Se trata de un sector sufragado con dinero público pero que está en un 80% en manos de entidades del tercer sector y empresas.
Los centros para menores en situación de desprotección son residencias para niños, niñas y adolescentes que compensan la carencia de un número suficiente de familias dispuestas a darles un hogar de acogida temporal a estos menores. Pueden ser un lugar de recepción, de atención temprana y urgente, pero no deben cronificarse en la vida del menor. Así lo indica la ley y así lo reclaman las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. Por falta de inversión, comunicación o apuesta decidida para incentivar el acogimiento familiar, el modelo de los centros se ha impuesto cuantitativamente, pese a ser más costoso y perjudicial para el desarrollo de la infancia. El quid de la cuestión está en que da menos «dolor de cabeza» a la administración que el modelo familiar, como señala el experto en protección a la infancia Jesús Palacios.
En el año 2019 (último con datos a nivel estatal), se realizaron 21.187 ingresos en centros de menores. El motivo principal (el 55%) es la asunción de una tutela ex lege (por una orden legal) de la administración. Pero puede deberse también a que el juzgado imponga una guarda provisional (20%), que los padres soliciten una guardia voluntaria (5%) o un 20% de «otras causas» que es como las Comunidades Autónomas indican al Ministerio de Derechos Sociales motivos dispares, como las medidas cautelares o la modificación de una medida para pasar a otro tipo de centro. De igual manera, también se desconoce el detalle de las causas de un considerable 54% de registros de bajas en los centros de menores que no se corresponde con la reintegración del menor a su familia, la mayoría de edad o el paso al acogimiento familiar. Según indica el Ministerio, se cuantifican ahí a jóvenes que tras alcanzar la mayoría de edad continúan siendo asistidos en su proceso de emancipación, pero también refleja situaciones de abandono voluntario, traslado, repatriación, fallecimiento del menor, etcétera.
En los últimos años se ha incrementado el número de centros. En 2019 se sumaron 124 residencias más, hasta alcanzar las 1.228 en toda España; la mayoría de ellas gestionadas por entidades colaboradoras (922, el 80%) y el 20% restante (224), de titularidad pública. Es decir, es un sector muy subcontratado, con mucho peso de agentes privados, aunque sea sin ánimo de lucro. En total, se gestionan en España 18.145 plazas. La mayoría son centros ordinarios pero también hay 1.076 plazas para menores de edad con problemas de conducta.
Radiografía de un sistema dispar
¿Quién se encarga de la gestión de estos centros? Un amplio conjunto de entidades en formato de oenegés, asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas y también empresas. Algunas son proyectos de ámbito local pero otras son organizaciones de tamaño medio presentes en diferentes Comunidades Autónomas y, en algunos casos, organizaciones internacionales, como Cruz Roja o Aldeas Infantiles SOS.
La presencia de las entidades religiosas en el sistema de protección del menor está enraizada en los años setenta, «porque venimos de donde venimos», recuerda Miguel Ángel Segura, presidente de la APIME, Asociación Profesional de Instituciones de Menores. Antiguamente, las Juntas Provinciales de Protección de Menores depositaban en las congregaciones el cuidado de los niños y niñas desamparados, quienes se hacían cargo de ellos con sus propios recursos y con los que llegaban por la vía pública mediante un impuesto del ocio, que llamaban el ‘impuesto del juego’. Las órdenes de los Terciarios Franciscanos Capuchinos y las Hermanas Terciarias fueron esenciales en este sistema porque habían asumido los centros de reforma. La presencia de estas dos congregaciones religiosas la seguimos constatando hoy en centros de Galicia, Madrid y Andalucía.
«Con la Transició empiezan las inquietudes sociales, se crean cooperativas y se da forma a un sistema que se asienta en los años noventa», explica Segura. «Hay tres tipos de entidades gestoras. Unas son de origen religioso, con su enfoque más asistencial, evangelizador en un sentido de redención, y apoyado en mucho voluntariado. Otras que, habiendo partido de una entidad religiosa, evolucionan, entienden que los menores tienen que estar en manos de profesionales cualificados y ellos mismos se forman en la universidad o contratan personal externo, conservan su punto de origen altruista, aunque arrastran cierto asistencialismo, pero se adaptan a las reglas del juego tanto de la calidad de atención como de la relación con la administración. También en este grupo están las entidades laicas, ajenas a la Iglesia católica pero que comparten estos criterios. Y por último aparecen las empresas contratistas. Tienen una visión de mercado y dentro del mercado hay ya un mercado social, porque ha llegado la inversión pública en infancia».
El momento actual es importante porque el sistema está cambiando. Aunque el peso está en el sistema de licitaciones, a la mejor oferta, —y con dos patronales de este sector defendiendo los intereses de empresas que se mueven en este sistema— se camina hacia el sistema de concierto, con la Comunidad Valenciana a la cabeza de este modelo. La diferencia entre el concierto y el contrato, es que el primero se negocia entre ambas partes previamente a firmarlo. «En la óptica del concierto, no se participa en una concurrencia competitiva sino que se trabaja en una planificación global, las entidades conocen bien el servicio y lo pueden dialogar, aunque la última palabra la tiene la administración», recalca Segura, cuya asociación, APIME, así como la Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores (AEFYME) de la que forma parte, defiende esta nueva visión.
