El antifeminismo de la extrema derecha y su lucha sin cuartel contra el aborto es un torrente sanguíneo con el que se pretenden dinamitar los pilares centrales del Estado democrático de Derecho y el discurso de los derechos civiles
Ya sabemos que el antifeminismo es uno de los ejes alrededor de los que ha girado la extrema derecha en toda Europa, aunque se ha ido metamorfoseando según líderes y regiones. Hace unos meses impulsamos un estudio de la Fundación Espacio Público sobre esta materia en ocho países europeos y los resultados que arroja son demoledores. Los presentaremos estos días en Bruselas: el retroceso que estamos viviendo en la protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y, en concreto, en la defensa del derecho al aborto, no se hubiera dado sin el rápido ascenso de la derecha ultra y su alianza con las iglesias en el mundo entero.
“Todos los bebés deben nacer para que, al menos, se les bautice, se les dé un nombre y se les entierre”, dijo el líder polaco del PiS (Ley y Justicia), Jaroslaw Kaczynski, y ahí está el Tribunal Constitucional del país siguiendo fielmente sus directrices. Nadie duda del modo en que la Iglesia polaca ha fomentado semejante deriva proclamando a los cuatro vientos que es la ideología de género la que ha provocado la crisis de la familia y los valores religiosos, la sexualización de la infancia y hasta los casos de pedofilia de los que se acusa al mismísimo clero.
Las leyes de “latido fetal” que pueden llegar a propagarse por EEUU tras el previsible retroceso del Supremo, se sitúan también en esta línea: prohibir los abortos a partir del momento en que puede detectarse actividad cardiaca en el embrión, en torno a la sexta semana, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, y sin admitir excepciones, ni siquiera en caso de violación o incesto. Estas normas permiten (y alientan) a los ciudadanos particulares a denunciar por 10.000 dólares (unos 9.500 euros) a los proveedores de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude a una mujer a abortar, y para esos colaboradores se prevén penas de cárcel de hasta 10 años. Es probable que, dentro de poco, 26 (de los 50) Estados de EEUU acaben prohibiendo en mayor o menor medida el derecho al aborto.
La derecha cristiana que se reúne en Political Network for Values, por ejemplo, o, en España, en la Fundación Familia y Dignidad Humana, bien nutrida de altos cargos del PP y de Vox, trabaja con entusiasmo por trasladar semejante normativa a todos los rincones a los que pueda llegar su apostolado. El gobierno de coalición español ha salido a su paso con una propuesta de ley que deja sin efecto el recurso de inconstitucionalidad con el que pretendían demoler la norma vigente.
El aborto plantea cuestiones de calado que, desde el punto de vista moral, podrían ser dilemáticas pero que hay que resolver. ¿Hay una colisión entre el derecho a la vida de la mujer y el “derecho” a la vida del no nacido? O, ¿entre este último y el derecho a la salud y la no discriminación de la mujer? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Qué relevancia tiene esto?
Jurídicamente, tenemos claro que defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción y de manera absoluta supone instrumentalizar el cuerpo de la mujer. Sería como conectar mis riñones durante nueve meses a los de otra persona que los necesitara, sin mi consentimiento, dice la filósofa Judith Jarvis Thompson. Sin embargo, esto no significa que el nasciturus (concebido y no nacido) sea por completo irrelevante.
De hecho, cuando se regula el aborto con una ley de plazos, como la que rige en España, se ponen límites a la libertad de decisión de las mujeres, por mucho que se les conceda especial protagonismo en la primera fase del embarazo. Y se ponen límites porque se reconoce que en un aborto –aunque sea consentido– convergen intereses distintos que deben ser ponderados por el Derecho. La cuestión es que la protección de la vida en gestación no tiene un carácter absoluto y debe ceder cuando entra en conflicto con otros intereses de la máxima jerarquía normativa, en particular si alcanzan el rango de derechos fundamentales, como es el caso de la libertad, la vida y la integridad física de la mujer, en el marco del respeto a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y a su privacidad. Las decisiones sobre embarazos y maternidad son sumamente personales y expresan el tipo de interés que el derecho a la privacidad debe proteger.
