Los colectivos LGTBI están preocupados por su posible extradición a Malasia, donde sería juzgada según la ley islámica, ya que Tailandia no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Una empresaria transgénero estaba siendo perseguida en Malasia por violar la ley islámica en 2018. Ahora, ha sido detenida en Tailandia y podría ser extraditada a su país, lo que ha generado preocupación por parte de asociaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTBI.
Nur Sajat fue acusada en enero de violar la sharia al vestir como una mujer durante un evento religioso en 2018 por un tribunal islámico de la provincia malasia de Selangor. El pasado 8 de septiembre, la empresaria de productos cosméticos, cuyo nombre de nacimiento era Muhammad Sajjad Kamaruz Zaman, era detenida en Bangkok por supuestas irregularidades en su pasaporte, según ha indiciado la Policía malasia este lunes en un comunicado.
En Tailandia, el subcomisario de la Oficina de Inmigración, Archayon Kraithong, ha evitado revelar detalles del caso al ser consultado este martes por Efe, aunque el portal malasio The Star indica que la acusada fue puesta en libertad bajo fianza un día después de su arresto. La policía de Malasia ha precisado que las autoridades mantienen abiertos varios procesos contra la sospechosa, entre ellos un presunto delito de intimidación contra funcionarios públicos. Nur Sajat, sobre la que había una orden de arresto desde el pasado 23 de febrero cuando no se presentó ante el tribunal para responder a los cargos en su contra, podría enfrentarse en su país a una pena de hasta tres años de cárcel, según los medios malasios.
La detención y posible extradición a Malasia ha generado inquietud entre activistas de derechos humanos y defensores del colectivo trans. «El gobierno tailandés debe darse cuenta del grave peligro que corre Nur Sajat si es enviada de regreso a Malasia», ha señalado a Efe el investigador de Human Right Watch en Tailandia, Sunai Phasuk, que recuerda que la detenida está reconocida como refugiada por ACNUR y las autoridades tailandesas no deben ponerla en peligro. «Tailandia está legalmente obligada a respetar el principio de no devolución del derecho internacional, que prohíbe devolver a cualquier persona a un país donde pueda sufrir persecución o abusos graves», ha apuntado el activista.
Por su parte, Nachale Boonyapisomparn, consultora de la Fundación de la Alianza Transgénero por los Derechos Humanos, dijo a Efe que sería «vergonzoso» que Tailandia enviara a la acusada Malasia, donde afrontaría un proceso religioso, «mientras el país se promociona como un lugar seguro para la comunidad LGTB». «Estoy preocupada porque el proceso de extradición no sea transparente», ha señalado la activista tailandesa que recordaba que Tailandia no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La multiétnica Malasia cuenta con un sistema judicial dual, con tribunales de justicia ordinaria y tribunales islámicos, estos últimos encargados de juzgar asuntos de la religión musulmana. La Constitución malasia establece que todos los ciudadanos de etnia malay, que constituyen más del 60 % de la población, deben profesar el islam.