En la Comunidad Valenciana los conciertos, que fueron negociados con el PP, comenzaron en 2002 y fueron cuatrienales. El Gobierno de este mismo partido los erradicó y a partir de 2013 se pasó al sistema de contratos. En 2019, con el Gobierno de Compromís y Unides Podem, se ha regresado al modelo de concierto. Dos comunidades autónomas tienen modelos que se aproximan al concierto, que son Catalunya y Euskadi, aunque en esta última las competencias son de las diputaciones forales. Baleares está también en la misma senda. «También hay modelos híbridos, como en Asturias, donde hay un convenio marco. En Castilla y León hay un convenio marco más light, menos estructurado. Y la Comunidad de Madrid tiene un marco convenial por el que simplemente quiere saber la capacidad de plazas de cada entidad y acorde a eso les paga, pero no podemos denominar concierto porque no se está discutiendo nada. Si estamos hablando de algo parecido a plazas hoteleras, entonces no es un concierto de plazas hoteleras», explica Segura
¿Quiénes son las entidades religiosas?
Se trata de diferentes congregaciones dentro de la Iglesia Católica. AFAS (Asociación Franciscana de Apoyo Social), perteneciente a la orden religiosa franciscana de los hermanos capuchinos que poseen un convento en El Pardo, actúa en Madrid con una residencia en la que colaboran los frailes. La congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl gestiona un total de 55 plazas en Madrid y también está presente en Castilla y León, Galicia, Andalucía, Catalunya y Murcia. En Galicia está presente con residencias en Vigo, Sada y Carballo. Las mencionadas Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia Provincia de Nazaret, con una trayectoria largamente unida a la protección de la infancia, tienen la concesión de otras dos residencias en Madrid, con 24 plazas en total. Mientras que los Hermanos Terciarios Capuchinos tienen una en Arteixo (Galicia). La congregación de Hermanas Trinitarias también gestiona residencias y pisos, en Vigo (donde los menores están en dos residencias, segregados por género), Mallorca (con 40 plazas y cinco pisos), Granada y Sevilla. Dan el mismo tipo de servicio en Uruguay, Argentina y México. Los Salesianos de la Fundación Don Bosco gestionan seis centros en tres provincias andaluzas. Las Hermanas Obreras de Jesús, mediante su Pía Unión, tienen varias residencias en Galicia y en León. Así como la Congregación de los Ángeles Custodios (en Cantabria), Galicia es la Comunidad Autónoma donde tienen más presencia, allí operan Las Hijas del Divino Celo, que pertenecen a la comunidad Rogacionistas, las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, las Religiosas de María Inmaculada, las Mercedarias de la Caridad y las Esclavas de la Inmaculada Niña. La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y las Carmelitas de la Caridad están presentes tanto en Galicia como en León.
¿Cómo son las asociaciones que gestionan los centros?
Se trata de entidades sin ánimo de lucro. Una de las más implantadas es Nuevo Futuro, una red de asociaciones provinciales federadas que consigue contratos muy potentes en licitaciones de diferentes comunidades autónomas, como Madrid (el lugar donde gestiona más plazas, 123 en 2019), Andalucía, Castilla y León, Murcia, Alicante, Cantabria, Guipúzcoa y Navarra. Fue creada en el tardofranquismo y tiene más de 100 centros en España de todo tipo, no solo para menores tutelados, también para infractores, mujeres con hijos u hogares de emancipación. Está expandida en Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Columbia y Perú. Además de la financiación pública por las plazas para menores tutelados, recibe donaciones particulares, de las obras sociales de los bancos y mediante la celebración de sus célebres rastrillos. El personal de plantilla en sus hogares está complementado con voluntarios. En 2019, 623 menores del sistema de acogida pasaron por sus centros y hogares.
La Asociación Centro Trama, como otras entidades de este sector, expande su negocio no solo a los centros para menores tutelados sino a otras instalaciones de asistencia social como los puntos de encuentro familiar, la mediación familiar y para jóvenes infractores, violencia de género, educadores de calle, intervención psicosocial, ayuda a jóvenes emancipados y un largo etcétera. Tiene dos centros de acogida: uno en Madrid y otro en la Comunitat Valenciana, y un piso tutelado. En mayo de 2020, Madrid concedió a Trama la gestión de un centro de acogida de urgencia para diez menores de familias afectadas por el coronavirus.
Paideia es una asociación creada en 1986 que, a diferencia de las anteriores, se mantiene únicamente dentro del campo de trabajo de la integración de los menores en dificultad social, y ostenta la gestión de un buen número de hogares en diferentes provincias de Castilla-La Mancha.
