo personal, y así, a una decadencia de la sociedad. En otras palabras, la libertad exige esfuerzo, determinación, pensamiento crítico e interés por participar en la esfera pública, y por ello le perturbó excesivamente la homogeneidad que observaba en una sociedad que se vanagloriaba de ser libre. Pese a la ausencia de un rey absolutista que impusiese las ideas o del dogma religioso para guiar a la sociedad, el poder era un producto perpetrado por unas redes sociales fundadas en la tradición y la dificultad de escapar al yugo de lo rutinario. Estas conexiones implantadas en la sociedad han ido perfeccionándose hasta nuestros días a través de los avances tecnológicos, un realidad expuesta de manera brillante por Michel Foucault en The Order of Things.
El enemigo externo para legitimar la agonía democrática
La ‘guerra contra el terrorismo’ supuso un cambio de paradigma mundial. Tras la desaparición de la Unión Soviética y el supuesto fin de la historia descrito por Francis Fukuyama, le hegemonía mundial de Estados Unidos parecía consolidada.
Ante un mundo globalizado cada vez más incomprensible, la falta de un enemigo externo al que dirigir las frustraciones personales suponía una amenaza para el gobierno estadounidense. Temían convertirse en el objetivo del descontento social. Esto quedó ilustrado de manera nítida en 1999 durante las protestas en Seattle, cuando decenas de miles de personas comenzaron una revuelta global contra el neoliberalismo. Este levantamiento político tuvo su eco en los Foros Sociales Mundiales, y en las cumbres del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del G20.
Las protestas aunaban demandas sociales para proteger el medio ambiente, lograr una igualdad entre personas de diferentes colectivos, redistribuir las riquezas y salvaguardar los Derechos Humanos. Este rechazo a la ideología capitalista dificultaba a Estados Unidos la posibilidad de aumentar significativamente el gasto económico en armamento militar. Siendo este uno de los negocios más lucrativos para las oligarquías, la cruzada contra Oriente Medio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 le valió a George W. Bush la legitimidad que necesitaba para invadir Afganistán.
Dos años más tarde, la gente volvió a salir a las calles para manifestarse contra la guerra en Irak. Ante otra invasión americana apoyada por los países Occidentales, el 15 de febrero de 2003, se produjeron manifestaciones masivas a nivel mundial. Esto supuso un contraste evidente con la foto de Bush, Blair y Aznar, representantes de una cruzada imperialista. Mientras tanto, millones se movilizaron en Londres, y se estima que 1,5 millones de personas estuvieron en Hyde Park.
Acabar con Assange, cercenar la libertad
Frente a ese deseo de buscar constantemente un enemigo externo, WikiLeaks surge como una contraposición al poder hegemónico al ofrecer información veraz sobre la intervención americana en países extranjeros. Aunque Bush explicó que Estados Unidos fue a Afganistán a traer la democracia, Joe Biden demostró mayor honestidad en cuanto a las intenciones americanas. El nuevo presidente explicó que el objetivo no era llevar la democracia al país asiático, sino “prevenir ataques terroristas”. También hizo referencia al “interés nacional”, una retórica empleada por los miembros de la CIA que perpetraron golpes de Estado en América Latina, como recoge John Pilger en sus documentales.
Y precisamente por eso, las filtraciones de una red que pretende democratizar la información supone un peligro claro para Estados Unidos. Porque WikiLeaks pretende destruir el pseudo entorno, termino acuñado por el periodista Walter Lippmann para definir una realidad imperceptible para la opinión pública. Los medios ofrecen una imagen simplificada de la propia realidad, que sea sencilla de comprender. Lippmann sostenía que disponemos de un conocimiento indirecto del entorno en el que vivimos, debido a las distancias geográficas, variaciones culturales e imposibilidad de analizar todo aquello que sucede. Por ello, el cuarto poder supone un elemento fundamental en nuestras sociedades.
La exposición de más de 400.000 documentos demostrando que hubo más de 300 casos de torturas y abusos perpetrados de manera secreta por las fuerzas americanas en Afganistán y el encarcelamiento de 180.000 iraquíes supone una ruptura de esa realidad formada por los medios occidentales. Julian Assange y WikiLeaks representan una amenaza, y su extradición ofrece un mensaje evidente a los ciudadanos que aun creen en la libertad de prensa.
