A nivel nacional e internacional, decenas de organizaciones, incluso católicas, dieron su respaldo a la iniciativa que busca reformar el Código Penal de Veracruz para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.
Mediante un comunicado, difundido este domingo 18 de junio, activistas defendieron la pluralidad religiosa y la laicidad del Estado para que la Iglesia Católica no intervenga en asuntos que competen a instituciones, respetando con ello la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Igualmente, hicieron un llamado a la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias conservadoras a no oponerse al avance de los derechos humanos, afirmando que la iniciativa no obliga a ninguna mujer a interrumpir un embarazo.
Se trata de organizaciones y redes de América Latina y El Caribe, incluyendo a la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a decidir, quienes celebraron la propuesta presentada por la diputada local de Morena, Mónica Robles Barajas, en la sesión del pasado 15 de julio, misma que se encuentra en comisiones.
«Asimismo, queremos hacerles llegar respetuosamente a las y los disputada/os del estado, especialmente a Mónica Robles quien presentó la iniciativa, nuestro saludo ante la decisión de debatir un asunto tan importante para la vida y la salud de las mujeres.
«Leyes como esta garantizan el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al proteger derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la igualdad, a la información y a la libertad, incluyendo la libertad de conciencia», señalaron las firmantes.
Al respecto, reiteraron que, ante este asunto de salud pública, justicia social y derechos humanos, es fundamental que cualquier decisión se tome con base en los principios democráticos laicos del Estado establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política en México.
«Por lo que es necesario conducirse bajo una ética pública laica que garantice la separación entre el Estado y las iglesias, que permita el cumplimiento de las normas, vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la ley y asegure la imparcialidad de la función pública».
De esta manera pidieron a la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias conservadoras no intervenir, no oponerse al avance de los derechos humanos, sobre todo a los derechos de las mujeres y niñas.
«Cualquier discusión pública debe estar guiada por el respeto a la pluralidad, más allá de presiones de grupos fundamentalistas religiosos que desean imponer una única visión de la moral sexual y atentan contra la progresividad de los derechos de las mujeres».
Recordaron que la despenalización no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, sino que facilita la posibilidad de elegir a quienes por diversas circunstancias toman esta decisión, para que lo hagan en mejores condiciones y conforme a los estándares estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«Es tiempo de escuchar y atender las realidades de las mujeres y personas con capacidad de gestar veracruzanas. Veracruz se encuentra ante la posibilidad histórica de dar un paso que lo coloque como el cuarto Estado en México en legalizar el aborto», agrega el comunicado.
