La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que una agencia asociada a la iglesia católica, la cual ofrecía servicios sociales en Filadelfia, podría negarse a trabajar con parejas del mismo sexo que soliciten acoger a niños adoptivos.
Según afirma un análisis de The New York Times, “la decisión fue un revés para los derechos de los homosexuales y una prueba más de que los grupos religiosos casi siempre prevalecen en el tribunal actual”.
El sorprendente consenso de la corte sobre un caso que enfrentó los derechos de los homosexuales contra los derechos religiosos enmascaró profundas divisiones, y los tres jueces más conservadores “emitieron opiniones cáusticas que criticaban la decisión como excesivamente tímida y tan estrecha que carecía de sentido”, indicó el prestigioso medio neoyorquino.
El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., se centró estrictamente en los términos del contrato de la ciudad con las agencias de adopción de niños. Las leyes del territorio prohíben la discriminación basada, entre otras cosas, en la orientación sexual. Pero el contrato permite a los funcionarios de la ciudad hacer excepciones, escribió, y ese estado de excepción anuló el requisito de evaluar a parejas del mismo sexo por parte de la iglesia.
«La creación de un sistema de excepciones bajo el contrato socava el argumento de la ciudad de que sus políticas de no discriminación no pueden tolerar desviaciones», escribió en la opinión, que fue enérgica y un poco críptica.
La agencia católica, escribió el presidente del Tribunal Supremo, “busca sólo una adaptación que le permita continuar sirviendo a los niños de Filadelfia de una manera consistente con sus creencias religiosas; no busca imponer esas creencias a nadie más ”.
Los tres magistrados más conservadores consideraron la decisión como una oportunidad perdida.
«Después de recibir más de 2.500 páginas de información y después de más de medio año de reflexiones posteriores al argumento, la corte ha emitido un fragmento de una decisión que deja a la libertad religiosa en un estado confuso y vulnerable», escribió el juez Samuel A. Alito Jr., junto con los jueces Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch.
«Aquellos que cuentan con este tribunal para defender la Primera Enmienda tienen todo el derecho a sentirse decepcionados, al igual que yo».
El ala liberal de tres miembros de la corte, los jueces Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, se unió a la opinión de la mayoría, lo que fue una sorpresa y puede haber sido parte de un esfuerzo para evitar un fallo más amplio que podría haber permitido que las objeciones religiosas anularan todo tipo de políticas y programas gubernamentales enfocados en combatir la discriminación hacia la comunidad LGBTI.
Los miembros más nuevos de la corte, los jueces Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett, ambos nombrados por el presidente Donald J. Trump, también se unieron a la opinión de la mayoría y escribieron apuntes por separado para explicar sus posiciones.
Por su parte, el juez Alito escribió que el fallo fue tan estrecho que resultó efímero, refiriéndose a que las libertades religiosas deberían extenderse más allá de instituciones como la propia iglesia y sus agencias de programas sociales. Lo cual permitiría, en teoría, a cualquier persona religiosa, en nombre de su libertad de culto, cometer prácticas discriminatorias contra homosexuales o transexuales en empresas, centros laborales, o cualquier forma de gestión privada.
La ciudad de Filadelfia frenó la adopción de niños a través de la agencia Servicios Sociales Católicos después de que un artículo de 2018 en The Philadelphia Inquirer describiera su política contra la colocación de menores con parejas del mismo sexo.
La agencia y varios padres adoptivos demandaron a la ciudad, diciendo que la decisión violaba sus derechos de libertad religiosa y libertad de expresión según la Primera Enmienda.
Los abogados de la agencia indicaron en el proceso que simplemente querían continuar con el trabajo realizado durante siglos, y agregaron que ninguna pareja gay se había presentado nunca. Si lo hubiera hecho, dijeron, la pareja habría sido remitida a otra agencia.
Un panel unánime de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en Filadelfia, falló en contra de la agencia. La ciudad tenía derecho a exigir el cumplimiento de sus políticas de no discriminación, dijo el tribunal.
La opinión del juez Alito se extendió por 77 páginas, cinco veces la longitud de la opinión mayoritaria del presidente del Tribunal Supremo Roberts, la cual abogaba por invalidar un precedente importante que, según él, limita las protecciones de la Primera Enmienda para las prácticas religiosas.
La jueza Barrett, en una opinión concurrente junto con el juez Kavanaugh y, en su mayor parte, el juez Breyer, escribió que anular la decisión de leyes antidiscriminatorias, de 1990, plantearía muchos problemas difíciles, con los que el tribunal no necesitaba luchar en el caso de Filadelfia.
«Por lo tanto, no veo ninguna razón para decidir en este caso si Smith (leyes antidiscriminación) debe ser anulada, y mucho menos qué debe reemplazarla», escribió.
Diana Cortés, procuradora de la ciudad de Filadelfia, expresó su consternación por el fallo, pero dijo que podría haber sido peor.
«La decisión de hoy es un revés difícil y decepcionante para los jóvenes en hogares de crianza y los padres adoptivos que trabajan tan duro para apoyarlos», dijo en un comunicado. «Al mismo tiempo, la ciudad está satisfecha de que la Corte Suprema, como pretendían los demandantes, no cambió radicalmente la ley constitucional existente para adoptar una norma que obligaría a exenciones religiosas ordenadas por la corte de las obligaciones cívicas en todos los ámbitos».
