El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos cree que “dificultar la objeción de conciencia” del personal sanitario en la práctica del aborto es “inaceptable, ilegal e injusta”, en respuesta a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La futura ley del aborto garantizará que cualquier mujer pueda interrumpir su embarazo en un hospital público y, para ello, Montero considera “imprescindible” regular la objeción de conciencia de los sanitarios porque “ese derecho no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”.
En un comunicado, la organización médica defiende que deben ser los servicios sociales y de salud los que han de realizar “bien su labor para garantizar el apoyo apropiado” a las mujeres que quieran abortar.
La objeción de conciencia, explica, es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica va en contra de sus convicciones y creencias, y la garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible, “trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos”.
Razona, en este contexto, que en muchas prestaciones de la cartera de servicios es “difícil” asegurar la misma accesibilidad en todas las poblaciones, y en ocasiones resulta “conveniente centralizar procesos o procedimientos por razones de calidad y eficiencia”.
En el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), “parece que se identifican situaciones de baja accesibilidad; dado que se trata de procedimientos quirúrgicos normalmente ambulatorios, el que puedan prestarse localmente dependerá de una adecuada organización de los servicios sanitarios”.
En opinión del CGCOM, “forzar” la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, además de “inconstitucional”, es una “mala solución”. “Mejor sería que los servicios de salud y los servicios sociales hicieran bien su trabajo, y pusieran medios para que las mujeres que han de someterse a un IVE, tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse”.
Por otra parte, señala que en pueblos y ciudades pequeñas no es fácil mantener la obligada privacidad, por lo que “una cierta concentración en la prestación de estos servicios podría tener un efecto protector para la intimidad de las mujeres”.
