La Iglesia católica en España descarta investigar activamente los casos de pederastia cometidos por religiosos, para irritación de las víctimas. a pesar de los indicios
“No tienen ningunas ganas de la verdad”. A diferencia de otros países como Francia, la Iglesia católica en España descarta investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, para irritación de las víctimas.
En Francia, la Iglesia encargó una investigación independiente que encontró 216.000 víctimas desde 1950. En Alemania, financió un estudio que halló 3.677 casos entre 1946 y 2014. Pero en España, con un alto porcentaje de católicos, la Iglesia contabiliza solo 220 casos desde 2001 y descarta indagar “de manera proactiva” los abusos.
“La Iglesia en España es un caso (…) vergonzoso”, sostiene en entrevista con la AFP Fernando García Salmones, guía turístico de 60 años, quien sufrió abusos en su adolescencia en un colegio religioso en Madrid.
“No tienen ningunas ganas de la verdad”, prosigue García Salmones, quien recuerda el calvario que le destrozó “la vida” y lo hizo sentirse “sucio”, “culpable” y “una mierda”.
“Yo estaba estudiando en el Colegio Claret de Madrid, tenía 14 años y el sacerdote (…) en un momento determinado cayó sobre mí, y abusó de mí durante prácticamente un año, diariamente”, narra García Salmones.
Por el lugar dónde ocurrieron los abusos en el colegio y el hecho de que en una de las ocasiones sufrió abusos “por el cura y otra persona que entró en la habitación”, cree que “el entorno lo sabía y protegía”.
Señala que “tenía 40 años más o menos” cuando por fin pudo hablar de los hechos, luego de hacer terapia.
Para ese momento, los delitos en su contra habían prescrito. Su abusador murió en 2009 “sin ningún tipo de reproche”, lamenta.
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Negacionismo
El colegio tomó medidas para evitar nuevos casos, pero “la primera reacción de la Conferencia Episcopal Española (CEE) fue contestarnos que era (una denuncia) por dinero”, recuerda García Salmones.
La Iglesia “parece que hace pero no hace, intentan hacer los deberes rápido y mal (…), pero a la larga hay un obstruccionismo, hay un negacionismo”, denuncia Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación Infancia Robada, de ayuda a las víctimas.
En su defensa, la Conferencia Episcopal, que declinó una entrevista y solo respondió por escrito a la AFP, afirma haber implementado “protocolos de actuación ante abusos detectados y de formación específica en esta área para las personas que trabajan con jóvenes y niños”.
La CEE, que “tiene información de 220 casos investigados desde 2001”, asegura que instaló en las diócesis oficinas “de protección de menores y prevención de abusos” para recibir denuncias, “atender a las víctimas” e “investigar, hasta donde sea posible, las circunstancias en las que se produjeron”.
También ha pagado algunas indemnizaciones, pero las víctimas critican las cifras y dicen que difieren de persona a persona sin razón aparente.
No obstante, la Iglesia descarta una pesquisa exhaustiva. “No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general”, zanjó a finales de septiembre en rueda de prensa el secretario general de la CEE, monseñor Luis Argüello.
“Más de 1,5 millones de niños estudian en las 2.500 escuelas católicas en España, según datos de 2020 de la CEE”
“Fácilmente en España podría haber una cifra similar (de víctimas) a la de Francia o más”, dado el poder de la Iglesia durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y el ventajoso concordato que mantiene con Madrid, estima Jesús Zudaire, víctima y presidente de la Asociación de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra (norte).
A falta de estadísticas oficiales, el diario El País abrió un buzón en 2018 y hasta ahora ha contabilizado 932 casos.
Al no ser proactiva en la investigación, la Iglesia “está vulnerando los derechos humanos” y revictimizando a los afectados, se queja Juan Cuatrecasas, cuyo hijo, ahora de 24 años, fue abusado por su profesor de religión en un colegio católico en Bilbao (norte) entre 2008 y 2010.
El religioso fue sentenciado en primera instancia a 11 años de cárcel, pero el Tribunal Supremo rebajó la pena a 2 años, por lo que evitó la prisión, ya que en España las condenas de 2 años o menos no suelen ejecutarse.
La Iglesia ha anunciado protocolos de prevención pero “la pregunta es: ¿Va a haber alguna evaluación externa de cómo se aplican? (…) No se puede crear un protocolo de prevención en papel y decir ‘ya está’, se necesitan resultados, evaluación, la participación de las víctimas”, considera Gema Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV).
Pero las asociaciones aplauden un primer paso. En mayo, una ley de protección de menores estableció que el plazo de 15 años de prescripción de los abusos sexuales empiece a contar cuando la víctima tenga 35 años. No obstante, lamentan que no haya retroactividad.
