La Asociación Nacional Infancia Robada se reúne con el presidente de la Conferencia Episcopal y le pide que la institución católica colabore con la comisión de investigación de abusos sexuales que realizará el Defensor del Pueblo.
“Hay que exigir un cambio de rumbo”. Así han concluido las tres horas y media de reunión que una quincena de miembros de la Asociación Nacional Infancia Robada ha mantenido con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal de Barcelona, Juan José Omella, en la sede de la institución católica.
Este colectivo, que aglutina a supervivientes de la pederastia clerical y de abusos de poder y de otra índole en otros ámbitos de la sociedad, ha explicado al presidente de los obispos por qué no van a colaborar con la auditoría impulsada por la CEE para investigar la pederastia en la Iglesia y liderada por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, presidido por Javier Cremades, miembro del Opus Dei.
La portavoz del colectivo, Ana Cuevas, ha reseñado que ni ella ni el resto de afectados “pueden reconocer la autoridad” del bufete escogido por la CEE. Esta mujer, madre de un menor que sufrió abusos sexuales por parte de un profesor del colegio Gaztelueta, un centro educativo del Opus Dei en Bizkaia, ha asegurado que la Prelatura fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer es una institución “negacionista donde impera el silencio cómplice y revictimización”.
Omella ha asegurado —siempre según las declaraciones de miembros de la asociación— que va a estudiar la petición de los miembros de Infancia Robada. “Exigimos una rectificación de la Conferencia Episcopal Española y una solución a los casos concretos que le hemos puesto encima de la mesa”, ha añadido. Desde este colectivo instan a los obispos a que colaboren con la comisión de investigación impulsada por el Congreso y que estará liderada por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo.
En esa misma línea, Cuevas considera que las pesquisas impulsadas por el Parlamento darán lugar a “una investigación neutral, exhaustiva y transparente”. Para ello, también han pedido al presidente de los obispos que la institución que dirige abra “sus archivos” y aporte “toda la información necesaria para depurar responsabilidades”.
Aunque la reunión se ha mantenido a puerta cerrada, el encuentro se ha comunicado con luz y taquígrafos. En el hall de entrada de la sede de la CEE y ante varias decenas de cámaras y periodistas, Omella ha recibido a las víctimas. Tras saludarles una a una y posar ante los medios de comunicación, los representantes del colectivo y el cardenal de Barcelona han comenzado un encuentro que se ha alargado dos horas más de lo que tenían previsto desde Infancia Robada.
El recibimiento que el cardenal iba a dispensar a los afectados ante las cámaras ha sido una incógnita hasta el último momento. Desde el gabinete de prensa de la Conferencia Episcopal rebajaban las expectativas del encuentro. “Nosotros no hemos hecho ninguna convocatoria a este respecto”, apuntaban horas antes de que arrancase la reunión, desmarcándose de cualquier comunicación que se pudiese producir antes o después del encuentro. “No vamos a decir nada”, destacaban las mismas fuentes.
Finalmente la imagen sí que se ha producido. En todo momento, el presidente de Infancia Robada, el diputado socialista Juan Cuatrecasas, había insistido en el carácter público de la reunión y apuntado que el encuentro se convocaba a petición de Omella. La reunión se enmarca en un progresivo acercamiento del cardenal de Barcelona a los representantes de Infancia Robada y, a diferencia de otras ocasiones, el encuentro de este colectivo con el líder de la Conferencia se ha hecho público.
Al concluir el encuentro Omella también ha acompañado brevemente a los afectados. Ante los medios de comunicación, ha agradecido la “confianza” de las víctimas que han tomado la palabra y la “escucha”. Los participantes también han dado las gracias al líder de la Conferencia Episcopal por convocarles.
Entre las peticiones realizadas por miembros de la asociación, Cuevas ha destacado que piden un “perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos los miembros de la Conferencia Episcopal”. Además, requieren “terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes”, “reparación económica por daños causados” e “indemnizaciones por la incapacidad laboral”.
Tras este encuentro, el colectivo de víctimas queda a la espera de una respuesta de Omella. “Lo va a estudiar, lo va a hablar también con el Papa y estamos un poco a la espera. Le hemos pedido que colabore con el Defensor del Pueblo porque para nosotros es la figura en la que realmente confiamos”, ha cerrado Cuevas.