Con las leyes de plazos, se asume que la vida del embrión tiene un valor que aumenta a medida que se desarrolla. Esto explica que el aborto solo se considere después de pasados 14 días desde la fecundación – implantación en el útero – y que no se considere aborto el uso de la píldora del día después o de dispositivos intrauterinos. Y esto explica también que muchas legislaciones permitan la experimentación con embriones.
Lo que no podemos olvidar es que regular las circunstancias en las que una mujer puede decidir interrumpir voluntariamente su embarazo supone, en muchos casos:
- Poner en riesgo su vida y su salud, física y psicológica, al negar u obstaculizar el acceso a abortos seguros. Según el UNFPA (2022), las complicaciones derivadas del embarazo y el parto se encuentran entre las principales causas de muerte en chicas de entre 15 y 19 años.
- Fomentar la desigualdad por razón de sexo/género y reforzar el sistema patriarcal dado que son las mujeres las que paren y en la práctica es más probable que sean ellas las que enfrenten las consecuencias. Como señalan la CEDAW o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la denegación de procedimientos clínicos requeridos sólo por las mujeres es una forma de discriminación en su contra. Además, la prohibición del aborto tiende a ser injustamente desigualitaria pues sus efectos negativos se ceban más gravemente, sino exclusivamente, con quienes tienen menos medios para procurarse abortos legales y seguros.
- Limitar la autonomía de las mujeres para decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener. Obligar a parir y, después, a cuidar o dar en adopción, es tomar a las mujeres como máquinas reproductoras sin capacidad para decidir sobre su propia vida ante embarazos no deseados.
- Es más, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU constituye un trato cruel, inhumano o degradante forzar a una mujer embarazada a llevar a término un embarazo no deseado o riesgoso para su salud, las propias restricciones al aborto, las restricciones a la atención post-aborto o condicionar la atención médica post-aborto a que las mujeres proporcionen información para la prosecución penal. Y el Comité contra la Tortura ha manifestado su inquietud por los ordenamientos jurídicos internos que restringen rigurosamente el acceso al aborto voluntario en los casos de violación. También ha condenado que se obligue a una mujer a confesar como condición para recibir un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto.
- Violar el derecho a la información y a disfrutar de los beneficios del progreso científico. Este derecho puede estar amenazado, por ejemplo, cuando a la mujer se le niega acceso a tecnología o medicación efectivas para un aborto seguro, a la atención humanizada post-aborto o cuando se la somete a una atención post-aborto dolorosa sin entregarle paliativos que están disponibles.
- Vulnerar el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Muchas de las leyes que restringen el aborto están basadas exclusiva o principalmente en doctrinas de fe, por lo que su obligado cumplimiento implica una violación a la libertad de conciencia o religiosa. Es sabido que la objeción de conciencia médica en estos casos es una posibilidad individual a la que ninguna institución puede acogerse y que no puede perjudicar en ningún caso a las pacientes.
En fin, el antifeminismo de la extrema derecha y su lucha sin cuartel contra el aborto es un torrente sanguíneo con el que se pretenden dinamitar los pilares centrales del Estado democrático de Derecho y el discurso de los derechos civiles. Aunque haya misoginia y discriminación, su objetivo no es solo el de atacar a las mujeres sino el de utilizarlas para transitar a modelo autoritarios omnicomprensivos y de signo conservador. Por eso, del Estado solo interesan los instrumentos represivos y punitivos, y la política social queda en manos de las familias patriarcales de las que las mujeres dependerían las mujeres para subsistir. El antifeminismo es hoy un dogma con el que las derechas quieren dictarnos, por fin, su particular fin de la historia.
