La ponencia del 40º Congreso socialista apuesta por la búsqueda de consenso con la Iglesia para alcanzar unos acuerdos propios de nuestro tiempo «beneficiosos para ambos». Se coprometen a aprobar una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones.
La laicidad es un asunto que ya está presente en los documentos del PSOE, pero la ponencia marco del 40º Congreso da un paso más y le dedica un apartado dentro del capítulo de regeneración democrática. El documento que guiará la política del partido del Gobierno en los próximos años sostiene que «es el momento» de actualizar los acuerdos con la Santa Sede» que son de hace 40 años, algunos previos a la Constitución» y plantea hacerlo a través del «diálogo» con la Iglesia. Se compromete además a la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones, en los términos que ya está previsto en el acuerdo del Gobierno de la coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Lo que hacen los socialistas es profundizar en un asunto que en ponencia marco del 39º Congreso estaba solo indicado. Tan solo planteaba que “la laicidad encuentra una de sus máximas expresiones en el compromiso de denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede y de avanzar hacia una nueva ley de libertad religiosa”. Ahora el PSOE es mucho más ambicioso: «Nos comprometemos con la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones. Una nueva Ley que promueva el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas».
Libertades individuales
Según ese texto, quieren impulsar “una norma que pivote sobre las libertades individuales y los derechos fundamentales, que garantice la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública-ética privada y el pluralismo religioso y filosófico”.
Una «ley del siglo XXI», eso dice la ponencia, que abunda en la promesa socialista de revisar los acuerdos con Santa Sede: «Es el momento de actualizar unos acuerdos que son de hace más de 40 años, algunos previos a la Constitución.
Esta revisión, que en términos propios de Derecho Internacional se denomina ‘denuncia’, la llevaríamos a cabo en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos». La ponencia socialista destaca que resulta “coherente” con el marco que establece la nueva Ley esta denuncia.