Hay oenegés que actúan únicamente en un territorio, como hace la Asociación Mundo Nuevo en Canarias y otras como Cruz Roja que están en Andalucía, Melilla y Canarias con pisos pequeños. La ONG de atención directa a la infancia Aldeas Infantiles SOS, la filial española de una organización internacional, concurre también en los concursos de licitación, y está presente con centros en Galicia, Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña.
Presencia de fundaciones
Como señalan las fuentes consultadas, tanto el mundo de la empresa como el religioso han recurrido a la figura de la fundación para participar del negocio de los centros de menores. La Fundación Cruz de los Ángeles fue fundada por Ángel García Rodríguez, conocido como el padre Ángel, en Asturias en 1962, quien posteriormente creó Mensajeros de la Paz. Ahora ambas son entidades independientes, pero las dos se dedican también a la gestión de centros de menores y, aunque son entidades laicas, sí tienen un origen vinculado en cierta forma a la Iglesia. Fundación Cruz de los Ángeles, encabezada por el expresidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Serafín Abilio Martínez, tiene 12 hogares en Cantabria, otro en Palencia y participa en una UTE con la Fundación Hogar de San José y la mencionada Asociación Centro Trama para un centro solo de menores extranjeros no acompañados en Asturias, una segregación que desaconsejan los expertos; Mensajeros de la Paz tiene centros en Andalucía y Castilla y León.
La Fundación Obreros de María es una fundación cultural privada pero su origen es también religioso, y opera en Granada. Así como la Fundación JuanSoñador, que pertenece a los Salesianos y que tiene un centro en León, o la Fundación Mornese, tras la que se encuentran las salesianas María Auxiliadora y tiene cuatro centros en Andalucía.
Otro tipo de fundaciones, como la Fundación Salud y Comunidad, que opera en el sistema de concierto valenciano o la Fundación para la Atención Integral del Menor, que gestiona centros en Aragón, sí se dedican de manera exclusiva a la intervención de la infancia y la familia. La Fundación de más tamaño y que trabaja con mayor implantación en todo el territorio es Diagrama, con hogares y servicios de primera acogida específicos para menores extranjeros no acompañados en Murcia, Canarias, Baleares, Catalunya, Comunitat Valenciana, uno en Cantabria que acaba de cerrar, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias. También tiene residencias para tutelados en la Comunitat Valenciana, Canarias, La Rioja, Baleares y Murcia. En 2019, la Fundación Raíces denunció las «penosas» condiciones en las que vivían en un piso de menores tutelados en Madrid, gestionado por Diagrama. Esta entidad gestiona también el centro de Casa de Campo, en Madrid, abierto ante la saturación de otros, como el de Hortaleza.
Empresas bajo el paraguas de fundaciones
Todavía hay una «óptica de mercado», señala Miguel Ángel Segura. «El cliente es la administración y, en un esquema de mercado, el cliente siempre tiene la razón por lo que las empresas se ponen en la disposición de servir al cliente de la mejor manera que pueda para que me compre su producto y hacer ofertas que resulten más ventajosas», desarrolla, sobre el modelo de licitación. La administración tiene un presupuesto, que es muy variable según la Comunidad Autónoma, para la protección a la infancia tutelada y las empresas ajustarán sus costes. Por eso es imposible saber cuál es el coste de una plaza en un centro de menores, de manera general. Habrá quien recorte en gastos laborales, quien tenga otras fuentes de negocio en otros sectores o quien supla con voluntariado y otras vías de subvención lo que no puede colmar con el precio ofertado.
Grupo Norte es una empresa con contratos de licitación de servicios de limpieza de edificios públicos, que explota también el 012 de Castilla y León, la puesta a disposición de trabajadores temporales para la empresa estatal Equipos Nucleares SA, o la revisión de las viviendas públicas en Asturias, y que entra al sector asistencial consiguiendo contratos de inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión o la intervención psicosocial en entornos de violencia de género. Ahora, también, con centros de menores.
También se ha visto cómo el Grupo El Castillo, dedicado al negocio de las residencias para la tercera edad, ha entrado en el sector de la infancia con su Fundación Arcos del Castillo (ahora denominada Antonio Moreno), con tres centros en la Región de Murcia.
Probablemente el centro de menores tutelados más controvertido de España es la Purísima en Melilla, donde, por las características fronterizas de la Ciudad Autónoma, solo hay menores extranjeros no acompañados. La gestión la tiene la empresa Arquisocial, presente en 24 provincias con proyectos sociales de todo tipo, desde la tercera edad hasta entornos de adicciones y exclusión social.
La radiografía la completan muchas otras entidades, en un panorama muy atomizado y diverso, como se ha visto, donde las 17 Comunidades Autónomas no solo imponen criterios y presupuestos muy diferentes, con variaciones en el coste de la plaza que pueden oscilar de los 50 a los 120 euros por niño y día, sino también diferencias en cuanto a la transparencia del sistema.
