El histórico fallo ha salido adelante en la Corte Constitucional con siete votos a favor y las reservas de dos magistradas.
Ecuador hace historia al despenalizar el aborto en casos de violación. La Corte Constitucional del país ha fallado a favor de despenalizar la irrupción voluntaria del embarazo en todos los casos de violación, y no solo cuando las víctimas son mujeres con discapacidad mental, como establecía hasta ahora el Código Penal ecuatoriano.
La decisión de la Corte Constitucional responde al pedido presentado en julio de 2019 por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, para exigir que los artículos 149 y 150 de la ley penal fueran declarados inconstitucionales.
El fallo ha salido adelante este jueves con siete votos a favor -de un total de nueve jueces- y las reservas de dos magistradas. El dictamen declara que el artículo 150, inciso dos, que solo considera aborto no punible cuando “el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental” es desde ahora inconstitucional.
28 de abril día histórico para #NiñasyMujeres en Ecuador. @CorteConstEcu resuelve despenalizar el aborto para víctimas de violación. Se declara inconstitucional artículos del COIP que judicializan y encarcelan a víctimas #EsLey #AbortoPorViolacion #UnPactoJustoPorEllas pic.twitter.com/myjmSfAytN— Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (@EcMujeres) April 28, 2021
“La despenalización del aborto por violación es un avance necesario, aunque incompleto, las mujeres ecuatorianas seguiremos luchando para ejercer el derecho a ser libres de disfrutar, defender, proteger nuestro cuerpo y salud integral”, expresó la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador a través de un comunicado.
Ecuador es el segundo país de Latinoamérica, después de Venezuela, con la mayor tasa de embarazos en niñas y adolescentes. Los datos oficiales revelan que cinco niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en el país y, por su edad, todos los casos son considerados fruto de una violación.
Pero esa misma ley condenaba a las víctimas: cifras de la organización Surkuna exponen que al menos 250 mujeres han sido judicializadas y condenadas a prisión por solicitar atención por abortos en curso y/o partos prematuros, bajo la sospecha de aborto provocado, en el sistema de Salud.
“Esto es por las 2.000 niñas que cada año paren producto de violación, porque una niña embarazada es una niña violada”, añadieron los colectivos feministas. En 2020, una moción para legalizar la interrupción del embarazo en todos los casos de violación y de malformación del feto fracasó en el Congreso.
